Julieta Sierra: «Esta Rendición prioriza a quienes ya no pueden esperar»

17 de agosto de 2026

Foto: Parlamento UY

En el inicio de la discusión de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, Julieta Sierra defendió la orientación del gobierno y sostuvo que estabilidad económica y sensibilidad social no son caminos contrapuestos. Puso el foco en la recuperación del salario, el empleo, la vivienda, la salud y la educación, y planteó que la discusión sobre las políticas de infancia expresa dos concepciones diferentes sobre el papel del Estado frente a la desigualdad.

En el comienzo del debate de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, Julieta Sierra planteó que el proyecto permite dar cuenta no solamente de los números del primer año de gobierno, sino fundamentalmente de las decisiones políticas tomadas en un escenario internacional adverso.

Para la diputada, el principal dato que atraviesa la Rendición es la decisión de sostener las prioridades sociales aun cuando la economía creció por debajo de las previsiones y Uruguay debió desenvolverse en un contexto internacional marcado por la incertidumbre, las tensiones comerciales, los conflictos internacionales y la volatilidad del precio del petróleo.

En ese escenario, señaló, el gobierno eligió no enfrentar como opciones excluyentes la estabilidad macroeconómica y la inversión social.

“Podemos mantener la estabilidad macroeconómica, podemos alcanzar la mayor calificación crediticia de la historia, podemos cerrar el año con el riesgo país en su mínimo histórico y, a su vez, invertir socialmente”, sostuvo.

Para Sierra, esa combinación define una orientación política: preservar la estabilidad y la confianza construidas por el país, pero poner esas condiciones al servicio de mejorar la vida de la población, particularmente de quienes enfrentan mayores dificultades.

Crecimiento menor, pero más salario y empleo

Sierra reconoció que el crecimiento de la economía durante 2025, de 1,8%, quedó por debajo del 2,6% proyectado en el Presupuesto. Sin embargo, cuestionó que el debate sobre el rumbo económico pueda reducirse a esa diferencia.

Según planteó, aun con una economía creciendo menos de lo previsto, durante el primer año de gobierno aumentaron el salario real y los ingresos de los hogares, al tiempo que se expandió el empleo.

El salario real creció 2,3% durante 2025, destacó, mientras se generaron 26.000 puestos de trabajo y hubo 18.000 nuevos cotizantes al BPS. Sierra ubicó esos resultados como parte de una definición deliberada de distribución del crecimiento.

“Son decisiones políticas de un gobierno de izquierda y de un gobierno con sensibilidad en sus trabajadores y en sus trabajadoras”, afirmó.

Al mismo tiempo, señaló desafíos pendientes, particularmente en materia de desempleo juvenil y brecha de género en el mercado laboral.

La diputada vinculó esa mejora de los ingresos con una estrategia más amplia de desarrollo productivo. Recordó que las pequeñas y medianas empresas representan el 99% de las empresas del país y generan cerca del 70% del empleo formal, y destacó las políticas dirigidas al desarrollo industrial, la descentralización, la innovación y la reducción de cargas burocráticas para las mipymes.

«Hay gente que ya no puede esperar más»

Sierra repasó también algunos de los avances del primer año en vivienda, salud y educación para sostener una idea que atravesó toda su intervención: las restricciones económicas obligan a priorizar, pero no pueden utilizarse como argumento para postergar indefinidamente las necesidades sociales.

En vivienda destacó la incorporación de la exoneración del IVA para las cooperativas, la duplicación de los recursos destinados a asentamientos y las soluciones habitacionales desarrolladas durante el período.

En salud puso el acento en el abastecimiento de medicamentos y en la reducción de los tiempos y listas de espera. Según detalló, los tiempos para consultas con especialistas bajaron 25% y la lista de espera de cirugías no postergables se redujo 94%.

Pero fue al hablar de las urgencias sociales cuando Sierra sintetizó el sentido que, a su entender, tiene la Rendición.

“Hay gente que ya no puede esperar más, que hace muchos años se le viene diciendo ‘esperen un poquito que ya les llega’ y no pueden esperar más. Esta Rendición de Cuentas prioriza a la gente a la que ya no podemos decirle que siga esperando”, afirmó.

Educación para sostener las trayectorias

La educación fue otro de los ejes de la intervención. Sierra destacó que durante 2026 los comedores estudiantiles incorporaron a unos 20.000 estudiantes más, prácticamente duplicando la cobertura existente en educación media.

“No se puede pensar en estudiar si no se tiene comida”, resumió.

También mencionó la expansión de las Becas Butiá, que prevén llegar a 21.000 jóvenes durante este año, como una herramienta para reducir las enormes diferencias que existen en la culminación de la educación media según el nivel de ingresos de los hogares.

Mientras alrededor del 80% de los jóvenes pertenecientes a los sectores de mayores ingresos culmina la educación media, la cifra cae a 26% entre los sectores de menores ingresos, señaló.

Para Sierra, las becas, los comedores, la extensión del tiempo pedagógico y las políticas de asistencia no pueden entenderse como medidas aisladas, sino como instrumentos para evitar que las condiciones económicas de una familia terminen definiendo las posibilidades educativas de sus hijos.

La discusión de fondo: qué hace el Estado frente a la pobreza

Fue sobre la infancia que Sierra concentró el tramo final y más político de su intervención.

La diputada definió la creación de una asignación única para la infancia como una de las transformaciones más importantes del sistema de transferencias de las últimas décadas. Actualmente existen diferentes instrumentos (entre ellos asignaciones familiares, Plan de Equidad y Bono Crianza) con criterios, reglas y condicionalidades distintas.

Esa fragmentación, sostuvo, no solamente genera potenciales ineficiencias para el Estado, sino que obliga a las familias a realizar múltiples trámites y dificulta el acceso a prestaciones que les corresponden.

La nueva asignación busca unificar ese esquema y, de acuerdo con los datos presentados por Sierra, supone un incremento promedio de 84% respecto a las prestaciones actuales.

Pero para la legisladora la discusión va bastante más allá de cómo se distribuyen las transferencias.

Sierra contrapuso los resultados obtenidos en materia de revinculación educativa para cuestionar la idea de que las sanciones económicas a las familias constituyen una herramienta eficaz para garantizar la asistencia.

Según los datos que presentó, en 2024 retornaron al sistema educativo 330 niños de un universo de 6.142 que no asistían. En 2025 fueron 2.246 y en 2026, de 6.812 niños que estaban fuera del sistema, habían regresado 2.844.

Las condicionalidades, sostuvo, no cambiaron. Lo que cambió fue la intervención del Estado.

“Lo que cambió fue el gobierno. Se los fue a buscar trabajando en conjunto con diferentes organismos del Estado, con menos burocracia y con más voluntad política”, afirmó.

Para Sierra, los números muestran que establecer una obligación no alcanza cuando existen dificultades estructurales que impiden cumplirla. Mencionó problemas de transporte, salud mental, vivienda y cuidados como parte de las barreras que atraviesan muchos hogares.

Por eso rechazó las propuestas que plantean retirar las prestaciones cuando las familias no cumplen determinadas contrapartidas.

“Parece que es casi el regreso del ‘pobre es pobre porque quiere’”, cuestionó.

La respuesta, sostuvo, no puede ser quitarle recursos a una familia que ya se encuentra en situación de vulnerabilidad, sino construir las condiciones para que los niños efectivamente lleguen a la escuela, a los centros de salud y a las distintas políticas públicas.

“¿Cómo vamos a castigar aún más a las familias cuando quedó demostrado que los niños vuelven a la escuela cuando hay un Estado que va a buscarlos?”, preguntó.

Sierra cerró su intervención ubicando allí la discusión política de fondo de la Rendición de Cuentas. Para la diputada, la pobreza infantil constituye “la peor herida social que puede tener un país” y la forma de enfrentarla expresa distintas concepciones sobre la desigualdad, los derechos y la responsabilidad pública.

“Esta discusión es profundamente ideológica. No es meramente la votación de un articulado, una negociación con otro partido o sustitutivos y aditivos que podamos meter. Es profundamente ideológica y la vamos a seguir dando”, concluyó.