Tras la aprobación en el Senado del proyecto de Competitividad y Reducción del Costo de Vida, Daniel Caggiani destacó que la iniciativa busca simplificar trámites, bajar costos y facilitar la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Ante las críticas empresariales que la norma «no mueve la aguja», respondió: «capaz que para los grandes no tanto, para los chicos sí».
El Senador del MPP Daniel Caggiani destacó la aprobación en el Senado del proyecto de la ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida y aseguró que uno de sus principales impactos estará en las pequeñas y mediaas empresas, que enfrentan mayores dificultades que las grandes compañías para asumri los costos administrativos y burocráticos.
La iniciativa, que ahora deberá continuar su tratamiento en la Cámara de Diputados, aputna a reducir costos para producir y consumir en Uruguay mediante la simplificación administrativa, una mayor competencia, instrumentos para promover la innovación y distintas modificaciones vinculadas al comercio exterior. El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo contiene más de 240 disposiciones.
Para Caggiani, la reforma tiene una doble dimensión: hacer más sencillo el víncilo entre las personas y el Estado y, al mismo tiempo, mejorar las condiciones para producir, particularmente para quienes tienen menos estructura para enfrentar los trámites y costos existentes.
«Para los grandes no tanto, para los chicos sí».
Consultado por las declaraciones del presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, quien había planteado que la iniciativa «no mueve la aguja», Caggiani marcó una diferencia entre la situación de las grandes empresas y la realidad cotidiana de las mipymes.
El senador sostuvo que las grandes empresas cuentan habitualmente con estudios profesionales, gestores y estructuras capaces de absorber las exigencias administrativas, mietnras que para las empresas más pequelas cada trámite, registro o costo adicional tiene un peso mucho mayor.
Por eso, señaló que facilitar el acceso a registros, eliminar costos y simplificar procedimientos puede representar «un avance significativo» para un sector que concentra buena parte de la producción y del empleo del país.
El fortalecimiento de las mipymes es uno de los objetivos explícitos del proyecto. Entre otras disposiciones, la iniciativa incorpora herramientas para simplificar trámites y reducir costos de gestión para pequeñas empresas.
Un Estado que no pida varias veces lo mismo
Uno de los principales cambios defendidos por Caggiani apunta al funcionamiento del propio Estado.
El senador señaló que actualmente existen organismos que funcionan como “compartimentos” que no siempre intercambian información entre ellos, obligando a ciudadanos y empresas a presentar reiteradamente los mismos datos.
La ley busca avanzar hacia registros unificados y mecanismos para que la información pueda ser ingresada una sola vez y utilizada por diferentes organismos públicos.
También incorpora el denominado silencio positivo: para determinados procedimientos, si la administración no responde dentro del plazo establecido, el trámite podrá considerarse aprobado.
“Que no se tenga que pedir dos o tres veces la misma información según el lugar donde uno vaya a hacer el trámite”, resumió Caggiani.
La simplificación administrativa constituye uno de los cuatro grandes componentes de la propuesta enviada por el Ejecutivo y contempla registros unificados, digitalización y plazos máximos para las respuestas estatales.
Competitividad que llegue al bolsillo
Para Caggiani, sin embargo, mejorar la competitividad no puede quedar limitado a reducir los costos de las empresas. El objetivo final debe ser que esas mejoras también lleguen a los precios que pagan los consumidores.
El senador señaló que Uruguay ha firmado acuerdos comerciales que reducen aranceles para determinados productos, pero que ese beneficio no siempre termina trasladándose al precio final.
“Muchas veces esos beneficios arancelarios no se ven en el bolsillo o en la disminución del costo de los productos que Uruguay importa”, afirmó.
La preocupación por ese traslado forma parte del enfoque más amplio del proyecto, que incluye modificaciones destinadas a facilitar la competencia y reducir el costo de vida.
Caggiani ubicó esta agenda en un contexto de estabilidad macroeconómica, baja inflación y mejora del mercado laboral, pero sostuvo que ahora Uruguay necesita avanzar en reformas de escala más cotidiana: aquellas que determinan cuánto cuesta abrir una empresa, producir, importar, exportar o relacionarse con el Estado.
“Tenemos que ir a reformas microeconómicas que sobre todo hagan un Estado más eficiente y un país más fácil para producir, para vender, y sobre todo que eso se refleje en el costo de vida de los uruguayos y en el bolsillo de los uruguayos”, señaló.
Innovar para producir mejor
Otro capítulo destacado por el senador es el de innovación.
Caggiani sostuvo que Uruguay todavía arrastra rezagos en este terreno y valoró los instrumentos incluidos en la iniciativa para facilitar que empresas y sectores productivos puedan acceder a financiamiento público y privado destinado a incorporar nuevas tecnologías.
El objetivo, explicó, no es solamente aumentar la producción, sino “producir mejor y sobre todo producir con mayor calidad”.
El proyecto incorpora herramientas de apoyo y financiamiento a la innovación y modificaciones orientadas a facilitar inversiones y nuevos emprendimientos.
Una agenda que continúa
Caggiani señaló que la ley no agota los problemas de competitividad del país.
A la simplificación de trámites deberán sumarse avances en costos logísticos, tarifas energéticas, contratos entre privados y el Estado y relaciones laborales que combinen productividad, mejores salarios y buenas condiciones de trabajo.
El senador recordó además que durante el último año ya se adoptaron modificaciones administrativas que, según sostuvo, permitieron una reducción cercana a los 40 millones de dólares en costos para el sistema exportador.
La aprobación de la ley, desde esta perspectiva, forma parte de una agenda más amplia: hacer que la estabilidad económica se traduzca también en mejores condiciones para producir y trabajar.
Y allí Caggiani volvió a marcar dónde entiende que está uno de los principales impactos de la reforma: no necesariamente en las empresas que ya tienen la estructura para desenvolverse dentro del sistema actual, sino en las miles de pequeñas y medianas empresas que sienten cada trámite, cada demora y cada costo adicional.
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