Daniel Caggiani: la ley para producir más y bajar el costo de vida

27 de agosto de 2026

Durante la votación en el Senado de la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, Daniel Caggiani defendió una agenda de reformas que combine crecimiento, menos burocracia, mayor competencia y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. El senador sostuvo que el desafío no es solamente mejorar las condiciones para producir, sino lograr que esas mejoras lleguen también a los precios y a los ingresos de las familias.

El senador del MPP Daniel Caggiani defendió en el Senado la aprobación de la Ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida como parte de una agenda más amplia para que Uruguay pueda crecer más, producir mejor y transformar esas mejoras en una mayor calidad de vida para la población.

Durante su intervención, Caggiani ubicó la discusión en un problema estructural de la economía uruguaya. El país logró durante años sostener estabilidad macroeconómica y bajos niveles de inflación, pero su crecimiento promedio en la última década fue cercano al 1% anual. El desafío, sostuvo, es pasar de la estabilidad al crecimiento y hacerlo con una estrategia que no coloque el ajuste sobre los salarios.

Para el senador, discutir competitividad implica preguntarse “cómo hacemos para que Uruguay sea más próspero” y construir instrumentos capaces de acelerar la economía, facilitar la producción y lograr que ese crecimiento termine reflejándose en el bolsillo de trabajadores y trabajadoras.

Competir mejor no significa bajar salarios

Caggiani marcó una diferencia con las visiones que reducen los problemas de competitividad al tipo de cambio, las tarifas o los costos laborales.

Si bien reconoció que Uruguay mantiene desafíos en materia energética, logística y de costos de producción, planteó que la respuesta debe ser más amplia y propositiva: mejorar el funcionamiento de los mercados, reducir trabas burocráticas, fomentar la innovación y generar condiciones para aumentar la productividad.

El objetivo, señaló, es “producir más y mejor en Uruguay” y que ese proceso redunde también en mejores condiciones para quienes viven de su trabajo.

Esa perspectiva atraviesa buena parte del proyecto: una competitividad que no se construya a partir de abaratar el trabajo, sino de reducir ineficiencias, mejorar la productividad y facilitar la actividad económica.

Productos que cuestan mucho más que en la región

Uno de los puntos sobre los que Caggiani puso mayor énfasis fue la diferencia de precios entre Uruguay y los países vecinos en productos que ni siquiera se producen en el país.

El senador citó datos manejados por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre artículos de consumo cotidiano. Según esas comparaciones, una pasta dental puede costar hasta 70% más en Uruguay en las comparaciones web y cerca de 97% más que en Brasil; un shampoo y acondicionador, 74% más; y el café puede alcanzar diferencias de 143% respecto de Brasil.

Para Caggiani, esas brechas no pueden explicarse por los salarios ni por los costos de producción nacionales, porque se trata de bienes importados.

Allí aparece uno de los cambios que consideró centrales: facilitar la aparición de segundos importadores y limitar situaciones en las que la exclusividad termina generando posiciones dominantes y precios excesivos.

Menos burocracia para quienes menos estructura tienen

Otro eje central de la intervención estuvo en la simplificación del Estado.

Caggiani sostuvo que pequeñas modificaciones administrativas pueden tener un efecto acumulativo considerable: eliminar un documento ahorra costos, reducir un trámite libera horas de trabajo, extender la vigencia de un registro evita gestiones periódicas y digitalizar procedimientos puede reducir gastos para miles de empresas.

La ley avanza en mecanismos como la presentación de información una sola vez ante el Estado, la interoperabilidad entre organismos, la digitalización, los plazos máximos de respuesta y el silencio positivo en determinados procedimientos.

“El principio deja de ser que el ciudadano debe mostrar permanentemente ante cada organismo que cumple y pasa progresivamente a ser que el Estado debe organizarse para utilizar la información que ya posee”, resumió.

Para el senador, eso no significa construir un Estado más chico ni ausente, sino un Estado que utilice mejor sus recursos y concentre sus capacidades donde realmente son necesarias.

Las mipymes en el centro

Caggiani puso especial énfasis en el impacto que tendrán las medidas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que son precisamente las que cuentan con menos recursos para enfrentar trámites, contratar grandes estudios profesionales o financiar costos administrativos.

“Las grandes empresas, las nacionales y las transnacionales, tienen estudios de abogados, gestores privados y conocen al dedillo cómo tienen que moverse”, contrastó.

La realidad es diferente para un pequeño productor, comerciante o industrial, que muchas veces debe hacerse cargo directamente de trámites que consumen tiempo y recursos.

Entre las medidas destacadas por el senador se encuentra la flexibilización de los regímenes tributarios para pequeñas empresas, de modo que crecer en facturación no implique automáticamente un salto brusco de costos.

“Se elimina el castigo por crecer”, resumió Caggiani.

Según explicó, el cambio alcanza a más de 30.000 empresas y responde a un reclamo histórico del sector.

También se incorporan mecanismos para diferir el pago de tributos vinculados a importaciones, sistemas gratuitos de gestión y facturación electrónica, aranceles diferenciados para registros técnicos, sanitarios y fitosanitarios y una simplificación específica de trámites para productores familiares.

En el sector agropecuario, destacó particularmente la creación de un régimen simplificado de habilitación para actividades artesanales y familiares, como queserías, chacinerías, producción de conservas y turismo rural.

Innovación para crecer y generar mejores empleos

La competitividad, sostuvo Caggiani, tampoco puede depender solamente de reducir costos. Uruguay necesita aumentar su capacidad de generar conocimiento e incorporar innovación a la producción.

El senador recordó que el país invierte alrededor de 0,7% del PIB en investigación, desarrollo e innovación y mantiene una distancia considerable respecto de las economías más desarrolladas.

Una de las herramientas incluidas en el proyecto permitirá que instituciones públicas de investigación reciban financiamiento privado para desarrollar investigación aplicada.

Para Caggiani, facilitar la transferencia tecnológica entre universidades, centros de investigación y empresas permitirá transformar más rápidamente el conocimiento en nuevos productos y procesos.

Eso, afirmó, puede aumentar la productividad, generar empleo de mayor calidad y mejorar la capacidad del país para competir en una economía global cada vez más basada en el conocimiento.

Una reforma gradual, pero estructural

Caggiani definió el proyecto como una reforma “gradual, pero estructural”.

Su impacto, explicó, no puede medirse solamente tomando cada artículo de manera aislada. Es el efecto conjunto de menores costos administrativos, más competencia, mejores herramientas para las mipymes, innovación y modernización estatal lo que puede modificar progresivamente el funcionamiento de la economía.

El senador recordó que esta agenda comenzó antes de la aprobación de la ley. Durante 2025 y 2026 se avanzó en la digitalización y eliminación de trámites vinculados al comercio exterior, con un impacto estimado de unos 40 millones de dólares en reducción de costos. Sumadas las nuevas medidas, estimó que el esfuerzo supera los 64 millones de dólares.

Para Caggiani, la ley debe articularse ahora con otras agendas del gobierno: reducción de costos logísticos, mejora de las tarifas públicas, fortalecimiento de la producción industrial y promoción de la inversión.

“Este es un proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, pero debería llamarse un proyecto de ley para que Uruguay y los uruguayos sean más prósperos”, concluyó.

El objetivo político, sintetizó, es que Uruguay pueda crecer a tasas mayores, pero que ese crecimiento no quede concentrado: que se transforme también en más producción, mejores empleos, menores costos y una distribución más amplia de la riqueza.