Más de 150 dirigentes de 15 países participaron del Tercer Congreso Panamericano, que durante tres días convirtió a Montevideo en un espacio de articulación política de las izquierdas del continente. Integración regional, desarrollo productivo, soberanía tecnológica, bienestar y defensa del multilateralismo atravesaron un encuentro que buscó construir respuestas comunes frente a un escenario internacional cada vez más fragmentado.
Montevideo reunió durante tres días a legisladores, expresidentes, ministros y dirigentes políticos de 15 países en el Tercer Congreso Panamericano, un espacio que nació en Bogotá en 2024, continuó en Ciudad de México en 2025 y tuvo este año su tercera edición en Uruguay.
Las actividades comenzaron en el Palacio Legislativo, tuvieron una instancia abierta con más de 600 personas en el Teatro Solís y finalizaron el domingo en el Parlamento del Mercosur. Allí quedó planteado uno de los principales desafíos del encuentro: transformar los intercambios entre fuerzas progresistas del continente en una agenda de cooperación capaz de sostenerse más allá de cada coyuntura nacional.
La discusión partió de un diagnóstico compartido. Las transformaciones económicas y tecnológicas, las tensiones geopolíticas, el debilitamiento del multilateralismo y el crecimiento de fuerzas de derecha que coordinan discursos y estrategias internacionalmente obligan también a las izquierdas a construir respuestas que trasciendan las fronteras.
Para la senadora del MPP Bettiana Díaz, ese tipo de coordinación dejó de ser solamente deseable para convertirse en una necesidad política. Los distintos países, sostuvo, tienen “problemas distintos con agendas comunes”, y espacios como el Congreso constituyen una “necesidad estratégica” frente a la coyuntura continental.
No alcanza con resistir
Uno de los debates que atravesó el Congreso fue cómo evitar que la agenda de las izquierdas quede limitada a responder al avance de las derechas.
El expresidente chileno Gabriel Boric reivindicó el legado de José Mujica y planteó que las fuerzas progresistas deben recuperar la capacidad de interrogarse sobre el futuro. “Salgamos de las consignas y hagámonos las preguntas del futuro”, sostuvo durante la apertura.
En la actividad realizada en el Teatro Solís profundizó esa idea: “Tenemos que convocar al futuro, no solamente administrar el presente”.
La pregunta, entonces, no fue únicamente cómo defender conquistas alcanzadas durante décadas de luchas políticas y sociales, sino qué nuevas transformaciones pueden convocar a las mayorías en sociedades profundamente diferentes a las de hace veinte o treinta años.
Bettiana Díaz vinculó esa discusión con una tradición histórica de integración latinoamericana. Al cumplirse dos siglos del Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Simón Bolívar, sostuvo que recuperar aquel proyecto “no es una consigna nostálgica histórica, sino una necesidad”, particularmente frente a un mundo que se fragmenta cada vez más en grandes bloques.
Integración para defender la soberanía
La integración regional fue uno de los hilos conductores del encuentro, pero entendida en un sentido que excede ampliamente los acuerdos comerciales.
Lucía Topolansky planteó durante la jornada del Teatro Solís que cualquier proyecto integrador necesita apropiación popular para sobrevivir a los cambios de gobierno.
“La integración debe tener pueblo atrás, para que ese pueblo latinoamericano la haga suya”, sostuvo.
Topolansky propuso llevar esa discusión al terreno concreto: mecanismos regionales para enfrentar desastres naturales, herramientas soberanas para las transacciones monetarias, mayor facilidad para circular entre los países, intercambios estudiantiles y reconocimiento regional de títulos.
“Luchar por integrarnos es defender la poca soberanía que nos queda”, afirmó.
El diputado del MPP Joaquín Garlo ubicó la misma discusión en el escenario internacional actual. Para el legislador, uno de los acuerdos alcanzados durante las jornadas fue la necesidad de “defender el multilateralismo frente a esas doctrinas de supremacía unilateral” y reivindicar la integración como una herramienta para fortalecer los derechos en cada uno de los países.
Una agenda común para problemas que ya son regionales
Garlo señaló también que las deliberaciones mostraron preocupaciones que atraviesan a países con realidades políticas y económicas diferentes: desde la injerencia externa y las sanciones económicas hasta la concentración del poder tecnológico y las dificultades de los sistemas tradicionales de bienestar.
El objetivo, resumió, pasa por “fortalecer la democracia al servicio de las necesidades de nuestra gente”.
Para la diputada del MPP Inés Cortés, esas discusiones estuvieron inevitablemente atravesadas por la coyuntura internacional y por la necesidad de que los progresismos construyan mayores niveles de coordinación.
“Tenemos un Estados Unidos con una injerencia brutal en la región y la necesidad, en este contexto, de agruparnos los progresismos y las izquierdas, y tener agendas comunes”, señaló al finalizar el encuentro.
La idea de construir una agenda común no implica desconocer las particularidades nacionales. Por el contrario, uno de los sentidos del Congreso fue identificar aquellos problemas que, aunque tengan expresiones diferentes en cada país, difícilmente puedan resolverse exclusivamente dentro de sus fronteras.
Producir más y reducir la dependencia
Uno de los cuatro grandes ejes estuvo dedicado al desarrollo económico sostenible y la integración regional. Allí la discusión giró alrededor del papel del Estado, la industrialización con valor agregado, la transición climática y la construcción de cadenas productivas regionales.
Cortés, que había participado de los seminarios preparatorios de este eje en Santiago de Chile y Río de Janeiro, planteó la necesidad de que las cadenas de producción puedan superar las fronteras nacionales y generar mayores complementariedades entre las economías latinoamericanas.
“Hablamos de la necesidad de la integración productiva, que las cadenas de producción no necesariamente se circunscriban a un país, sino que lo puedan trascender”, explicó.
La diputada reivindicó además un papel activo de los Estados como promotores de la inversión pública, por su capacidad de movilizar el resto de la estructura productiva y generar desarrollo y bienestar.
La discusión apunta a un problema histórico de la región: cómo evitar que América Latina quede confinada al lugar de exportadora de materias primas mientras el conocimiento, la tecnología y los segmentos de mayor valor agregado permanecen concentrados en otras regiones.
La tecnología también define soberanía
La inteligencia artificial y la soberanía digital ocuparon otro lugar central de las jornadas.
La exministra chilena Camila Vallejo planteó que las fuerzas progresistas no pueden limitarse a denunciar la concentración tecnológica, sino que deben pensar alternativas propias: plataformas digitales, algoritmos y herramientas de inteligencia artificial que respondan a las necesidades de las sociedades latinoamericanas.
“Tenemos que ser capaces no solamente de denunciar, sino de construir una alternativa real”, sostuvo.
El diputado chileno Gonzalo Winter advirtió, por su parte, que la combinación entre inteligencia artificial y robótica puede provocar cambios productivos de una dimensión comparable o incluso superior a la Revolución Industrial.
El riesgo es que esa transformación encuentre nuevamente a los países latinoamericanos fragmentados, con escasas capacidades tecnológicas propias y dependiendo de decisiones tomadas fuera de la región.
Por eso, la discusión tecnológica apareció directamente ligada a otra más profunda: quién controla el conocimiento, quién obtiene los beneficios de los aumentos de productividad y qué margen de decisión conservarán los Estados.
Derechos que se sientan en la vida cotidiana
El cuarto eje del Congreso abordó bienestar, cuidados, trabajo y protección social.
Allí apareció una preocupación política que atravesó buena parte del encuentro: la necesidad de que los proyectos progresistas logren traducir sus principios generales en mejoras concretas de las condiciones de vida.
La diputada argentina Caren Tepp sostuvo que las izquierdas tienen el desafío de mostrar cómo la defensa de la salud pública, la educación, los cuidados o los derechos laborales se expresa efectivamente en la vida cotidiana y permite que las personas vivan mejor.
La exministra chilena Jeannette Jara reivindicó experiencias como la reducción de la jornada laboral y los sistemas públicos de cuidados, y recordó que la ampliación de derechos implica inevitablemente discutir cómo se distribuyen los recursos.
La cuestión vuelve así a uno de los problemas centrales de cualquier proyecto de izquierda: cómo vincular crecimiento, trabajo, redistribución de la riqueza y ampliación de derechos en una misma estrategia de desarrollo.
De Montevideo a una articulación permanente
El Congreso terminó el domingo con una sesión en el Parlasur y con la definición de avanzar en una agenda común sobre integración económica, reindustrialización, cadenas productivas regionales, bienestar y cuidados. Brasil será sede de la cuarta edición en 2027.
El desafío que queda después de Montevideo es que esa coordinación no termine junto con el encuentro.
Las derechas han demostrado en los últimos años que pueden construir redes políticas, económicas y comunicacionales que atraviesan fronteras. Frente a esa realidad, el Congreso Panamericano buscó empezar a consolidar otra forma de articulación: una que coloque en el centro la soberanía de los países, la integración de los pueblos, la democracia y la ampliación de derechos.
Como sintetizó Garlo, los problemas que atraviesan al continente “exigen respuestas coordinadas a nivel regional, y no soluciones aisladas de cada país”.
Montevideo dejó planteada esa tarea: construir una izquierda continental que no se limite a defender lo conquistado, sino que vuelva a organizar esperanza, imaginar transformaciones y disputar el futuro.
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