Luchar contra la violencia de género en Uruguay ha sido una gran preocupación para los gobiernos del Frente Amplio. Además de promover la igualdad de género como una medida transversal en todas las políticas públicas, hay logros concretos fundamentales. Entre ellos, la aprobación de la ley integral contra la violencia de género. El objetivo de la ley es acabar con la violencia contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes.
A continuación te invitamos a conocer cada punto en detalle y a conocer todo lo que hay que saber sobre la ley integral contra la violencia de género.
En la ley se define como una forma de discriminación que afecta la vida de todas las mujeres. Esta forma de violencia supone una relación desigual de poder en base al género. Comprende acciones y conductas que atentan contra los derechos humanos y libertades de las mujeres.
7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años sufren de violencia de género alguna vez en su vida. En el caso de mujeres afrodescendientes, 8 de cada 10.
Según el Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2018, hubo 32 307 denuncias por violencia doméstica y asociados. Esto habla de 106 denuncias por día, una cada 13 minutos. De esas denuncias, 29 918 eran específicas de violencia doméstica.
La ley 19 580 garantiza el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género.
La ley prioriza los derechos humanos de las víctimas, y el Estado es quien debe velar por ellos. Debe tomar los recaudos en la prevención y sanción de casos de violencia de género. Le compete además el rol de proteger y atender a las víctimas.
El Estado debe promover la igualdad de género, y eliminar cualquier relación de dominio y subordinación de las mujeres.
Asimismo, la ley establece que todas las acciones contra la violencia a las mujeres deben respetar las decisiones de ellas. Es decir, reconoce su autonomía, y todas las medidas que se tomen deben respetar sus derechos.
La ley contempla acciones multidisciplinarias para cumplir con la ley en sí, y una constante participación de mujeres y organizaciones sociales para elaborar, implementar y evaluar las medidas.
La ley reconoce todas estas manifestaciones de violencia basada en género:
Además, la ley integral contra la violencia de género contempla una aplicación de políticas públicas que garanticen su cumplimiento. Esto implica el trabajo intersectorial y multidisciplinario. Conjuntamente, se establecen políticas educativas, de salud pública, políticas laborales, de seguridad social y políticas de seguridad.
El Ministerio del Interior tiene un rol urgente dentro de las políticas contra la violencia de género. En la órbita del MI, se han formado más de 25 mil personas y se han constituido decenas de unidades para atender esta problemática.
Además, se abrieron varios canales para que las víctimas de violencia doméstica hicieran sus denuncias. Y también se aplicaron 5600 tobilleras electrónicas para el monitoreo de acusados de violencia doméstica.
La violencia de género sigue presente en nuestras vidas, y la lucha no se agota con esta ley. Aunque sin ella no habría un marco legal ni derechos necesarios para las víctimas.
Y hoy somos una sociedad con mayor conciencia del problema.
Un cuarto gobierno del FA debe continuar velando por los derechos humanos. Debe liderar las acciones políticas y sociales hacia una sociedad más justa e igualitaria.
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“Creo que el presidente tiene temas más importantes que atender como para darle trascendencia a mi opinión”, dijo el compañero Yamandú tras la referencia del presidente Lacalle Pou sobre “la manija” por el caso de los pasaportes.
Lo que destacó a este período de transformación educativa –y caracteriza su desarrollo actualmente– es la falta de participación de los principales actores del sistema, la carencia absoluta de sustento empírico y teórico de los cambios impuestos, entre otros temas.
Entiendo que nos debemos una discusión franca y seria sobre el problema del crimen organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero. Llegamos a un punto en que ningún integrante del sistema político puede ignorar el problema.
“Lo más importante luego de la comparecencia es que estamos muy lejos de las 50.000 viviendas; ni siquiera vamos a llegar a la mitad de ese número en el período”. El senador Sebastián Sabini también observó los recursos que se destinan a asentamientos.
En momentos donde la crispación gana espacio, el MPP buscó una instancia amplia, abierta, horizontal y constructiva con todos los uruguayos que busquen acercarse a un proceso de construcción alternativo, por un Uruguay exportador de su conocimiento.
La bancada del Frente Amplio está dispuesta a mediar en el conflicto de la educación, que lleva semanas de ocupaciones de locales de enseñanza. Pero entienden que las autoridades deben abrirse al diálogo con docentes y alumnos para impulsar los cambios en el sector.
