Diana Noy: «La reforma penitenciaria es una urgencia de todo el Estado»

19 de agosto de 2026

Durante la discusión del inciso del Ministerio del Interior, la diputada Diana Noy defendió la creación del Instituto Nacional de Reinserción como una reforma estructural ante la emergencia del sistema penitenciario. Advirtió que el hacinamiento y la reincidencia terminan repercutiendo directamente en la seguridad pública y llamó a construir un respaldo interpartidario: “La seguridad no termina cuando el juez dicta la sentencia”.

La transformación del sistema penitenciario no puede seguir siendo postergada. Con ese planteo, Diana Noy defendió durante la discusión de la Rendición de Cuentas la creación del Instituto Nacional de Reinserción y sostuvo que la situación actual de las cárceles convirtió una reforma largamente discutida en una “urgencia de todo el Estado uruguayo”.

La diputada ubicó el cambio institucional dentro de una transformación más profunda en la concepción de las políticas penitenciarias: pasar de una lógica concentrada únicamente en la reclusión hacia otra que coloque la reinserción como parte central de la política de seguridad.

Para Noy, ya no se trata solamente de un cambio de paradigma vinculado a los derechos humanos. La situación actual obliga a hablar directamente de una emergencia.

Cárceles que terminan reproduciendo el delito

Noy puso sobre la mesa la dimensión del problema: alrededor de 16.700 personas privadas de libertad, niveles críticos de hacinamiento y una reincidencia que ubicó próxima al 70%, particularmente entre quienes recuperan la libertad entre los 18 y los 37 años.

“La seguridad no termina cuando el juez dicta la sentencia”, afirmó.

Para la diputada, una política de seguridad que mire únicamente lo que sucede en las calles deja afuera una parte decisiva del problema: qué ocurre durante el tiempo en que una persona permanece bajo custodia del Estado y en qué condiciones recupera posteriormente su libertad.

“El sistema carcelario actual, con niveles críticos de hacinamiento y reincidencia, actúa como un dinamizador del delito en las calles, no como una solución”, sostuvo.

Desde esa perspectiva, invertir en reinserción no constituye una política separada de la seguridad pública, sino una forma de reducir la posibilidad de nuevos delitos.

Un instituto para una realidad que exige respuestas cotidianas

La legisladora defendió especialmente el diseño institucional previsto para el nuevo organismo y la necesidad de diferenciar la conducción política y estratégica de la gestión cotidiana.

El futuro Instituto deberá administrar una estructura territorialmente dispersa, con 30 unidades penitenciarias, unos 4.000 funcionarios, cerca de 17.000 personas privadas de libertad y aproximadamente 9.000 medidas judiciales.

Ese volumen, señaló Noy, obliga a contar con una conducción capaz de tomar decisiones de forma permanente frente a situaciones que muchas veces no admiten demora.

Traslados, cobertura de vacantes, protocolos de actuación, coordinación entre personal civil, penitenciario y policial o situaciones de riesgo para la vida forman parte de una gestión diaria que, argumentó, no puede quedar condicionada exclusivamente a las reuniones periódicas de un directorio.

Conducción política y capacidad de gestión

Frente a los cuestionamientos sobre las potestades de la presidencia del nuevo Instituto, Noy defendió un esquema que combine un órgano colegiado con una conducción ejecutiva clara.

El directorio, explicó, permitiría asegurar pluralidad político-partidaria, definir objetivos y prioridades, aprobar planes estratégicos y presupuestos y establecer las orientaciones generales de la política penitenciaria.

Al mismo tiempo, consideró necesario que exista una línea de mando inequívoca para gestionar una institución que trabaja diariamente con situaciones de alto riesgo.

La diputada señaló además que esa separación entre conducción estratégica y gestión cotidiana encuentra respaldo en recomendaciones de organismos internacionales y en los estándares que orientan actualmente las políticas penitenciarias.

La Rendición no se limita a crear un nuevo servicio descentralizado, sostuvo, sino que busca dotarlo de autonomía técnica y herramientas financieras y de gestión que permitan modificar el funcionamiento de las cárceles.

“No estamos recortando, estamos transformando una matriz del gasto para que cada peso invertido se traduzca en menos delitos en el futuro”, afirmó.

La legisladora planteó así que la discusión presupuestal no debería reducirse al costo inmediato de la reforma, sino incorporar también el costo social y económico que supone mantener un sistema con altos niveles de reincidencia.

Durante su intervención señaló que el costo de una persona privada de libertad ronda los 1.000 dólares mensuales, un esfuerzo estatal que, sostuvo, tiene que estar acompañado por políticas capaces de generar mejores resultados.

Una reforma que trascienda al gobierno

Noy reclamó que la transformación del sistema penitenciario sea asumida como una política pública de alcance nacional y no como una iniciativa exclusiva del oficialismo.

La diputada llamó a que las diferencias sobre aspectos concretos del nuevo Instituto puedan seguir trabajándose en los ámbitos parlamentarios correspondientes, con propuestas y modificaciones construidas con “respeto”, “seriedad” y conocimiento del funcionamiento de las cárceles.

“Cerrar este tratamiento del tema no es para mí un trámite presupuestal, es asumir una responsabilidad histórica con la seguridad pública de nuestro país”, afirmó.

Para Noy, la magnitud de la crisis penitenciaria dejó atrás el tiempo en que la reforma podía considerarse una alternativa entre varias.

“Desde esta banca estoy intentando convocar a que todos los partidos políticos respaldemos este cambio, porque la reforma dejó de ser una opción sectorial para convertirse en una urgencia de todo el Estado uruguayo”, concluyó.