
En el marco de la investigación por el pasaporte entregado a Sebastián Marset, el fiscal del caso determinó un extremo que erosiona a la democracia.
Esta madeja, que comenzó a desenredarse en la interpelación a dos ministros de Estado, el de Relaciones Exteriores y el de Interior, y el pedido de acceso a la información pública de la bancada de senadores del Frente Amplio, dejó a la vista una situación compleja.
“Un conjunto de primeras autoridades del Gobierno le habían mentido al Parlamento y a la ciudadanía en su conjunto”, estableció el senador Charles Carrera.
Una situación sumamente grave, que aún deja la interrogante sobre el porqué le fue entregado un pasaporte a un narcotraficante “pesado y peligroso”, como las propias autoridades establecieron en comunicaciones por chats que siguen bajo interpelación fiscal.
“Se le entregó a sabiendas, lo que le permitió a esta persona que obtenga la libertad y siga prófugo”, dijo Carrera.
La destrucción de documentos públicos es una línea de investigación secundaria que continúa bajo el análisis de la Fiscalía.
Para este caso, Carrera se consultó por qué un documento que debería estar en un expediente dentro de la Cancillería se encontró en la reunión entre subsecretarios y un asesor que debió renunciar tras un escándalo: un chat donde confirmó con sus palabras que ese documento fue destruido.
Por un lado, vemos que el Frente Amplio fue adelante con una interpelación y recurriendo a la Justicia, reclamando todas las comunicaciones. Esto desentrañó una situación que finalmente derivó en la renuncia de medio gabinete y hasta de un “ministro sin cartera”, como el asesor en comunicación.
Lo que está comprobado, según especifica el propio Fiscal, los jerarcas violentaron la confianza de la ciudadanía porque se pusieron de acuerdo para mentirle al Parlamento.
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