Caso Cardama: Joaquín Garlo denunció un pago sin documentos originales

27 de julio de 2026

Tras la comparecencia del exministro Armando Castaingdebat, el diputado del Frente Amplio sostuvo que quedó confirmado que el Ministerio de Defensa realizó el primer desembolso del contrato sin tener a la vista la documentación original de las garantías. También señaló que las prórrogas otorgadas a la empresa fueron una decisión política y que la comisión investigadora enviará sus actuaciones a Fiscalía cuando finalice su trabajo.

La comisión investigadora sobre la compra de las patrulleras oceánicas sumó este lunes un nuevo capítulo con la comparecencia del exministro de Defensa Nacional Armando Castaingdebat. Para el Frente Amplio, la instancia permitió confirmar uno de los puntos centrales de la investigación: el primer pago a Cardama, por más de 8 millones de euros, se realizó sin que el Ministerio tuviera a la vista la documentación original de las garantías.

El diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo sostuvo que ese dato cambia el peso político del caso, porque ya no se trata únicamente de la aparición posterior de una garantía falsa, sino de cómo se habilitó administrativamente un desembolso millonario sin controles suficientes en una etapa decisiva del contrato.

“Lo que constatamos en la comparecencia del exministro hoy es que el primer pago el Ministerio de Defensa lo efectuó sin tener la documentación original a la vista”, afirmó.

Para Garlo, esa constatación “de por sí ya constituye una irregularidad” y permite cerrar una duda que la comisión todavía no había podido confirmar.

El primer pago bajo la lupa

El primer desembolso a Cardama era una pieza clave del contrato. Su activación dependía de que la empresa cumpliera con determinadas condiciones, entre ellas la presentación de garantías válidas. Sin embargo, según la lectura que hizo Garlo tras la comparecencia, el Ministerio de Defensa de la gestión anterior avanzó con el pago sin contar con los documentos originales que respaldaran esa garantía.

El diputado sostuvo que la decisión se apoyó en un informe del estudio Delpiazzo, pero recordó que ese estudio ya había aclarado ante la comisión que su tarea no era controlar la validez de las garantías. Ese punto es relevante porque, en la reconstrucción del Frente Amplio, Defensa habría utilizado como respaldo un informe que no sustituía los controles notariales, financieros o documentales que correspondía realizar antes de habilitar el pago.

La comparecencia también volvió a colocar sobre la mesa las advertencias que existían durante el proceso. Garlo señaló que el estudio jurídico contratado había advertido de forma reiterada sobre dificultades e irregularidades en la constitución de las garantías por parte de Cardama. Aun así, el trámite siguió adelante.

Las prórrogas: una decisión política

Otro de los elementos que dejó la comparecencia, según Garlo, fue la confirmación de que las sucesivas prórrogas concedidas a Cardama respondieron a una definición política: permitir que el proceso continuara.

Ese punto es uno de los ejes de la investigación, porque las extensiones de plazo no fueron neutras. Para el Frente Amplio, al sostener el contrato pese a las advertencias, el Ministerio terminó generando las condiciones para que la empresa presentara una garantía que luego fue constatada como falsa.

La discusión, entonces, no queda limitada a una maniobra de la empresa. También alcanza a la cadena de decisiones políticas y administrativas que permitió que esa documentación fuera aceptada y que el contrato entrara en vigor.

Según Garlo, las prórrogas se otorgaron sin medir las consecuencias concretas que podían tener en la protección de los intereses del Estado uruguayo.

La garantía trucha y los documentos falsificados

El diputado recordó que la comisión ya cuenta con elementos documentales que permiten comparar el documento original del escribano español con la documentación presentada por Cardama.

Esa comparación, sostuvo, muestra que la empresa entregó documentación falsificada, que terminó siendo utilizada para aceptar la garantía y habilitar el primer pago.

El punto es especialmente sensible porque la garantía no era un requisito menor ni accesorio: era una condición central para que el contrato avanzara. Por eso, para Garlo, la ausencia de controles profundos por parte del Ministerio de Defensa expuso al Estado a una situación que pudo haberse evitado.

El legislador también descartó la idea de que el problema pudiera resolverse simplemente sustituyendo la garantía y continuando con el contrato. Según explicó, cuando el actual gobierno constató que la garantía era falsa, Cardama volvió a presentar una garantía con la misma empresa, que no contaba con respaldo real.

Garlo señaló que se trataba de una firma sin empleados, sin domicilio y sin condiciones para respaldar una operación de esa magnitud. Para el diputado, el contraste es claro: en pocas semanas, el actual gobierno logró detectar lo que durante la administración anterior no fue controlado con la profundidad necesaria.

Fiscalía recibirá las actuaciones

La comisión investigadora también resolvió por unanimidad responder al pedido de la Fiscalía de Delitos Económicos, que solicitó las actuaciones vinculadas al caso.

La decisión fue enviar toda la documentación una vez que finalice el plazo de trabajo parlamentario, previsto para agosto. De esa forma, Fiscalía recibirá no solo la información remitida por el Poder Ejecutivo, sino también las comparecencias, documentos y actuaciones producidas por la propia comisión.

Para Garlo, ese camino permite ordenar la respuesta institucional: terminar el trabajo parlamentario, reunir el conjunto de la información y remitirla de forma completa al fiscal subrogante que realizó el pedido.

Cardama y Moreira serán convocados

El Frente Amplio planteó además convocar formalmente al director de Francisco Cardama Sociedad Anónima, Mario Cardama, y al representante de la empresa en Uruguay, Gerardo Moreira.

Hasta ahora, según explicó Garlo, ambos no habían sido citados formalmente por la comisión. La bancada frenteamplista impulsará el envío de los oficios correspondientes para que comparezcan ante el Parlamento.

La próxima instancia relevante será la comparecencia de la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, prevista para el lunes siguiente. Su presencia permitirá completar la mirada del actual gobierno sobre la rescisión del contrato y sobre las razones que llevaron a concluir que existieron incumplimientos graves por parte de Cardama.

El arbitraje internacional

Garlo también respondió a los planteos del exministro Castaingdebat sobre un eventual juicio o arbitraje internacional contra Uruguay.

Para el diputado, hay una contradicción en esa advertencia. Si el contrato era, como sostiene el exministro, un instrumento protector del Estado uruguayo, entonces corresponde atender a lo que el propio contrato establece sobre los mecanismos de arbitraje.

Según explicó, el arbitraje internacional estaba previsto para diferencias técnicas vinculadas a la construcción de las patrulleras oceánicas. Pero la rescisión dispuesta por el actual gobierno no se basa en un desacuerdo técnico sobre las embarcaciones, sino en incumplimientos contractuales graves y sistemáticos por parte de la empresa.

Por eso, Garlo sostuvo que ese camino no tiene sustento en este caso.

“El arbitraje internacional no tiene razón de ser”, afirmó.

Una investigación que apunta a las responsabilidades políticas

La comparecencia de Castaingdebat volvió a ordenar el debate sobre Cardama en torno a una pregunta central: quiénes tomaron las decisiones que permitieron que el contrato avanzara pese a las advertencias, las prórrogas y las fallas de control.

Para el Frente Amplio, el caso ya no se explica únicamente por la conducta de la empresa. La investigación también busca determinar cómo actuó el Ministerio de Defensa de la administración anterior, qué controles omitió y por qué se habilitó un pago millonario sin contar con la documentación original de respaldo.

Con nuevas citaciones por delante, el envío de actuaciones a Fiscalía y la comparecencia pendiente de la ministra Sandra Lazo, la comisión entra en su tramo final con el foco puesto en las garantías, las prórrogas y las responsabilidades políticas detrás de uno de los contratos más cuestionados de la gestión anterior.