A LA OPINIÓN PÚBLICA:
A raíz de los trascendidos de prensa y redes sociales, surgidos a consecuencia de la compra de mobiliario para la casa de la administración de la Estancia Presidencial de Anchorena, por parte de Presidencia de la República; quien suscribe Mario Humberto Vera Diaz, administrador por el período 2013-2019, aclara:
Ocupé la casa en cuestión, a partir del año 2015, en el período del Dr. Tabaré Vázquez, anteriormente me alojaba en los apartamentos de servicio de la residencia presidencial.
Recibí la casa en cuestión, en las mismas condiciones que la recibieron mis antecesores administradores desde el año 1967. Hasta donde tengo conocimiento, en todas las administraciones anteriores, me antecedieron Señores Oficiales del Ejército Nacional, que se alojaban en la vivienda con su propio mobiliario. En calidad de primer administrador civil en la historia del establecimiento, no fui la excepción, me mudé a la casa con mis propios muebles.
Al momento de ocupar la casa, los muebles que equipaban la misma consistían en una (1) mesa de cocina de madera, un (1) freezer, una (1) cocina a gas, una (1) heladera con freezer, un (1) calefón de 40 lts, y un (1) aire acondicionado sin funcionar.
En el último año y medio de la administración, se incorporaron además 3 sillones tapizados en paño rojo, procedentes de los depósitos de los muebles en desuso de la Torre Ejecutiva.
Quisiera dejar en claro que los muebles de referencia, que estaban en la casa al momento de mudarme, quedaron en la Estancia Presidencial cuando me fui de ella.
El resto del mobiliario, el que llevé cuando me fui a vivir a la casa, era de mi propiedad, por tanto, como corresponde, al momento de retirarme los llevé conmigo.
Las autoridades civiles y militares (Señores Generales Jefes de Casa Militar, Señores Oficiales Edecanes del Señor Presidente de las Tres Armas, Señor Director General de Presidencia, Señor Jefe de Contaduría de Presidencia, Señor Jefe de Personal de Torre Ejecutiva, Señor Jefe de Policía del Departamento de Colonia, Miembros de la Custodia Presidencial, entre otros) que por distintas razones visitaron la casa, pueden dar fe de la austeridad que caracterizaba al mobiliario allí existente.
Las acusaciones de robo dirigidas a mi persona, realizadas en diversos medios de prensa y reiteradas en redes sociales por Legisladores Nacionales, que según los medios de comunicación se obtienen de “…fuentes de Presidencia…”, en cuanto a que “el anterior administrador se llevó todos los muebles”, son potencialmente ofensivas al honor y la rectitud de una persona, ya que da a entender que los muebles que se llevó el administrador pertenecían al erario público y este en una actitud ilícita se los apropió.
La personalidad moral del hombre y su reputación puede verse afectada, ante manifestaciones públicas donde se atribuye a una persona un hecho determinado de carácter delictivo, irregular o inmoral, con capacidad suficiente para exponerlo al odio o desprecio público, o que diera lugar a un procedimiento penal o disciplinario, y ello sin lugar a dudas constituye un hecho ilícito.
El Estado tiene la obligación de proteger la personalidad moral del hombre, contra el que ofenda su reputación, atribuyéndole públicamente un hecho determinado, delictuoso, irregular o inmoral.
Me hiere profundamente, que estos trascendidos tengan su fuente en Presidencia de la República, quienes cuentan con toda la información necesaria para advertir la falsedad de lo dicho, o aclarar la forma poco feliz de comunicación surgida de fuentes de Presidencia, y evitar que esto continúe publicándose en un sentido que genera el convencimiento en la opinión pública de que estamos ante un hecho delictivo.
Espero que dicho asunto sea aclarado a la brevedad por las mismas fuentes que le dieron origen.
Presentamos el documento elaborado por el 11º. Congreso del Movimiento de Participación Popular "Eduardo Bonomi - Gabriela Soto".
La diputada Cecilia Cairo interpelará a las autoridades del Ministerio de Salud Pública por las consecuencias del cierre de la mutualista Casa de Galicia.
Respecto a los impactos en el sector agropecuario, la respuesta del gobierno fue negligente porque actuó con medidas insuficientes y tardías, dijo Alejandro Sánchez.
Hay situaciones propias de la frontera que no se observan en la capital, como la necesaria obra en el puente Yaguarón, que une a nuestro país con Brasil.
Ningún pacto, sino la expresión cabal de cada legislador frente a una solicitud de Fiscalía para levantar el desafuero de un senador acusado de gravísimos delitos.
Declaraciones públicas de la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores confirman que el Gobierno sabía de la peligrosidad del narcotraficante hoy prófugo de la justicia. No se puede mentir más a la gente.