El Filtro: la represión del gobierno de Lacalle Herrera que sigue impune

24 de agosto de 1994, hace 32 años, el Hospital Filtro quedó rodeado por cientos de uruguayos y uruguayas que salieron a la calle a defender el derecho de asilo de tres ciudadanos vascos. Esa noche, el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera respondió con una represión que dejó muertos, heridos y un medio de comunicación clausurado para siempre.

La historia había comenzado en mayo de 1992, cuando en La Trainera, un restaurante de comida vasca en Pocitos, fueron detenidos varios ciudadanos vascos acusados de pertenecer a ETA. La Justicia española solicitó la extradición de ocho de ellos y finalmente resolvió entregar a tres: Jesús María Goitia, Mikel Ibáñez Oteiza y Luis Lizarride.

Ante la inminencia de la extradición, en agosto de 1994 los tres ciudadanos vascos iniciaron una huelga de hambre. Con el correr de los días su salud se deterioró hasta que debieron ser internados en el Hospital Filtro. Ya dentro del centro de salud, el 19 de agosto endurecieron la protesta y suspendieron también el consumo de líquidos. Estaban dispuestos a morir en Uruguay antes que ser entregados al Estado español.

Afuera del Filtro empezó a crecer la solidaridad. Lo que comenzó como una vigilia sostenida por pequeños grupos terminó convirtiéndose en una movilización multitudinaria. Durante varios días, militantes, vecinos, trabajadores y organizaciones sociales acompañaron a los vascos, soportando el frío y permaneciendo en los alrededores del Hospital.

Se juntaron 25.000 firmas reclamando una salida humanitaria. Hubo movilizaciones, un paro convocado por el PIT-CNT y una vigilia que se mantuvo durante días alrededor del Hospital.

El gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera no cedió. Mientras la movilización reclamaba una salida política y humanitaria, el avión enviado desde España ya venía en camino.

Desde las primeras horas del 24 de agosto la tensión comenzó a crecer. La Policía avanzó sobre quienes permanecían alrededor del Hospital. Con el correr de las horas, el despliegue represivo fue aumentando.

Pasadas las 17:30 se produjo una nueva ofensiva policial. La zona estaba rodeada por coraceros montados a caballo y unidades equipadas para dispersar la concentración, que utilizaron gases, perros, cachiporras y sables.

Al caer la noche comenzaron los disparos: balas de plomo contra una multitud.

Esteban Massa, enfermero del SEMM, fue alcanzado por cuatro disparos mientras intentaba asistir a una de las personas heridas durante la represión.

Carlos Alejandro Font, de 18 años, fue gravemente herido de bala y sufrió pérdida de masa encefálica.

Fernando Morroni tenía 24 años. Intentó refugiarse en la zona de los talleres de CUTCSA. Allí fue baleado por la espalda y asesinado.

Cerca de las 21:00, buena parte de la zona quedó a oscuras, habían cortado el alumbrado público, y la represión dejó de concentrarse únicamente alrededor del Hospital: la persecución se extendió por distintas calles de Jacinto Vera.

“Griten libertad y cúbranse”.

La consigna recorrió las calles mientras cientos de personas intentaban escapar. Coraceros a caballo y tanquetas avanzaban entre la gente. Los manifestantes respondían con piedras mientras corrían buscando refugio en las calles del barrio.

Mientras esto sucedía en la calle, CX 44 Panamericana y CX 36 Centenario transmitían lo que estaba pasando. En medio de la confusión, las radios se convirtieron en un punto de referencia para quienes intentaban saber qué había ocurrido con familiares, amigos o compañeros que se encontraban en la zona. A través de sus micrófonos circulaba información sobre heridos, detenidos y personas cuyo paradero todavía se desconocía.

Y entonces el gobierno decidió también ir contra las radios.

CX 36 fue clausurada por 48 horas. CX 44 Panamericana fue clausurada para siempre. Para hacerlo, el gobierno recurrió a un decreto de la dictadura y acusó a las emisoras de “instigar a la violencia”.

Mientras la Policía reprimía en la calle, el gobierno sacaba del aire a los medios que estaban contando la represión.

CX 44, “la radio de la gente”, no volvió a transmitir.

Minutos antes de la medianoche, el avión de la Fuerza Aérea Española despegó rumbo a Madrid con Goitia, Ibáñez y Lizarride.

Atrás quedaban Fernando Morroni asesinado y más de un centenar de personas heridas, algunas de extrema gravedad. Horas después apareció muerto en su casa Roberto Facal, fotógrafo que había estado registrando lo ocurrido. Lo apuñalaron en la vereda y lo arrastraron hasta su casa, le fueron robadas algunas pertenencias, la Policía dijo que había sido un robo común.

Al día siguiente, Lacalle Herrera defendió la actuación de su gobierno. El ministro del Interior, Ángel María Gianola, sostuvo que la Policía había actuado frente a personas armadas y presentó la represión como una respuesta a una agresión previa.

La investigación judicial posterior contradijo esa versión. El juez Jorge Imas estableció que no había elementos que demostraran que los manifestantes hubieran disparado contra los efectivos policiales. Más adelante se supo, además, que los civiles que portaban armas durante aquella noche eran policías vestidos de particular.

El 24 de agosto de 1994 quedó marcado en la historia de nuestro país como una las jornadas represivas más graves desde el retorno de la democracia.

Desde entonces, Norma Morroni nunca dejó de reclamar justicia por Fernando. Año tras año, su lucha mantiene viva una pregunta que todavía no tiene respuesta: quiénes fueron los responsables de aquella noche y por qué, 32 años después, los asesinatos de Fernando Morroni y Roberto Facal continúan impunes.