Durante la discusión de la Rendición de Cuentas, la diputada Cecilia Cairo defendió la reasignación de recursos hacia infancia, educación, situación de calle y seguridad, y sostuvo que la responsabilidad fiscal no puede convertirse en una excusa para abandonar las prioridades sociales. “Un presupuesto es política expresada en cifras”, afirmó.
Después de semanas de comparecencias, informes y discusión parlamentaria, Cecilia Cairo planteó que la Rendición de Cuentas debe leerse antes que nada como una definición política: detrás de cada partida y cada reasignación existe una decisión sobre qué Estado se quiere construir y cuáles son los problemas que se considera urgente enfrentar.
La diputada recordó además que el ejercicio 2025 se ejecutó con un Presupuesto Nacional elaborado y aprobado por la administración anterior. Para Cairo, ese punto de partida no puede utilizarse ni para adjudicar automáticamente todos los resultados al nuevo gobierno ni para eludir las responsabilidades asumidas desde marzo de 2025.
“Gobernar es hacerse cargo. Es recibir una realidad, mirarla de frente y empezar a trabajar sobre ella”, sostuvo.
Desde esa perspectiva, defendió la Rendición no solamente como una evaluación contable del año anterior, sino como una herramienta para corregir, reasignar recursos y fortalecer las prioridades de la nueva administración.
Reasignar tambiés es gobernar
Cairo reconoció las dificultades económicas atravesadas durante 2025. La economía creció 1,8%, por debajo de las previsiones iniciales, mientras que la desaceleración registrada durante el segundo semestre implicó una caída de aproximadamente 500 millones de dólares en los ingresos fiscales.
La respuesta, sostuvo, fue asumir que los recursos son limitados y establecer prioridades sin abandonar las políticas sociales.
Para la diputada, responsabilidad fiscal y sensibilidad social no son conceptos enfrentados.
“La responsabilidad fiscal no puede ser excusa para abandonar a la gente. Pero tampoco podemos hacer política como si el Estado tuviera recursos ilimitados”, afirmó.
Por eso colocó la discusión sobre las reasignaciones en el centro de la Rendición.
“La verdadera discusión no es sólo cuánto gasta el Estado, sino en qué se gasta”, señaló. “Reasignar no es una palabra negativa, es gobernar”.
Para Cairo, decidir el destino de los recursos implica distinguir entre gastos que pueden postergarse y necesidades que requieren respuestas inmediatas.
Como ejemplo mencionó los 50 millones de pesos destinados al INAU a partir de reducciones en partidas vinculadas a viajes y catering.
“Los gurises no pueden esperar. Mala suerte, hay que cortar; cortemos donde tengamos que cortar”, expresó.
La austeridad, sostuvo, no debe aplicarse sobre los derechos, sino sobre aquellos gastos que pueden esperar para proteger las prioridades sociales.
La infancia como una urgencia nacional
Cairo dedicó buena parte de su intervención a la pobreza infantil, cuyos niveles definió como una “vergüenza nacional” que interpela a todo el sistema político.
La diputada defendió en ese sentido la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que busca unificar y simplificar el actual sistema de transferencias y aumentar los recursos destinados a los hogares con mayores niveles de vulnerabilidad.
Según señaló, los incrementos pueden alcanzar cerca de 84% para algunos hogares y la nueva estructura corrige además una lógica que perjudicaba a las familias numerosas.
“Un niño no vale más o menos por tener hermanos. Una familia no puede ser castigada por tener más hijos”, sostuvo.
Cairo rechazó además que las transferencias económicas deban pensarse como un sustituto del empleo o de las políticas estructurales.
“La pobreza se combate con trabajo digno, salarios, educación, salud, vivienda y desarrollo. Pero mientras construimos todo eso, los niños tienen que vivir y las familias tienen que comer”, afirmó.
Desde esa concepción, calificó las transferencias como un “puente” que permite sostener a los hogares mientras se construyen condiciones de mayor autonomía.
También defendió el cambio en la lógica de las condicionalidades. Ante una familia que no puede cumplir con determinadas exigencias, sostuvo, la respuesta del Estado no debe ser cortar automáticamente el vínculo, sino comprender qué sucedió e intervenir.
“Cuando la vida se rompe”, señaló Cairo, la desigualdad también se expresa en la disponibilidad (o ausencia) de redes capaces de sostener a las personas.
«Llegar antes» como política pública
La diputada vinculó esa concepción con una idea que atravesó distintos ejes de su intervención: el Estado debe intervenir antes de que las situaciones sociales se vuelvan irreversibles.
Cairo destacó la reincorporación de más de 2.200 niños, niñas y adolescentes al sistema educativo, los 5.500 nuevos cupos de Uruguay Impulsa y una recuperación de 2,3% del salario real.
En educación, sostuvo que no alcanza con declararla como prioridad si esa definición no se traduce en recursos para ANEP, UTEC, la Universidad y otras políticas dirigidas a sostener las trayectorias educativas.
“Invertir en educación no es gastar en el futuro, es intervenir en el presente”, afirmó.
Para Cairo, el objetivo debe ser llegar antes de que un niño abandone el sistema educativo, antes de que una persona pase años viviendo en la calle, antes de que una familia quede completamente por fuera de las redes de protección.
“Llegar antes es política pública”, resumió.
No administrar la calle, construir una salida
Sobre las personas en situación de calle, Cairo sostuvo que la expansión de la respuesta estatal durante 2025 no permite considerar el problema resuelto.
“Mientras alguien duerme en una vereda no hay conformidad”, afirmó.
Sin embargo, rechazó también la idea de que no haya existido respuesta: señaló que se ampliaron plazas, se redujeron tiempos de espera y se mejoró la capacidad de atención.
El objetivo, planteó, no puede ser simplemente “administrar la calle”, sino construir caminos que permitan salir de ella.
Eso implica combinar políticas de vivienda, salud, trabajo, documentación, reconstrucción de vínculos y generación de oportunidades.
La misma lógica, señaló, debe aplicarse a la vivienda, entendida no solamente como una solución material sino como el espacio donde se construyen vínculos familiares, arraigo y comunidad.
La seguridad empieza antes del delito
Cairo defendió también los recursos adicionales destinados a seguridad y rechazó que exista una contradicción entre fortalecer las capacidades policiales y desarrollar políticas sociales.
“La seguridad es un derecho social y una obligación del Estado”, sostuvo.
La diputada mencionó la necesidad de combatir el crimen organizado, mejorar la inteligencia y la investigación, pero añadió que la presencia estatal en los barrios también constituye una política de prevención.
Recuperar espacios públicos, mejorar viviendas, garantizar servicios e intervenir sobre territorios históricamente relegados son, desde esa perspectiva, parte de una estrategia de seguridad.
Por eso señaló que programas como Más Barrio también deben comprenderse dentro de esa política.
“La seguridad no empieza cuando suena la alarma, empieza muchísimo antes”, afirmó.
Del mismo modo, sostuvo que tampoco termina con el ingreso de una persona a prisión: la reinserción debe formar parte de la política de seguridad porque la reincidencia supone un fracaso tanto para quien vuelve a delinquir como para el conjunto de la sociedad.
«Un presupuesto es política expresada en cifras»
Cairo cuestionó finalmente la decisión de buena parte de la oposición de no acompañar la Rendición en general, particularmente cuando existe coincidencia sobre varias de las prioridades incluidas en el proyecto.
La diputada sostuvo que, si existe acuerdo en torno a la necesidad de aumentar recursos para infancia, educación, seguridad y situación de calle, resulta difícil comprender que esas coincidencias no se traduzcan en el voto.
Al mismo tiempo, reconoció la decisión de Cabildo Abierto de habilitar la aprobación general y recordó que durante los últimos días existió incertidumbre real sobre la posibilidad de que la Rendición avanzara.
Para Cairo, el gobierno será evaluado por el cumplimiento de los compromisos asumidos y no por las encuestas coyunturales.
“Las encuestas son fotos. Nosotros tenemos que cumplir”, afirmó.
La Rendición, sostuvo, no resolverá por sí misma todos los problemas del país. Pero sí permite mostrar cuáles son las decisiones que el gobierno adopta frente a ellos.
“Un presupuesto es política expresada en cifras”, resumió.
Y en esta Rendición, concluyó, reasignar recursos significa establecer qué puede esperar y qué no: recortar donde sea posible para que la infancia, la educación, la seguridad y quienes atraviesan las situaciones sociales más duras no sigan esperando.
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