El gobierno comenzó la implementación del Plan Más Barrio, una política pública que busca intervenir de forma sostenida en los territorios con mayores niveles de violencia y precariedad sociohabitacional. La primera experiencia se llevó adelante en Cerro Norte y marca el inicio de una estrategia que se desplegará en 21 zonas del país.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez definió en Doble Click, DelSol FM a este programa como una herramienta central para abordar los problemas estructurales en los barrios más vulnerados. «Es un plan integral para ir a los barrios más embromados del Uruguay», sostuvo.
A diferencia de intervenciones del pasado, el Plan Más Barrio se construye a partir del cruce de dos variables clave: la incidencia de delitos violentos y las condiciones sociohabitacionales.
Un despliegue territorial con diagnóstico propio
La primera etapa del plan incluyó un operativo de relevamiento en el territorio, con más de 160 personas trabajando en un censo específico del área intervenida. El objetivo no es solo recabar datos, sino construir un diagnóstico situado, capaz de orientar decisiones concretas.
En zonas como Cerro Norte, donde existen pasajes estrechos sin acceso a servicios básicos y viviendas construidas sobre infraestructuras precarias, el Estado enfrenta desafíos que no pueden resolverse con políticas estandarizadas.
«Hay lugares donde ni siquiera puede entrar una ambulancia o la policía. Eso genera condiciones para que el crimen organizado intente imponer reglas», explicó Sánchez.
Infraestructura, convivencia y presencia estatal sostenida
El Plan Más Barrio combina acciones de infraestructura urbana, como alumbrado, apertura de calles y mejora de espacios públicos, con políticas de seguridad y fortalecimiento comunitario.
Entre las medidas previstas se incluyen intervenciones en viviendas, realojos en casos necesarios, mejoras edilicias, instalación de videovigilancia y aumento del patrullaje. A esto se suma la creación de centros barriales de convivencia, con actividades culturales, deportivas y educativas.
El enfoque, según Pacha, es construir condiciones para la vida cotidiana en el barrio. «No se puede hablar de conciencia si la gente tiene que tirarse al piso por los tiroteos», señaló.
Un plan nacional con coordinación interinstitucional
El programa tiene carácter nacional: de las 21 zonas definidas, 11 se encuentran en el interior del país. La implementación implica la coordinación de ministerios, empresas públicas e intendencias, con el objetivo de optimizar recursos y evitar superposiciones.
Sánchez subrayó que uno de los aprendizajes centrales es que el Estado no puede retirarse luego de intervenir. «Si no hay presencia sostenida, el territorio vuelve a ser ocupado por la violencia», advirtió.
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