
La senadora del Frente Amplio sostuvo que la guía electrónica de carga está en etapa de implementación, no tiene costo y se aplicará de forma progresiva. Tras recibir a representantes autoconvocados, señaló que muchos planteos refieren a problemas estructurales del transporte, especialmente a la cadena de pagos y a las tarifas que abonan los acopiadores.
Se refirió en rueda de prensa al intercambio mantenido en el Parlamento con representantes de organizaciones autoconvocadas vinculadas al transporte y al agro. La legisladora señaló que la jornada permitió ordenar planteos, despejar dudas sobre la guía electrónica de carga y empezar a separar los reclamos concretos de los problemas estructurales que atraviesan al sector.
Díaz sostuvo que el Parlamento viene recibiendo a distintas organizaciones, con más de 40 representantes, y que quedó claro que la guía de carga “no tiene costo”, que se encuentra en una fase de implementación y que su puesta en marcha será progresiva.
“Hoy quedó muy claro que la guía no tiene costo, que está en una fase de implementación, que en realidad se va a poner en marcha de forma progresiva”, afirmó.
La senadora también señaló que habrá una contemplación especial para pequeñas y medianas empresas, uno de los reclamos más sentidos por los distintos sectores.
Una implementación progresiva
Díaz explicó que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ya había informado que los tiempos de implementación y fiscalización de la guía no serían inmediatos, y que la herramienta se encuentra en etapa de ajustes técnicos.
Según indicó, parte de las preocupaciones de los transportistas surgieron a partir de mensajes de ensayo que recibieron algunos camioneros, lo que motivó parte de la movilización. Sin embargo, aclaró que se está trabajando en mejorar el software y simplificar el sistema.
La senadora mencionó ajustes vinculados a zonas con baja cobertura de internet, datos precargados y mecanismos para que la carga de información sea más rápida.
“Datos precargados para hacer más fácil la tarea, para que no lleve más de dos o tres minutos”, explicó.
Para Díaz, el objetivo del gobierno es avanzar hacia más controles, pero hacerlo con diálogo, gradualidad y tomando en cuenta la realidad de quienes trabajan en el sector.
“Nosotros queremos avanzar en tener más controles y esto es algo que asumimos como un compromiso de gobierno”, sostuvo.
Planteos diversos y falta de representación única
La legisladora advirtió que las organizaciones autoconvocadas no tienen un planteo único ni una representación nacional consolidada. Incluso dentro de un mismo departamento o región, dijo, aparecen posiciones diferentes.
“Es muy difícil atender la problemática cuando es tan diversa en un mismo espacio”, afirmó.
Díaz señaló que algunos sectores plantean directamente un rechazo a la guía, mientras otros no se oponen a la herramienta, sino que solicitan garantías legales y jurídicas sobre la interoperabilidad de los datos.
“Hubo una parte de los sectores que vino que planteó que esto no es un no a la guía”, indicó.
La senadora explicó que algunas inquietudes refieren al intercambio de información entre organismos del Estado, algo que ya funciona en distintas áreas mediante convenios y bajo el marco legal de AGESIC y la ley de protección de datos personales.
“Desde que nosotros empezamos a legislar en este país hace casi 20 años con respecto a la simplificación de trámites, la interoperabilidad del Estado uruguayo y el intercambio de información, todo amparado bajo las leyes que usa AGESIC”, señaló.
El problema estructural del transporte
Díaz sostuvo que muchos de los planteos recogidos no tienen que ver directamente con la guía electrónica, sino con problemas estructurales del transporte de carga.
“Hay problemas estructurales del sector que no tienen que ver con la guía”, afirmó.
En particular, mencionó la forma en que se fijan y se pagan las tarifas en la cadena de transporte, especialmente en el caso de los granos. Según explicó, varios transportistas plantearon que los acopiadores no están trasladando los aumentos de costos a las tarifas que pagan por los viajes.
“Está íntimamente ligado a cómo la tarifa que pagan los acopiadores no ha subido en relación a cómo aumentaron los costos para algunos sectores”, sostuvo.
La senadora señaló que algunos transportistas llegan a obtener ganancias de 2.000 o 2.000 y pocos pesos por viajes extensos, en una actividad que definieron como muy esforzada.
“Llegan a tener una ganancia de 2000, 2000 y pico de pesos por viaje, a veces son viajes extensísimos”, explicó.
Para Díaz, esa situación muestra que el problema no se resuelve simplemente frenando o aplicando la guía, porque involucra relaciones privadas, tarifas, rentabilidad y condiciones laborales.
«Un problema entre privados»
En la rueda de prensa, Díaz fue clara al señalar que una parte importante del conflicto está en la relación entre actores privados de la cadena.
“Esto tiene un gran componente de un problema entre privados a la hora de cómo se genera la cadena de pagos, cómo se cumple o no con las tarifas que están establecidas por el Ministerio”, afirmó.
La legisladora sostuvo que ese incumplimiento genera dificultades que afectan la rentabilidad del transporte, incluso más que la discusión sobre el precio del combustible o los salarios.
“Eso genera una serie de dificultades que afectan a la rentabilidad, mucho más que la discusión sobre el precio de combustible o los salarios de los trabajadores”, señaló.
Díaz remarcó que varios representantes plantearon la necesidad de ordenar el sistema e incluso solicitaron la convocatoria de un consejo de salario, lo que muestra la diversidad de demandas y la necesidad de abrir espacios específicos para abordar cada problema.
Combustibles y tarifas
La senadora también se refirió al precio de los combustibles, uno de los reclamos planteados por algunos sectores. Díaz sostuvo que el aumento de costos está ligado a una situación internacional, pero también a que las tarifas que pagan los acopiadores no acompañaron esos incrementos.
Además, recordó que el gobierno no trasladó de forma plena el Precio de Paridad de Importación al valor de los combustibles.
“Si nosotros a partir de abril, que es donde empezamos a sentir el impacto sobre el precio de los combustibles a refinar, hubiéramos trasladado el precio paridad de importación, la suba tendría que haber sido mayor a 30 por ciento y el gobierno aumentó 7”, afirmó.
Para Díaz, esto demuestra que el Poder Ejecutivo actuó con criterio de gradualidad y cuidado, evitando un impacto mayor sobre el conjunto de la economía.
“El ministerio y el gobierno en general han tenido la discrecionalidad suficiente para ajustar a la baja durante las zafras, para aumentar muy por debajo del precio que se debería aumentar”, sostuvo.
«Se partidizó»
Consultada sobre si el tema se politizó, Díaz respondió que, más que politizarse, se partidizó. La senadora cuestionó que en una instancia anterior en el Parlamento se haya convocado únicamente a legisladores de la oposición para recibir a representantes autoconvocados.
“Se partidizó, político es”, afirmó.
Díaz señaló que los integrantes oficialistas de la Comisión de Transporte no fueron convocados, pese a que son quienes tienen un vínculo más directo con el Poder Ejecutivo y podrían haber contribuido a canalizar soluciones.
“A ninguno nos convocaron a una movilización y nos dicen, bueno, sabían, ¿no? Uno que tiene que andar adivinando en qué sala del Palacio se están juntando, realmente parece una falta de respeto”, expresó.
De todos modos, sostuvo que ese episodio quedó saldado tras el intercambio parlamentario y valoró que incluso quienes habían tenido posiciones más beligerantes terminaran agradeciendo la disposición de todos los partidos.
“Entendemos que eso quedó saldado en el día de ayer”, afirmó.
Diálogo para ordenar las soluciones
Díaz destacó que el Ministerio de Transporte mantiene varias mesas de diálogo y que la Comisión continuará recibiendo delegaciones, incluidas organizaciones de trabajadores. Para la senadora, el camino debe ser ordenar los planteos, distinguir qué corresponde al transporte, qué corresponde al agro y qué problemas surgen de la relación entre privados.
“Nosotros hoy recogimos el guante de muchísimos puntos que tienen que ver con la regulación”, señaló.
La legisladora sostuvo que la guía electrónica de carga no debe ser presentada como el origen de todos los problemas, porque muchos de ellos son anteriores y estructurales. Al mismo tiempo, defendió la necesidad de avanzar en controles, trazabilidad y formalización.
La clave, planteó, será construir una salida con información clara, implementación progresiva y diálogo con todos los sectores.
“El problema de fondo no se soluciona ni con guía ni sin guía”, resumió.
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