La prohibición es el problema, el pasaporte es solo el síntoma

Por Sebastián Sabini

La sociedad debe atender al problema del narcotráfico en conjunto y el Estado debe cambiar su lógica de combate antes de que sea tarde.

Hasta hace bien poco mirábamos el drama provocado por el narcotráfico y sus consecuencias como algo lejano —violencia, muerte y progresiva desaparición de valores sustituidos por otros siempre a la fuerza— y nos dolíamos por los países asediados bajo la consigna: “plata o plomo”.

Para quienes venimos desde hace tiempo observando este fenómeno y legislando para prevenir, esto estaba en el horizonte. El narcotráfico es un fenómeno internacional fruto de las políticas prohibicionistas que gozan de buena salud desde hace ya demasiadas décadas. Al influjo de la ilegalidad, el comercio internacional de cocaína ha crecido en volumen; se ha diversificado y vuelto cada vez más sofisticado usando las redes empresariales planetarias para abastecer un mercado creciente, llegando a cifras récord de tonelaje de producción. Más oferta y mejor calidad por inversión en la mejora de los procesos productivos; todo esto en un marco de prohibición.

Esto a pesar del complejo sistema internacional de control y la guerra desatada también a escala planetaria. En nuestro país las redes del narcotráfico operan a escala nacional y lo utilizan como uno de los puentes para llegar a los mercados internacionales. Es difícil establecer en qué medida el crimen organizado está presente en actores del escenario político o en distintos estamentos del Estado. Con este modo de financiamiento, con la ley actual de financiamiento de partidos políticos, lo que tenemos son riesgos. Lo que está claro es que en otros países este fenómeno se ha expandido a otras áreas de actividad, trata de personas o venta de armas, incluyendo prestamistas en pequeña escala. No estamos vacunados para nada contra un proceso que ya está en marcha desde hace un par de décadas. Tiene su expresión más evidente en el aumento de la violencia y de prácticas como el sicariato y la lucha territorial de diversos grupos que pugnan por el mercado nacional.

Merecemos un debate serio y profundo de las consecuencias nefastas de la política prohibicionista para América Latina, en particular para los países que estamos poniendo los muertos de la “guerra contra las drogas”, una política que tiene la triste característica de haber generado muchas más muertes, dolor y prisión que el “mal” que buscaba detener; y sin embargo, a pesar de que a todas luces ha sido un fracaso estrepitoso, su falta de resultados no parece provocar indignación para modificar una política tan nefasta.

Otras personas, que recién se asoman al tremendo cambio que produce en la sociedad la instalación de la dinámica de esta actividad criminal, contemplan asombradas un misterio que apenas se empezó a develar, que aún sigue en penumbras: cómo el gobierno multicolor le concedió al narcotraficante Sebastián Marset un pasaporte que le permitió salir de la cárcel en la que estaba preso en Dubái, para seguir evadiendo a la justicia que lo acusa de liderar un cártel de lavado de dinero usando el deporte, y de ser responsable de la muerte de un fiscal paraguayo, por citar nada más que estas cosas. Es preocupante que alguien que a todas luces tenía conflictos con la ley, se lleve un pasaporte más rápido que cualquier hijo de vecino, porque parece que acá no estamos exentos de la tendencia a ponerse “de gorro” a los poderes del estado por parte de estas redes criminales.

El Frente Amplio ya había planteado en la interpelación del mes de junio a Heber la preocupación por la expedición de este pasaporte, el devenir de los hechos provocó otra interpelación para  tratar de esclarecerlos en una sesión del Senado a la que concurrieron el ministro del Interior y el Canciller con sus respectivos equipos, para contestar preguntas que creímos necesario hacer para llegar lo más lejos que se pudiera, encontrar responsables políticos del desatino, los responsables administrativos, y ver las implicancias planteadas a distintos niveles. De hecho, el fiscal general, el Dr. Juan Gómez, solicitó todas las intervenciones de dicha interpelación para disponer un análisis de las mismas, precisamente en el mismo sentido: ver responsabilidades, en este caso penales.

Sin duda que esto no puede seguir en penumbras, porque la luz que se filtró gracias a la interpelación no consiguió iluminar todos los rincones de este asunto. Queda la duda de cómo es posible que un gobierno que afirma tener entre su principal objetivo el “combate al narcotráfico” le da salvaguarda a un narcotraficante para eludir a la justicia.

Pero esto que generó una mirada ciudadana interesada legítimamente en el tema pasaporte, debe llevarnos a observar, también con el mismo interés, el trasfondo de estos hechos. Porque en realidad lo que estamos viendo no es más que una manifestación del impacto del narcotráfico cuando, de modo más o menos evidente, más o menos oculto, hace uso de mecanismos administrativos, políticos, e ideológicos podríamos agregar, para sus fines. La naturalización de estas conductas no hubiera sido posible hace unos años nomás, por el contrario, hubiera puesto en riesgo, y con razón, cargos políticos y ministeriales. De a poco, y como ejemplo claro de esos mecanismos a los que nos referimos, nos acostumbramos a decir que un empresario se suicidó en la cárcel cuando en realidad era un preso, precisamente por la actividad criminal que es el narcotráfico. Toleramos lo que hasta hace bien poco era intolerable para el actual ministro, por ejemplo, ya no nos sensibilizamos con las muertes que supuestamente son fruto de “ajustes de cuentas”, como si detrás de ellas no existieran historias de exclusión, pobreza, desigualdad, desintegración y violencia. Es más fácil mirar para el costado, pero en algún momento el desinterés de la sociedad por esos temas termina por estallarle en las manos. 

La sociedad debe ponerse a reflexionar en forma colectiva la cuestión del narcotráfico y ya, porque los costos son enormes. Quien crea que sólo afectan a un sector social al cual no pertenece se equivoca y ese error lo pagamos todos. El narcotráfico como actividad delictiva no se limita a ciertos sectores. No se dice, ni sale en los diarios, pero se consume y se negocian altísimos volúmenes de droga y cantidades de dinero en los barrios caros con la misma frecuencia que se consume y negocia en el resto de los barrios. Y aquí tenemos otro enorme problema que no hemos podido resolver: la atención, tratamiento y seguimiento de los usuarios problemáticos de drogas —me niego a usar la palabra adicto. Advierto que este único tema daría para varias columnas subsiguientes, porque es una parte muy importante para caminar hacia soluciones de fondo.

Sólo el Estado, con políticas públicas que atiendan las necesidades reales, que dé respuestas sociales, económicas, educativas ciertas y no basadas en mitos, que reconozca la inviabilidad de la prohibición y abra las puertas a la regulación y el control, puede jugar un papel que empiece a empatar este partido en el que venimos perdiendo por goleada y que seguiremos perdiendo del mismo modo mientras sigamos utilizando recetas que han sido descartadas por la realidad porfiada.

Publicado originalmente el lunes 3 de octubre de 2022 en Montevideo Portal.