25 de Noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres: seguimos luchando y seguimos muriendo. Por Soledad Brandon.
Iniciar un texto con una obviedad parece lo menos ilógico pero resulta que en este caso es imprescindible reivindicar nuestro derecho a estar vivas.
Al 20 de noviembre de este año según la base de datos Femicidios Uruguay indica que 20 mujeres han sido asesinadas en femicidios. A su vez, según datos de Fiscalía, de 38 mujeres asesinadas en lo que va de 2023, 12 casos ya están caratulados con el agravante de femicidio.
En octubre pasado el Ministerio del Interior divulgó las cifras de delitos, con la constatación de un aumento de 3,3% en las denuncias por violencia doméstica en comparación con 2022 y un aumento del 10,1% con respecto a 2019 (comparación que esta administración siempre enfatiza, vaya una a saber por qué).
Podemos entrar en los detalles, en lo escabroso, en lo duro y movilizante de cómo han muerto estas mujeres de diferentes edades, territorios y realidades pero con eso poco avanzamos sobre la raíz del problema.
Hoy nos encontramos en una encrucijada. Frente a una forma de violencia que no para de crecer y que tiene un objetivo específico, lo que vemos es un Estado que llega tarde y mal.
Una administración que fue advertida en múltiples ocasiones tanto por nuestra fuerza política, por el movimiento social y por actores externos (por ejemplo ONU Mujeres) y sin embargo poco y nada fue lo que hizo.
Tenemos la enorme fortuna de ser un país dónde hay una institucionalidad desplegada para el trabajo con las mujeres, reconociendo las brechas de acceso que nos atraviesan. Tenemos un marco legal que debería dar respuesta integral a estas problemáticas. Sin embargo tenemos un Gobierno que cada vez que puede demuestra su falta de compromiso con la violencia hacia las mujeres.
Un Gobierno que se muestra pasivo, que de alguna forma devuelve que la existencia de los espacios es suficiente y que hace ojos ciegos y oídos sordos a las cifras que la realidad le devuelve. Un Gobierno que espera de brazos cruzados que las mujeres se acerquen a denunciar, que desconoce la realidad de la violencia basada en género y que en sus filas cuenta con expresos negadores de esta realidad.
Recordemos además que desde 2019 la Violencia Basada en Género y Generaciones es emergencia nacional y sobre esto nada, nada de nada. En un país donde todos los indicadores apuntan a un tema, fingir demencia no es opción. Un Gobierno responsable tiene que poder gestionar con los recursos que tiene los problemas que a sus ciudadanas y ciudadanos les resultan acuciantes y no vivir apagando incendios autogenerados. Esta administración se viene perdiendo sistemáticamente la oportunidad de salvarle la vida a mujeres básicamente porque opera desde la falta de planificación de anticipación, en un torbellino dónde lo urgente siempre antecede a lo importante.
Vivir con miedo debe ser de las experiencias vitales más dolorosas y dañinas para cualquier persona. Para las mujeres que viven en situación de violencia esto es la constante, miedo a que te insuten, miedo a que te desprecien, miedo a que no te den plata para comprar la comida para tus gurises y vos, miedo a que te lastimen y miedo a que lisa y llanamente te maten. Ese daño se acumula, va deteriorando la vida de quienes lo padecen y de sus hijos e hijas en caso de tenerlos. Porque además el miedo, las formas de vincularse se aprenden y la violencia también.
Ahí es otra vez el Estado el que debe interceder, buscar otras formas. Las herramientas con las que contamos ya no funcionan, están obsoletas y es nuestra responsabilidad como sociedad exigir a quienes delegamos la responsabilidad de conducir a nuestro país que tengan el compromiso de hacer las cosas mejor. Necesitamos un Estado presente, un gobierno activo y nuevas herramientas que no estén esperando sentadas a las mujeres sino que puedan ir al encuentro, que sepan estar en los territorios y ayudar a salir del miedo.
Si esto no cambia, si las prioridades no se ordenan, vamos a seguir muriendo simplemente por ser mujeres bajo la idea de que «somos» de alguien. Frente a esto seguimos juntas, buscando tejer las redes que nos sostengan, reclamando y exigiendo en los espacios que nos toca ocupar sabiendo que nos queremos vivas.
“Mi deber como ciudadano y militante político es renunciar y presentarme ante la justicia para dar todas las explicaciones”.
La historia la construyen los de abajo, con el corazón abierto para luchar contra las injusticias sin pedir nada a cambio. Los que construyen el sueño de una patria para todos.
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