
La diputada del Frente Amplio defendió en Esta boca es mía la ley de empleo integral aprobada por el Parlamento y sostuvo que la iniciativa amplía los subsidios a nuevos colectivos con dificultades de acceso al trabajo. También destacó que el proyecto fue votado por unanimidad y que apunta especialmente a jóvenes, mujeres, personas afrodescendientes, mayores de 45 años, personas con discapacidad y liberados.
La legisladora sostuvo que la norma forma parte de un proceso de acumulación positiva de políticas de promoción del empleo y busca mejorar herramientas anteriores que no lograron llegar con la suficiente fuerza a todos los sectores.
Maneiro recordó que en 2013 se aprobó la Ley de Empleo Juvenil, que en 2018 se incorporaron mecanismos de fomento al empleo para personas mayores de 45 años y que en 2021 se unificaron distintos instrumentos. Según explicó, la nueva ley no parte de cero, sino que mejora ese camino.
“Lo que aprobamos en la Cámara el día martes lo que hace es mejorar este proceso de leyes en una acumulación positiva”, afirmó.
Nuevos colectivos incorporados
La diputada explicó que la ley anterior abarcaba a jóvenes de entre 15 y 29 años, personas mayores de 45 años y personas en situación de discapacidad. La nueva norma amplía ese universo e incorpora a otros colectivos que enfrentan mayores dificultades para acceder al empleo.
Entre ellos mencionó a personas afrodescendientes, personas trans, mujeres en hogares monoparentales, madres, padres y tutores de niñas y niños en situación de discapacidad, personas privadas de libertad y personas recién liberadas.
“Eso es un poco el gran avance que tiene esta ley que aprobamos”, sostuvo.
Maneiro señaló que existe evidencia de que estos colectivos encuentran más obstáculos al momento de conseguir trabajo y que, por eso, el Estado debe generar incentivos concretos para que las empresas los incorporen.
Subsidios según vulnerabilidad
La ley establece subsidios a empresas que contraten personas incluidas en los colectivos definidos por la norma. Maneiro explicó que el beneficio varía según el perfil de la persona contratada y el nivel de vulnerabilidad.
Como ejemplo, señaló que si una empresa contrata a un varón joven, el Estado puede subsidiar el 25% del salario. Si se trata de una mujer, el subsidio aumenta al 33%. En situaciones de mayor vulnerabilidad, los porcentajes pueden crecer.
La diputada aclaró que una ley por sí sola no genera empleo de forma automática, pero sí puede orientar decisiones de contratación hacia personas que hoy tienen más dificultades para ingresar al mercado laboral.
“Este tipo de leyes no generan empleo. Lo que hace es, en los sectores que tienen más complicaciones a la hora de conseguir un trabajo, ahí es que entre elegir a un varón de 33 años para conseguir un empleo, que elijan a uno de 24 y en lo posible, si es mujer y en lo posible que esté en situación de vulnerabilidad”, explicó.
«No es un saludo a la bandera»
Consultada sobre si la ley puede terminar siendo apenas una declaración de intenciones, Maneiro sostuvo que no se trata de un “saludo a la bandera”, aunque reconoció que es un primer paso y que será necesario evaluar su implementación.
“Un saludo a la bandera no es, pero sí es un avance, es un paso, es un primer paso”, afirmó.
La diputada explicó que en el último año del período anterior la inversión prevista era de 350 millones de pesos, mientras que este proyecto prevé una tendencia de 407 millones de pesos.
Sin embargo, señaló que uno de los problemas detectados fue que, aunque existían recursos asignados, no se llegó a ejecutar todo el dinero previsto. Según explicó, una de las razones fue que muchas personas contratadas mediante estos programas no lograron sostenerse en el empleo durante un año.
“La mayoría de las personas no pasaron los seis meses en los puestos de trabajo a través del subsidio”, indicó.
Acompañar para sostener el empleo
Maneiro sostuvo que uno de los cambios importantes de la nueva ley es el seguimiento y acompañamiento de las personas contratadas, para que puedan permanecer en el puesto durante al menos un año.
La diputada explicó que existe evidencia de que cuando una persona logra sostenerse ese tiempo en un empleo inicialmente subsidiado, aumentan las posibilidades de que permanezca trabajando una vez finalizado el beneficio.
“Si las personas están un año en ese empleo que es inicialmente subsidiado, después quedan trabajando”, señaló.
Según Maneiro, ese acompañamiento es clave para que la política no se limite a facilitar una contratación inicial, sino que ayude a construir estabilidad laboral.
Llegar al interior y a las pequeñas empresas
Uno de los puntos centrales del debate fue cómo lograr que la ley llegue efectivamente a las pequeñas y medianas empresas, especialmente en el interior del país.
Maneiro reconoció que allí existe un desafío importante. Señaló que el 80% de las contrataciones realizadas con instrumentos anteriores se concentraron en Montevideo, lo que muestra que algo no funcionó bien en la llegada territorial.
“Eso es una señal, un diagnóstico de que algo no está funcionando cuando vos querés hacer una ley que tenga un impacto nacional”, afirmó.
La diputada explicó que el Poder Ejecutivo trabaja en facilitar los trámites a través de una plataforma, para que las empresas no tengan que realizar todo el proceso de forma presencial. Esto es especialmente importante para micro y pequeñas empresas, unipersonales y emprendimientos que no cuentan con oficinas de recursos humanos o estudios contables.
“Eso también abre un poco la cancha e intenta llegar a los lugares donde las leyes anteriores no llegaron”, sostuvo.
Una ley construida con diálogo
Maneiro destacó que la ley fue elaborada en diálogo con cámaras empresariales, el Consejo Superior Tripartito, el movimiento sindical y organizaciones sociales.
“Esta ley se armó en conversación con las cámaras empresariales, con el Consejo Superior Tripartito, con el movimiento sindical, con organizaciones sociales”, afirmó.
Para la diputada, ese proceso es importante porque permite que los principales actores del mundo del trabajo conozcan la herramienta, aporten a su diseño y colaboren en su implementación.
“Fue creada en base a un diálogo nacional y construida con la opinión de todos”, señaló.
Además, remarcó que el proyecto fue aprobado por unanimidad tanto en el Senado como en Diputados, lo que muestra un acuerdo político amplio sobre la necesidad de generar incentivos al empleo.
Seguimiento y rendición de cuentas
La diputada explicó que durante el tratamiento parlamentario se incorporó una obligación de seguimiento anual del programa. El gobierno deberá presentar información en cada Rendición de Cuentas sobre cuántas personas accedieron al subsidio, cuántas permanecieron durante todo el año y qué dificultades surgieron en la implementación.
“En la rendición de cuentas de cada año hacer una presentación de cuántas personas se ampararon en el subsidio, cuántas se mantuvieron todo el año, y ver las dificultades”, explicó.
Para Maneiro, esta herramienta permitirá corregir problemas, ajustar la política y evitar que la ley quede encerrada en el Parlamento sin impacto real.
“Votar las leyes del mármol para adentro y que se queden ahí como encapsuladas, no sirve para nada”, afirmó.
El rol de INEFOP
Maneiro también destacó el papel que tendrá INEFOP en la capacitación de las personas trabajadoras alcanzadas por la ley. Según explicó, la norma prevé que quienes ingresen por estos programas puedan acceder a cursos y herramientas de formación.
“Está explícito en la ley que el INEFOP es uno de los actores protagonistas de esto”, señaló.
La diputada sostuvo que la capacitación es cada vez más importante en un mundo del trabajo cambiante, donde muchas personas deben reconvertirse y seguir formándose a lo largo de su vida laboral.
“Se terminó eso de terminé de estudiar y voy a trabajar de lo que estudié y no tengo que estudiar más”, afirmó.
Para Maneiro, el avance tecnológico obliga al Estado, a las empresas y a los trabajadores a pensar la formación como un proceso permanente.
Trabajo como política social
En el cierre del intercambio, Maneiro defendió el valor de la ley como parte de una mirada más amplia sobre empleo, inclusión y justicia social. Señaló que el desempleo juvenil triplica el desempleo promedio y que las mujeres tienen una tasa de desempleo superior a la de los varones.
“El desempleo juvenil es el triple del desempleo promedio y las mujeres tenemos un 2% de desempleo más que los varones”, afirmó.
La diputada sostuvo que la aprobación unánime de la ley muestra que existe un consenso político y social sobre la necesidad de generar incentivos para que los sectores más rezagados puedan acceder al trabajo.
Para Maneiro, la norma no resuelve por sí sola los problemas del empleo, pero permite orientar recursos públicos hacia quienes más dificultades tienen para ingresar al mercado laboral.
“Demuestra que es una buena ley y que vamos encaminados en un consenso político y social de generar incentivos para el empleo”, concluyó.
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