
La diputada del Frente Amplio analizó en La Diaria Radio la comparecencia del ministro Carlos Negro en la Comisión de Seguridad, el caso del adolescente de 16 años muerto en un procedimiento policial en el barrio Borro, los cambios en la cúpula policial, la regulación de municiones y la necesidad de abordar la seguridad con presencia del Estado, políticas sociales y reforma del sistema penitenciario.
Sierra explicó que la presencia del ministro en comisión estaba prevista desde hacía varias semanas y que fue solicitada por el propio Ministerio del Interior y por la bancada oficialista para informar sobre los avances del Plan Nacional de Seguridad.
«La convocatoria fue a pedido del Ministro y de la bancada oficialista», aclaró.
Sin embargo, mientras transcurría la comisión, los legisladores comenzaron a recibir información sobre el operativo en el Borro, donde un adolescente fue abatido durante un procedimiento policial.
La diputada señaló que, según la información primaria brindada en comisión, el procedimiento quedó registrado por las cámaras GoPro de los efectivos policiales. Ese material, explicó, está siendo analizado por los mecanismos interos del Ministerio del Interior y también se encuentra en manos de la Justicia.
«Se va a saber todo lo que sucedió y va a estar todo claro», afirmó.
Sierra sostuvo que el Ministerio informó en esa instancia que, de acuerdo con los primeros elementos disponibles, no había indicios de abuso policial. De todos modos, insistió en que el caso debe aclararse por completo.
«Creo que es importante que todo se aclare, que no quede en la nebulosa», señaló.
La legisladora remarcó que Uruguay vive en un Estado de derecho y que los procedimientos policiales deben evaluarse con rigor. Para Sierra, si existió una actuación indebida, debe haber consecuencias, y si los efectivos actuaron conforme a derecho en una situación de riesgo, también corresponde respaldarlos.
Más allá de los elementos del procedimiento, Sierra fue enfática en señalar el impacto humano del hecho. Dijo que la primera reacción al conocer la noticia fue de angustia, por tratarse de un adolescente de 16 años.
“Es una angustia tremenda porque son 16 años, o sea es terrible”, expresó.
La diputada planteó que, además de investigar el operativo puntual, el país debe preguntarse por las condiciones estructurales que llevan a que un adolescente termine armado y enfrentado a la Policía.
“Qué nos está pasando para que un adolescente tenga un arma y esté en esa situación”, reflexionó.
Para Sierra, la seguridad no puede ser reducida a cifras ni a lecturas partidarias. Cada hecho violento habla de vidas, trayectorias rotas, barrios atravesados por desigualdades y un Estado que muchas veces no llegó a tiempo.
“Hay muchas cosas que hacen a las injusticias estructurales de este sistema también”, afirmó.
Cambios en la Policía: evaluación permanente
Sierra también fue consultada por los cambios recientes en la cúpula policial. La diputada señaló que el ministro Carlos Negro tomó esas modificaciones con naturalidad y las ubicó dentro de una evaluación permanente de la política de seguridad.
“Uno está en evaluación permanente”, sostuvo.
Para la legisladora, mover jerarquías o reorganizar equipos puede ser una señal positiva cuando se busca mejorar resultados o acelerar procesos.
“Creo que es una buena señal que cuando uno quizás no va con la rapidez que le gustaría tener algunos resultados, no avanzando como le gustaría o simplemente necesita mover algo para que las cosas salgan mejor, y creo que ahí es sano cambiar”, afirmó.
Sierra recordó que los cambios en jefaturas y jerarquías policiales no son excepcionales, y que también ocurrieron en administraciones anteriores. Lo importante, dijo, es que respondan a evaluaciones serias y a la necesidad de mejorar la presencia y la eficacia del Ministerio del Interior.
Municiones, armas y crimen organizado
Otro de los temas abordados en la comisión fue la regulación de municiones y armas. Sierra explicó que el Ministerio del Interior trabaja en un decreto y que también existe un proyecto presentado por el diputado Alejandro Zavala en coordinación con la cartera.
La diputada señaló que el diagnóstico del Ministerio muestra que muchas municiones utilizadas en delitos provienen de armas registradas legalmente.
“Hay un robo de municiones para que después se usen cometiendo delitos”, explicó.
Sierra aclaró que la iniciativa no apunta contra cazadores ni contra personas que tienen armas registradas y cumplen con los requisitos legales. Tampoco se trata, dijo, de un desarme general de la población.
“No va por ese lado”, afirmó.
Para la legisladora, cuando el Estado detecta un problema concreto en la circulación ilegal de municiones, debe actuar.
“Cuando uno detecta un problema algo tiene que hacer”, sostuvo.
«No podemos hablar de cifras»
Sierra también respondió sobre la evolución de los indicadores de seguridad y los cuestionamientos de la oposición. Dijo que el Ministerio está cerrando los informes del período y que actualmente se miden más indicadores que antes.
Según explicó, se pasó de medir cinco indicadores a quince, lo que permite tener una lectura más detallada de los delitos y de las nuevas modalidades criminales.
De todos modos, advirtió que la discusión sobre seguridad no debe convertirse en una disputa fría de números.
“Necesitamos humanizar un poco más el manejo de la seguridad”, afirmó.
La diputada dijo que no corresponde celebrar cifras cuando bajan los delitos ni reducir la discusión a si un indicador sube o baja algunas décimas. Para Sierra, detrás de cada homicidio, cada balacera y cada hecho violento hay vidas concretas.
“No podemos hablar de cifras, me beneficien políticamente o no”, sostuvo.
Más Barrio y presencia del Estado
Consultada por la preocupación de la bancada oficialista en materia de seguridad, Sierra respondió sin rodeos: “Muchísima”.
La diputada señaló que la Comisión de Seguridad y Convivencia recibe a vecinos organizados por la seguridad de sus barrios, pero también remarcó la importancia de salir del Palacio Legislativo y no desconectarse de la realidad cotidiana.
“Tratamos de no desconectarnos de eso”, afirmó.
Sierra defendió políticas como Más Barrio, que combinan seguridad, infraestructura, vivienda, políticas sociales y presencia territorial. A su entender, el país no puede seguir “emparchando” la seguridad únicamente con más patrulleros o más efectivos, aunque reconoció que la presencia policial también es necesaria.
“De qué seguridad se puede hablar en esos barrios cuando el Estado no está”, planteó.
La legisladora mencionó barrios donde faltan servicios, saneamiento, presencia estatal, escuelas seguras y condiciones básicas para vivir. Para Sierra, si el Estado no llega a esos territorios, otros actores ocupan ese lugar.
Cárceles y rehabilitación
La diputada también se refirió a la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, que podría incluirse en la Rendición de Cuentas. Sierra señaló que se trata de una transformación esperada desde hace años por distintos partidos.
“Tenemos un problema enorme en el sistema penitenciario de este país”, afirmó.
Sierra vinculó la crisis carcelaria con otros problemas sociales, como la situación de calle, la reincidencia y la violencia. Recordó que Uruguay tiene una población privada de libertad muy alta en comparación regional e internacional, y que muchas personas salen de la cárcel sin oportunidades reales de reinserción.
“Cuando vos no tenés un proceso de rehabilitación real, es imposible construir otra cosa”, señaló.
Para la diputada, la descentralización del INR debe ser una prioridad en los próximos meses. Aunque existe consenso político general sobre la necesidad de avanzar, advirtió que habrá discusión sobre la forma concreta, la jerarquía institucional, los recursos y el diseño del nuevo organismo.
“Creo que hay consenso y hay acuerdo de todos los partidos para que se descentralice”, sostuvo.
Seguridad con derechos y con Estado
Sierra planteó que la seguridad no se resuelve con una sola medida ni con respuestas simplistas. Requiere policías respaldados y controlados, políticas de prevención, inteligencia, regulación de armas y municiones, presencia social del Estado, rehabilitación penitenciaria y una mirada humana sobre cada vida afectada por la violencia.
Para la legisladora, el desafío es construir una política de seguridad que no se limite a reaccionar después del daño, sino que intervenga antes, en los territorios, en las trayectorias y en las condiciones que hacen posible la violencia.
“Hay que humanizar lo que está pasando en este país”, resumió.
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