La gota que derramó el vaso

Desde los ´90, no ha habido más que avances en la privatización de los servicios públicos; y este gobierno no está siendo la excepción.

Como una gota de agua que cae metódicamente sobre la piedra y la va desgastando hasta perforarla, igual han avanzado en el trato a las empresas públicas: recortes de presupuesto, desinversión, menor nivel de personal, suministro inadecuado, respaldado por una agenda discursiva de debilitamiento de lo público. Han sido las fichas en la estrategia para desmantelar a las empresas públicas. Algunas veces con éxito, otras detenidas por la ciudadanía uruguaya en las urnas.

Algo de esto ya se vió durante la administración Lacalle. Sin ahondar en los detalles del recorte presupuestal y desinversión que sufren los entes estatales: la privatización del abastecimiento de combustibles en aeropuertos, aprobada a fines de 2020 mediante una ley de presupuesto; el ensañamiento político y mediático a la gestión de Antel y en particular a la construcción del Antel Arena, con auditorías truchas elaboradas por miembros de las filas del gobierno; el proyecto de la nueva “ley de medios”, que entre sus artículos obliga a Antel a arrendar su infraestructura a privados; entre otros, son ejemplos de ello.

El agua como derecho

Como la privatización de los combustibles, el camino de la privatización del agua ya fue recorrido en nuestro país y terminó con un estruendoso resultado en las urnas. En 2002, mediante una carta compromiso firmada entre el Estado uruguayo y el Fondo Monetario Internacional, Uruguay se comprometía a la extensión de la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento a todo el país. El proceso había comenzado en Maldonado con las empresas Suez Lyonnaise Des Eaux (multinacional francesa) y Aguas de Bilbao (española).

Organizaciones sociales comenzaban a trabajar en ese entonces en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, comisión que luego, en 2004, presentaría más de 200 mil firmas para que la ciudadanía uruguaya decidiera en un plebiscito si el Estado debiera ser quien tenga en sus manos la gestión y administración del agua potable y el saneamiento. El resultado es conocido, el SÍ a la gestión estatal del Estado sobre el agua alcanzó un 64,6% de votos afirmativos, consagrando el acceso al agua potable y al saneamiento como derechos humanos fundamentales y constitucionales.

Pese a esa sentencia constitucional, y disfrazado en discusiones más jurídicas que otra cosa, relativas a si OSE paga por un servicio de potabilización de agua, o si está comprando agua potable, se intenta avanzar en un proyecto que en última instancia significa la privatización del agua potable por la vía de los hechos.

Otra vez la privatización de OSE

El proyecto Neptuno consiste en la instalación de una planta de potabilización y bombeo de agua potable, con un reservorio de agua dulce, entre el balneario de Arazatí y el de Boca del Cufré, al margen del Río de la Plata, con un costo de más de 200 millones de dólares en la construcción de la planta, y de 1.060 millones de dólares en el largo plazo, tomando en cuenta el costo de operación de la planta.

Este proyecto no surgió de la iniciativa estatal, sino que lo hizo a partir de una iniciativa privada de las empresas SACEEM, BERKES, CIEMSA y FAST, pero no quedó ahí. Castagnino, quien trabajó desde 1984 hasta 2005 en OSE, y ocupó la Gerencia General del ente desde 1991 hasta 2005, y designado especialmente por Lacalle Pou para volver a ocupar su cargo de gerente general de OSE en 2020, es uno de los promotores de este proyecto. ¿Será que no se pudo concretar en los ´90 y se vuelve a intentar?

La instalación de esta planta potabilizadora, con la inversión millonaria que precisa (que de aprobarse a la larga pagarán las y los usuarios en el aumento de la tarifa del agua potable), tampoco tiene siquiera un fundamento técnico que la sustente frente a otras soluciones al abastecimiento de agua potable para la zona metropolitana. Está en suspenso la concreción del proyecto Casupá, que consiste en la construcción de una presa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía. Según el propio presidente de OSE, Raúl Montero, la construcción de la represa está “en ventaja en cuanto a plazos y montos” frente al proyecto Neptuno. El proyecto Casupá es una solución anterior, cuyo proyecto y financiación (mediante CAF) está aprobada e incluso con negociaciones avanzadas en la enajenación de propiedades necesarias. Ademas, la construcción de la represa de Casupá seguirá siendo necesaria, dado que la mejora en el abastecimiento que generaría la planta de Arazatí no será suficiente para cubrir las demandas futuras dentro de 15 años.

En el proyecto Neptuno que defiende el gobierno de Lacalle nos cuesta poder acceder al agua como un derecho. Aquel texto constitucional que enuncia que “el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales” (Art. 47 num 3 de la Constitución de la República), parece haber quedado en el olvido de quienes pretenden que privados gestionen un proyecto que costará 12 millones de dólares por año de gasto más que la alternativa de gestión pública y 300 millones de dólares en el largo plazo que va a pagar la ciudadanía en las tarifas.

Poca soberanía

Pero no termina acá. Bajo la manga del Poder Ejecutivo viene otro proyecto más, de características similares. A fines del 2020, CIEMSA, CSI e Inglobal presentan una propuesta al Poder Ejecutivo para diseñar, construir e instalar “una planta de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios para la producción de crudo sintético con destino al combustible para la aviación”, según consta en una resolución de Presidencia fechada el 8 de marzo de 2021, donde se acepta dicha iniciativa privada. La disposición final de residuos es un problema importante, dado el impacto ambiental que ello trae, y el tratamiento de los mismos para minimizar sus efectos nocivos sobre el medio es totalmente necesario.

No obstante, el recorrido de este proyecto puede resultar un poco extraño. Luego de presentado el proyecto al Ejecutivo, y tras su aprobación en la resolución antes mencionada, aparece en escena la empresa WasteFuel, basada en California y mencionada en reiteradas ocasiones por el Ministro de Ambiente. WasteFuel es una empresa que se especializa en la producción de combustibles a partir de deshechos, pero que hasta ahora cuenta únicamente con un proyecto de generación de combustibles para aviones en Filipinas (aún no ejecutado), que fue presentado en mayo de 2021, casualmente con el mismo objeto que la iniciativa privada de CIEMSA, CSI e Inglobal. En enero de este año, WasteFuel anunció otro proyecto, WasteFuel Marine, enfocado a generar combustibles a partir de desechos pero, esta vez, para ser utilizados en buques portacontenedores; en marzo, anuncian un acuerdo con la naviera Maersk. Al mismo tiempo, el proyecto de iniciativa privada, del cual no conocemos más que los trascendidos de la prensa, cambia su objeto y pasaría a enfocarse en la generación de combustibles para buques, todo a partir de una empresa que hasta ahora, su currículum sólo incluye proyectos futuros y ninguna concreción.

¿Es el Estado uruguayo el que está decidiendo cómo tratará la disposición final de sus residuos? ¿O lo está haciendo en función de lo que una empresa decide que es mejor para su futuro financiero?

¿Y las promesas?

Los grandes anuncios de grandes inversiones del Presidente parecen tener poco de cierto cuando se hurga un poco en las letras chicas. En criollo, son solo humo. La gestión del Ministerio de Ambiente parece estar bastante a tono con la de Lacalle. Una gran inversión en OSE que termina siendo la privatización del agua y un gasto a futuro para todas y todos los uruguayos. Una solución para la disposición final de residuos que parece ser un mandado a una “start-up” estadounidense, empresa de la que conocemos poco y nada y que ni siquiera está, hasta donde sabemos, en los papeles del Poder Ejecutivo. Una promesa de saneamiento para 120 localidades, un número pomposo, pero que se desinfló y parece que serán entre 20 y 25, y encima anunciado por un empresario del consorcio que tiene a su cargo la ejecución de obras y no por el Ministro.

Detrás de esos grandes anuncios hay cada vez más intereses creados de unos pocos y cada vez menos intenciones de mejorar el Estado y atacar la situación de crisis económica y social que viven la gran mayoría de uruguayas y uruguayos.

“¿OSE le va a terminar comprando agua potable a empresas privadas?” era una de las preguntas con las que finaliza una entrevista al Ministro de Ambiente, Adrián Peña, sobre el proyecto de potabilización de Arazatí, o proyecto Neptuno. En la historia de los gobiernos del Partido Nacional y Colorado, desde los ´90 hasta acá, no ha habido otra cosa que avances en la privatización de los servicios públicos; y este gobierno no está siendo la excepción a esa regla.

Publicado en la columna de Daniel Caggiani en Montevideo Portal.