
En la interpelación a Juan Castillo, la diputada del MPP comparó cuatro décadas de evolución del salario y reivindicó los Consejos de Salarios como la principal herramienta de distribución del ingreso.
La diputada del MPP Estela Pereyra llevó a la interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, un cálculo que resume cuatro décadas de política salarial. Planteó que, si desde la vuelta a la democracia el salario real aumentó 100 pesos, 89 corresponden a los 15 años de gobiernos del Frente Amplio y a los 20 meses del actual. Los 11 restantes corresponden a los 30 años de gobiernos de los partidos de la coalición. Los asalariados y los jubilados, que representan más del 90% de los hogares, “recibieron más de 7 veces el incremento en su poder de compra que en 30 años de gobierno de los partidos que integran la coalición”, subrayó.
“Crecimiento sin distribución no es desarrollo y no hay ninguna variable que distribuya mejor que el salario”, afirmó Pereyra. Por eso puso el foco en los Consejos de Salarios, a los que llamó “la madre de todas las políticas sociales”. Explicó que, cuando funcionan sin interrupciones, redistribuyen el ingreso, amplían derechos y democratizan las relaciones laborales.
Lo que pasó cuando no se convocaron
Pereyra recordó lo que ocurrió en los años en que los Consejos de Salarios no se convocaron, desde los 90 hasta 2005: salarios estancados, pérdida de poder adquisitivo, trabajo en negro y desregulación laboral. Solo entre 2000 y 2004, durante el gobierno de Jorge Batlle, los trabajadores perdieron 20% de su poder de compra.
Fue más atrás en la serie. Entre febrero de 1982 y febrero de 1984, la dictadura redujo los salarios reales 28,68%. El primer gobierno de Julio María Sanguinetti, el único de los partidos de la coalición que los aumentó de forma importante, con una suba de 26,35%, no llegó en cinco años a devolverlos al nivel de febrero de 1982.
“Reinstalando los consejos de salario en el 2005, el Frente Amplio desplegó una política laboral y salarial que hemos continuado en cada periodo de gobierno, buscando recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y privilegiar la negociación colectiva”, afirmó. Recordó también por qué esa política pesa tanto: “la inmensa mayoría de las personas viven de su salario”.
Los números como evidencia
Para la diputada, la diferencia entre unos gobiernos y otros se ve en los resultados. Los posicionamientos pueden ser legítimos, dijo, pero “cuando nos toca asumir, es donde se ven las responsabilidades con la gente, que no son sólo cuestiones discursivas”. Y agregó: “Los números sirven para comprender la realidad y sirven como evidencia de las políticas aplicadas”.
Reconoció también la capacidad de diálogo permanente del ministerio y del gobierno de Yamandú Orsi. Frente a quienes durante la sesión hablaron de un daño a la imagen del país, defendió la institucionalidad uruguaya: Uruguay tiene una sólida institucionalidad política y jurídica, reconocida en la región y en el mundo, que atrae inversiones. “Somos ejemplo de democracia y lo seguiremos siendo”, dijo. Cerró con una idea sobre el lugar del diálogo social en un país de algo más de tres millones de habitantes: su importancia es crucial cuando se parte de la premisa de que los reclamos de los trabajadores son legítimos.
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