Tras seis meses de trabajo de la comisión investigadora sobre la compra de las patrulleras oceánicas, el senador Nicolás Viera sostuvo que existen elementos comunes que ya no están en discusión: Uruguay necesita las OPV, Cardama nunca había construido una, existe la presunción de un fraude contra el Estado y el Ministerio de Defensa tenía la obligación de controlar la garantía presentada por la empresa. El legislador señaló responsabilidades políticas y administrativas de la gestión anterior y planteó que toda la documentación sea remitida a Fiscalía.
El senador del MPP Nicolás Viera realizó un balance de los seis meses de trabajo de la comisión especial que investigó el proceso de compra de las patrulleras oceánicas y puso el foco en una conclusión que, a su entender, atraviesa incluso las diferencias entre oficialismo y oposición: el Estado uruguayo no controló adecuadamente la garantía presentada por Cardama.
Entrevistado en Desayunos Informales, Viera destacó que la comisión permitió reconstruir un proceso iniciado varios años antes de la contratación y escuchar a los distintos actores involucrados. A partir de ese trabajo, identificó cuatro elementos que considera centrales para comprender el caso.
El primero es que existe acuerdo político sobre la necesidad de que Uruguay cuente con patrulleras oceánicas. El segundo, que Cardama, pese a su larga trayectoria empresarial, nunca había construido una OPV. El tercero es la existencia de una presunción de fraude contra el Estado vinculada a la garantía presentada por la empresa.
Pero para Viera hay una cuarta conclusión especialmente relevante: “el Ministerio de Defensa debió controlar el sustento de esa garantía y no lo controló”.
“Ahí nosotros, como Frente Amplio, en el informe de mayoría, creemos que la responsabilidad política y administrativa está situada ahí, en una falta de control que generó el fraude al Estado”, sostuvo.
Una garantía que no era un elemento secundario
Durante el intercambio, Viera rechazó la idea de que la garantía de fiel cumplimiento pudiera considerarse un aspecto accesorio del contrato.
Por el contrario, recordó que su constitución era una condición necesaria para que el contrato entrara efectivamente en vigencia y señaló que Cardama recibió sucesivas prórrogas durante meses para poder presentarla.
“Si fuese tan accesoria, ¿por qué demoraron 11 meses en otorgarla?”, cuestionó.
El senador recordó además que el entonces ministro Armando Castaingdebat había planteado en determinado momento que no concedería nuevas extensiones de plazo, aunque finalmente continuaron otorgándose prórrogas. Para Viera, ese proceso es uno de los aspectos sobre los cuales la investigación parlamentaria encontró irregularidades que requieren ser analizadas con mayor profundidad.
La discusión sobre la garantía, para el legislador, no puede separarse de las responsabilidades de quienes tuvieron a su cargo la conducción política y administrativa del Ministerio de Defensa.
Viera señaló responsabilidades de la gestión de García
El senador ubicó entre los responsables políticos del proceso al exministro Javier García y señaló también el papel que tuvieron funcionarios de su confianza dentro del Ministerio.
Mencionó concretamente a Fabián Martínez y Damián Galó, quienes participaron del proceso de adquisición y, según recordó Viera, continúan vinculados al actual despacho parlamentario de García.
“Hay responsabilidades políticas y responsabilidades políticas administrativas”, afirmó.
Para Viera, corresponde también que la Justicia analice las actuaciones desarrolladas durante la gestión de Castaingdebat y de quienes participaron directamente en las decisiones vinculadas a la contratación y las garantías.
El legislador evitó, sin embargo, afirmar que se haya probado corrupción o pago de coimas.
Consultado directamente sobre ese punto, respondió que hoy no existen elementos para determinarlo y que será la Justicia la que deba establecer si las irregularidades detectadas configuran delitos.
“Nosotros en el Parlamento no podemos determinar ilicitudes”, señaló.
La distinción es central en la posición de Viera: el trabajo parlamentario permitió identificar irregularidades y responsabilidades políticas, mientras que la eventual existencia de conductas penalmente relevantes deberá ser determinada por Fiscalía y la Justicia.
«Cardama es un mentiroso»
El senador fue particularmente crítico con el empresario Mario Cardama y rechazó la utilización de sus declaraciones como fundamento para cuestionar la decisión del actual gobierno de terminar el contrato.
“El señor Cardama es un mentiroso”, afirmó durante el intercambio.
Viera cuestionó además que buena parte de los argumentos expresados por Cardama hayan terminado coincidiendo con los utilizados por la oposición durante la discusión pública sobre el caso.
El senador recordó que la empresa presentó una garantía cuya apariencia fraudulenta terminó siendo constatada y sostuvo que todavía existen aspectos del comportamiento de Cardama que deberán ser determinados por la investigación judicial.
También señaló que la empresa recibió durante el proceso condiciones considerablemente más flexibles que las originalmente previstas para la adquisición de las patrulleras.
Según planteó, mientras en 2022 se habían establecido cerca de 80 requisitos para el llamado, posteriormente las condiciones terminaron reduciéndose sustancialmente durante la administración de García.
La documentación irá a Fiscalía
Finalizado el trabajo de la comisión, el Frente Amplio buscará que el conjunto de los antecedentes llegue a la Justicia.
Viera adelantó que la bancada propondrá en la Asamblea General votar el envío de todos los informes y toda la documentación producida durante la investigación a Fiscalía, que ya tiene una investigación abierta sobre el caso.
“Nos parece sumamente importante”, sostuvo.
La decisión busca separar dos planos que, para el senador, deben complementarse: el Parlamento deberá discutir y determinar las responsabilidades políticas derivadas del proceso, mientras Fiscalía tendrá que evaluar si las irregularidades constatadas pueden configurar responsabilidades penales.
Después de seis meses de trabajo, Viera entiende que una cuestión central ya quedó despejada: el problema no fue que Uruguay intentara adquirir patrulleras oceánicas, sino las condiciones bajo las cuales se condujo la contratación y, particularmente, la ausencia de controles sobre una garantía que resultaba imprescindible para que el contrato pudiera entrar en vigencia.
Para el senador, allí se encuentra uno de los principales problemas políticos que deja la investigación: el Estado tenía que controlar y no controló.
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