Las 2.200 familias que trabajaron en la mutualista Casa de Galicia no accedieron a sus derechos laborales, algunos con más de 30 años de trabajo en la institución.
Honrar los compromisos laborales que asumió el Gobierno y que marcan la ley fueron, increíblemente, puestos a consideración del Parlamento. Incluso el Gobierno les solicitó que mantengan los servicios sanitarios tras el cierre. Finalmente, el veto parcial a la ley de Casa de Galicia quedó firme por pocos votos.
Aplaudidos durante la pandemia, hoy de forma arbitraria y abusiva el Estado les negó lo que les corresponde por derecho. La ley nº. 16.690 crea el Fondo de Garantías de Créditos Laborales para responder a estos problemas. Son aproximadamente 5 millones de dólares los destinados por la ley vetada por el Ejecutivo.
Por otro lado, esta semana fue aprobada otra norma, de Financiamiento de Partidos Políticos, que garantizará al menos 25 millones de dólares de compensación a los medios de comunicación privados.
Un proceso de liquidación cada vez más oscuro y triste ahora deja afuera a los trabajadores de Casa de Galicia provocadas por decisiones políticas. Por poco, una ley nefasta quedó firme. Otras decisiones, como los cargos designados de forma directa en Salto Grande, como la compensación a medios privados y otros.
Todos los compañeros del MPP y del Frente Amplio votaron por levantar el veto. Fundamentaron su voto los compañeros Daniel Caggiani, Alejandro Sánchez, Lucía Etcheverry, Cecilia Cairo, Bettiana Díaz, Sebastián Viera y Nicolás Viera.
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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Por un país que cuida la seguridad y orienta los recursos del Estado a atender lo que debe atender, no para perseguir intereses políticos, expresó Yamandú Orsi.
