Faltó un mensaje claro sobre cuál será el precio del agua embotellada y desde cuándo costará menos, criticó Sebastián Sabini.
El agua potable es un derecho humano fundamental. Así quedó establecido en las convenciones internacionales de derechos humanos y en la Constitución de la República.
Sin embargo, ante la crisis hídrica que afecta al país, el proyecto anunciado por el Poder Ejecutivo que el Senado aprobó este miércoles 21 no tiene medidas que garanticen la llegada del descuento impositivo al bolsillo de los uruguayos.
El oficialismo impidió la posibilidad de topear el precio máximo de las aguas embotelladas. El argumento, que no se puede poner un policía al lado de cada almacenero. No es de recibo, insistió ante la prensa el compañero senador Sebastián Sabini, porque desde hace décadas el precio de la garrafa está tarifado y no se requiere un agente en cada expendio de supergás.
“Acá no hay voluntad política para que la rebaja llegue a las familias”, subrayó Sabini.
Hay preocupación y falta de claridad para establecer a partir de qué fecha serán exonerados de impuestos las aguas embotelladas. Es que no se sabe si la medida se implementará de forma inmediata a la promulgación de la ley o desde que el stock anterior se agote.
Tampoco quedaron claros cuáles son los riesgos por utilizar el agua que hoy suministra OSE porque fue la Facultad de Química quien comunicó los peligros de ducharse con el agua corriente. “Eso no lo planteó el Gobierno”, subrayó Sabini.
Otra vez, el Gobierno llega de forma tardía e insuficiente ante la crisis de la sequía.
El problema de fondo radica en que no hay cambios posibles en la educación si no es de la mano de grandes acuerdos nacionales.
Con la resolución de la Fiscalía queda confirmada la intención de presionar a senadores mediante espionaje de su vida personal.
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Generar un conflicto basados en un argumento que cuenta con un informe técnico que no lo respalda, hace que el argumento sea una excusa.
