Este miércoles fue aprobado en Diputados un proyecto de ley que protege a miles de trabajadores de la mutualista gallega.
Con cumplir la ley como decisión política, bastaba. Pero el Poder Ejecutivo decidió otra cosa, reclamó el compañero Nicolás Viera este miércoles 8. Fue un acuerdo de varios meses y con varias colectividades la que permitió la aprobación en Diputados de una solución para los trabajadores de Casa de Galicia.
Más de 1.600 trabajadores estarán protegidos. Una ley posible que intenta resolver lo que no se olvidará: una sesión impedida por el oficialismo, que repasamos en artículos anteriores.
El oficialismo no quiere tratar un proyecto porque “aumenta el gasto”, un concepto “profundamente ideológico”, criticó el diputado Viera, que expresa siempre dos modelos distintos de país. Las barbaridades expresadas en sala sólo esconden la incapacidad política de resolver un problema que el propio oficialismo generó.
¿Quién cerró la mutualista, quién se benefició con su cierre? Este gobierno quedará en la historia como el responsable del cierre de Casa de Galicia. Vendida por un par de dólares a mutualistas privadas bajo un manto de dudas.
El Frente Amplio se solidarizó desde el primer día con trabajadores y usuarios de la casa de salud de los gallegos en nuestro país, sintetizó.
Por su lado, la compañera Cecilia Cairo, recordó los cambios de este proyecto, necesarios porque en la sesión sin cuórum faltó el oficialismo. El primer proyecto del Ejecutivo ubicaba un monto por trabajador que Cecilia calificó como “migajas”, porque se deben 42 millones de dólares a quienes les propusieron 8 millones.
La fecha es relevante para esta fuerza política. Cecilia recordó que el síndico cerró Casa de Galicia un 23 de diciembre, un día antes de una fecha importante para la familia. No fue lo mismo para los trabajadores de la mutualista. Tampoco es lo mismo hoy.
Los aplaudimos en pandemia. Los matamos cuando ya no había. Este miércoles se hizo justicia con trabajadores víctimas de resoluciones equivocadas, en el marco de un cierre de una mutualista que sigue con dudas.
Finalmente, la compañera Lucía Etcheverry hizo un detallado informe del tratamiento de este tema a partir de febrero. La ley obligaba a los prestadores a tomar trabajadores pero ese capítulo de la norma se cumplió parcialmente por el incumplimiento contumaz de los prestadores de salud y del Estado.
Sin respuesta, recién en la interpelación se habló de un proyecto específico y la respuesta final llegó al filo del límite constitucional. Innecesaria si el Ejecutivo hubiera cumplido sus compromisos, reclamó Etcheverry.
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“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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Por un país que cuida la seguridad y orienta los recursos del Estado a atender lo que debe atender, no para perseguir intereses políticos, expresó Yamandú Orsi.
