Joaquín Garlo: «Sin esa cadena de decisiones, el fraude de Cardama no hubiera podido consumarse»

14 de octubre de 2026

Como miembro informante del Frente Amplio, el diputado Joaquín Garlo presentó ante la Asamblea General las conclusiones de la comisión investigadora sobre Cardama. El informe constató una reducción de más de 80 exigencias técnicas a solo tres, casi un año sin registros sobre decisiones clave, documentación falsificada y pagos por más de 16 millones de euros sin los controles previstos. El Frente Amplio pidió que Fiscalía investigue eventuales responsabilidades.

Como miembro informante, Garlo fue directo sobre el resultado de la investigación, que arrojó que Cardama actuó de mala fé y presentó documentación falsa, pero eso no alcanza para explicar cómo el Estado uruguayo terminó expuesto en contrato de más de 80 millones de euros.

La otra parte de la historia está en las decisiones que se tomaron del lado del Estado uruguayo: «La sucesión de decisiones y omisiones que debilitaron sistemáticamente y de forma progresiva los mecanismos de control y las garantías que debían proteger los intereses del Estado uruguayo fueron claras», sostuvo Garlo.

Y más adelante resumió una de las principales conclusiones políticas del informe: «Sin esa cadena de decisiones contrarias al interés público, el fraude de Cardama no hubiera podido consumarse en los términos que ocurrió».

De másd e 80 exigencias técnicas a solamente 3

Uno de los primeros elementos que Garlo puso arriba de la mesa fue cómo cambiaron las condiciones técnicas para contratar las patrulleras.

En el procedimiento realizado en 2022 las ofertas debían cumplir más de 80 características técnicas establecidas por la Armada Nacional.

En el proceso de 2023 que terminó con la con la contratación de Cardama, quedaron solamente tres.

«De 80 exigencias técnicas establecidas por la Armada Nacional, el gobierno anterior decidió disminuirla a 3. Todavía seguimos sin respuesta de por qué se tomó esa decisión», afirmó.

La comisión constató además que Cardama no tenía experiencia previa en la construcción de buques de ese tipo.

Y había otro elemento, el barco que ofreció tampoco existía como buque probado, «se trataba de un diseño, un prototipo que jamás había sido construido, que no había sido comprobado, que nunca había sido puesto sobre el agua a flotar», señaló Garlo.

Para el informe del Frente Amplio, el proceso rompió así con los criterios técnicos que la Armada había utilizado durante años: menos requisitos, menos posibilidades de comparación y menos controles.

Once meses de prórrogas y ningún registro en el expediente

La investigación encontró después un vacío difícil de explicar. Durante casi once meses después de vencido el plazo original para construir las garantías, Cardama recibió sucesivas prórrogas.

Pero ese recorrido no quedó documentado en el expediente, «el expediente de Cardama no tiene un solo documento sobre el proceso de constitución de garantías», afirmó Garlo.

La comisión tuvo que reconstruir lo sucedido a partir de correos electrónicos conservados por estudio DelPiazzo y entregados al Ministerio de Defensa Nacional en 2025.

«Hay un vacío documental de prácticamente un año en torno a una de las decisiones más sensibles en un contrato que comprometía más de 80 millones de euros del presupuesto nacional», señaló.

Veinte borradores hasta llegar a una garantía trucha

En ese período Cardama presentó más de 20 propuestas distintas para intentar constituir las garantías, finalmente, apareció Eurocommerce.

La investigación determinó que la documentación presentada para acreditar a esa empresa había sido falsificada y que la supuesta garante no existía en los términos en los que había sido presentada al Estado uruguayo.

«No bastó con dilatar los plazos una y otra vez, sino que se presentó una garantía falsa, fundada en documentación falsa, de una empresa inexsitente», afirmó Garlo.

Durante su exposición mostró además el documento original y el que fue presentado al Estado.

Según la investigación, la firma y la apostilla auténticas de otro documento fueron reutilizadas para elaborar el acta presentada por Cardama. «No hay lugar a duda de que hubo una deliberada falsificación de la documentación», sostuvo.

La garantía falsa abrió la puerta al primer pago

Garlo dedicó una parte importante de su intervención a los pagos realizados durante el gobierno anterior.

El primer desembolso, superior a los 8 millones de euros, dependía contractualmente de la presentación de las garantías.

Y ahí la conclusión del informe fue categórica, «fue la garantía trucha la que le permitió a Cardama cobrar esos primeros 8 millones de euros», señaló.

La comisión constató además que el entonces minsitros de Defensa, Armando Castaingdebat, autorizó un pago haciendo referencia al «análisis de las garantías», pese a que la documentación llegó al Ministerio ocho días después.

«El ministro autorizó el pago sin conocer el contenido de la documentación, documentación que luego se demostró que era falsa», afirmó Garlo.

El segundo pago se autorizó dos días antes del cambio de gobierno

La investigadora encontró problemas también en el siguiente desembolso, pues la documentación remitida por Cardama estaba en inglés, no había sido traducida ni apostillada y, según el informe, no fue sometida a los controles exigidos antes de que la Armada diera su conformidad.

A pesar de eso, se avanzó con un nuevo pago por más de 8 millones de euros, Garlo remarcó además el momento en que ocurrió: «autorizaron ese pago dos días antes del cambio de gobierno», afirmó.

En total, los dos primeros desembolsos comprometieron más de 16 millones de euros.

«Sin esas acciones, toda esta historia no hubiese ocurrido»

Para Garlo, Cardama tiene la responsabilidad principal por las maniobras constatadas. Pero esa afirmación, dijo, no puede utilizarse para borrar qué ocurrió del lado del Estado uruguayo.

«Cardama, sin lugar a dudas, es el principal responsable de las maniobras que hemos referido», sostuvo.

Acto seguido enumeró las actuaciones que, a juicio del informe, hicieron posible que el perjuicio avanzara: prórrogas sin fundamentación, pagos sin los controles debidos, una tolerancia prolongada frente a los incumplimientos y la falta de utilización de las herramientas que permitían impedir que el contrato siguiera adelante.

Lo que durante un año no se controló, se descubrió en meses

Garlo contrapuso ese proceso con lo ocurrido después de que el Frente Amplio asumiera el gobierno. El nuevo Ejecutivo no llegó con una decisión previa de rescindir el contrato, de hecho, incorporó al Presupuesto los recursos necesarios para continuar cumpliendo con las obligaciones asumidas por el Estado.

Fue cuando intentó ejecutar la garantía que encontró el problema. En pocas semanas se constató que Eurocommerce no tenía el domicilio declarado, no tenía empleados, no figuraba en los registros correspondientes y ya atravesaba un proceso de disolución antes de que Cardama tramitara la garantía.

A partir de allí el gobierno rescindió el contrato, realizó la denuncia penal e inició acciones para reclamar los daños. Además, frenó la ejecución de más de 53 millones de euros que todavía quedaban por pagar.

El Frente Amplio pidió que Fiscalía investigue

El informe presentado por Garlo no pretende adjudicar responsabilidades penales desde el Parlamento y el diputado fue explícito en eso: «no corresponde a la Comisión ni a esta Asamblea determinar eventuales responsabilidades penales», afirmó.

Pero la investigación sí constató hechos que el Frente Amplio entiende que tienen apariencia delictiva. Por eso propuso enviar a Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos toda la documentación recibida, recabada y producida durante la investigación y remitir las actuaciones a la Fiscalía General de la Nación.

El objetivo es que la Justicia determine eventuales responsabilidades de funcionarios públicos y particulares, tanto nacionales como extranjeros.

Las patrulleras sí, pero no a cualquier precio

Garlo cerró su intervención marcando una diferencia que atravesó todo el informe del Frente Amplio. Uruguay necesita patrulleras para controlar y proteger su mar. Eso, afirmó, no está en discusión.

Pero esa necesidad no habilita cualquier procedimiento. «No puede ser a cualquier precio, no puede ser hipotecando la credibilidad del Estado uruguayo, no puede ser hipotecando los recursos de nuestro país, no puede ser permitiendo que seamos víctimas de un fraude», sostuvo.

Para Garlo, la actuación del actual gobierno permitió frenar el perjuicio, proteger los recursos que todavía estaban en juego y llevar a la Justicia las irregularidades detectadas.

Y cerró con la definición política que el Frente Amplio viene sosteniendo desde que estalló este caso: frente a Cardama no hay que defender gobiernos, empresas ni relatos. Hay que tener puesta la camiseta del Uruguay.