La diputada por el Frente Amplio Julieta Sierra explicó los principales cambios que propone el proyecto de ley de protección de deudores de bajos recursos, una iniciativa que busca limitar el crecimiento de los intereses, facilitar la reestructuración de las deudas y sancionar prácticas abusicas de cobranza.
El proyecto está actualmente en discusión en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y, según explicó Sierra, recoge propuestas planteadas durante los últimos años por distintos partidos políticos.
«No salió el Frente Amplio y redactó la solución mágica», señaló. La iniciativa, explicó, intenta construir una síntesis sobre puntos que ya habían generado determinados niveles de acuerdo y establecer una base concreta sobre la cual negociar modificaciones.
La diputada señaló además que el Ministerio de Economía y Finanzas ya trabaja junto al Parlamento sobre posibles cambios al texto.
Que la deuda deje de crecer indefinidamente
Uno de los principales cambios propuestos refiere a la forma en la que se calculan los intereses cuando una persona deja de pagar un préstamo.
Sierra explicó que actualmente una persona puede haber amortizado parte importante del capital y, sin embargo, los intereses moratorios continuar calculándose sobre el monto original.
Puso como ejemplo un préstamo de 20.000 pesos en el que ya se pagaron 10.000: el proyecto plantea que, si la persona deja de pagar, los intereses se calculen únicamente sobre los 10.000 que todavía debe.
«Que los intereses moratorios se generen sobre lo que te falta pagar y no sobre el total», resumió.
El proyecto también pretende poner un límite temporal a la generación de intereses.
El texto inicial establece un máximo de 24 meses, aunque Sierra señaló que el MEF planteó la posibilidad de reducir ese período a 18 o incluso 12 meses.
«A cierto punto se termina la bola. Deja de crecer la deuda», explicó.
Bajar las tasas sin expulsar a la gente del crédito
Otro de los aspectos centrales es la modificación de los topes establecidos por la ley de usura.
Sierra explicó que actualmente determinados préstamos pueden cobrar tasas hasta un 55% superiores a la tasa media publicada por el Banco Central sin ser considerados usuarios.
El proyecto presentado originalmente propone reducir ese margen al 35%.
Sin embargo, la diputada señaló que ese punto continúa en discusión con el Ministerio de Economía.
El MEF propuso diferenciar los límites según el riesgo de cada tipo de crédito. Por ejemplo, un préstamo que se descuenta directamente del salario tiene menor riesgo de incumplimiento que uno otorgado solamente con la firma del solicitante y, por lo tanto, podría tener una tasa máxima menor.
Sierra sostuvo que el desafío es bajar los costos del crédito sin producir un efecto contrario al buscado.
«Sería muy fácil un proyecto más populista, decir: bajamos la tasa de interés y listo», afirmó.
Advirtió que una reducción uniforme puede llevar a que algunas empresas aumenten los requisitos para prestar dinero y terminen dejando afuera del mercado formal a las personas con menos ingresos.
«Nosotros no podemos legislar nada que termine expulsando a la gente hacia la informalidad», señaló.
Un millón de personas en el Clearing
Sierra sostuvo que la dimensión del endeudamiento obliga al sistema político a encontrar una respuesta.
Según los datos presentados durante la discusión, más de un millón de personas figuran actualmente en el Clearing y alrededor de 740.000 se encuentran clasificadas en categoría 5 de la Central de Riesgos Crediticios.
La diputada cuestionó que una persona pueda pasar a ser considerada «irrecuperable» luego de cuatro meses de incumplimiento.
En los últimos diez años, afirmó, la cantidad de personas incluidas en esa categoría aumentó alrededor de 40%.
Otro dato que destacó es la situación de los jóvenes, porque aproximadamente 100.000 menores de 30 años están clasificados como deudores irrecuperables.
Al mismo tiempo, sostuvo que ese grupo es uno de los que meustra mayor disposición a iniciar procesos de reestructuración para regularizar su situación.
Una vía para reestructurar las deudas
El segundo gran capítulo del proyecto crea un mecanismo para facilitar acuerdos entre quienes deben y sus acreedores.
La propuesta está pensada especialmente para personas de bajos ingresos que no tengan inmuebles a su nombre y que actualmente enfrentan dificultades para negociar directamente con casas de crédito o estudios jurídicos.
Sierra señaló que muchas veces el deudor ni siquiera tiene información clara sobre cuánto debe efectivamente.
«Te llaman de una casa de crédito y te dicen: son 70.000 pesos y liquidamos, capaz que decís que no podes y te dicen bueno, con 60. ¿Hasta cuándo puedo saber cuánto tengo que pagar?», ejemplificó.
El texto original planteaba la posibilidad de llegar a una reestructuración judicial forzosa, pero el MEF propuso reforzar previamente las instancias de conciliación.
La idea que está analizando es que exista primero una instancia obligatoria de negociación entre los distintos acreedores y el deudor, y que la intervención judicial sea el último recurso si no es posible alcanzar un acuerdo.
El proyecto establece además límites para evitar el mecanismo de reestructuración se convierta en una herramienta de uso permanente. Una de las alternativas es impedir que pueda iniciarse otro proceso durante determinado período luego de cancelar la deuda anterior. Ese plazo también continúa en discusión.
Frenar amenazas y prácticas abusivas de cobranza
El tercer eje del proyecto apunta directamente a las formas de cobranza.
Sierra mencionó llamadas permanentes, contactos con familiares, amenazas, mentiras y otras prácticas utilizadas para presionar a personas endeudadas.
La diputada relató incluso el caso de una mujer mayor que aseguró haber recibido amenazas de que le embargarían a su mascota.
El proyecto establece que, cuando se compuebe una práctica abusiva de cobranza, el deudor pueda cancelar únicamente el capital pendiente, sin pagar intereses, como sanción para el acreedor.
También incorpora la necesidad de fortalecer la educación financiera y exhorta a distintos organismos educativos a desarrollar políticas en esa dirección.
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