Nicolás Mesa: «Frente al delito, el estado no puede quedarse quieto»

19 de agosto de 2026

Durante la discusión del inciso del Ministerio del Interior en la Rendición de Cuentas, Nicolás Mesa defendió una estrategia de seguridad que combina más policías y patrulleros con tecnología, investigación criminal, especialización frente al crimen organizado y presencia territorial. Para el diputado, el desafío no es aplicar una medida aislada, sino construir capacidades permanentes para responder a una criminalidad cada vez más compleja.

La discusión sobre seguridad pública no puede reducirse a contar policías, patrulleros o cámaras. Para Nicolás Mesa, el desafío de fondo es definir qué capacidades necesita construir el Estado para enfrentar formas de criminalidad que cambiaron profundamente en las últimas décadas.

Durante el tratamiento del inciso del Ministerio del Interior en la Rendición de Cuentas, el diputado sostuvo que los distintos artículos deben leerse como partes de una misma estrategia: incorporar personal y equipamiento, mejorar la presencia policial en el territorio, sumar tecnología a la investigación, especializar la respuesta frente al crimen organizado y comenzar a transformar el sistema penitenciario.

“No son políticas aisladas, son distintas piezas de una misma construcción”, afirmó.

Para Mesa, el sentido político del inciso está precisamente allí: la seguridad fue definida como una prioridad y esa definición se traduce ahora en recursos concretos para fortalecer las capacidades del Estado.

Más policías, pero también mejores herramientas

La Rendición crea 300 nuevos cargos de Policía Ejecutiva y prevé recursos para uniformes, protección personal y equipamiento.

Mesa planteó, sin embargo, que esos cargos deben observarse dentro de un proceso más amplio. Durante 2025 y el primer semestre de 2026 ingresaron más de 1.100 policías ejecutivos y actualmente hay más de 760 efectivos en formación.

El objetivo, sostuvo, es aumentar progresivamente la fuerza policial destinada a las tareas operativas.

Pero para el diputado, fortalecer la Policía no puede significar únicamente aumentar su cantidad de funcionarios.

“Fortalecer una institución no consiste solamente en incorporar personal. También supone darle a ese personal mejores condiciones para hacer su trabajo y construir capacidades que permanezcan en el tiempo”, señaló.

En ese marco, destacó los recursos previstos para ampliar la flota de patrulleros y fortalecer el modelo de comisarías móviles, una herramienta que busca combinar capacidad de despliegue con una presencia policial más cercana en los barrios.

Tecnología para investigar una criminalidad que también cambia

Mesa puso especial énfasis en la incorporación de nuevas tecnologías.

El diputado sostuvo que una Policía preparada para las formas actuales del delito no puede depender exclusivamente de la cantidad de efectivos o vehículos que tenga disponibles.

La Rendición incorpora recursos para nuevas salas de monitoreo focalizado, sistemas de detección acústica de disparos, identificación biométrica y otras herramientas destinadas a mejorar la investigación criminal.

Para Mesa, aunque esas inversiones pueden tener menos visibilidad pública que un patrullero recorriendo una calle, su impacto puede ser determinante a la hora de procesar información, identificar personas, prevenir hechos y esclarecer delitos.

“La criminalidad no permanece quieta. Cambia sus modalidades, incorpora tecnología, atraviesa fronteras y desarrolla nuevas formas de organización”, advirtió.

Por eso, sostuvo, la respuesta estatal también debe evolucionar.

Inteligencia artificial para proteger a víctimas de violencia de género

La incorporación tecnológica también alcanza las políticas de protección de mujeres víctimas de violencia basada en género.

Mesa destacó los recursos destinados a incorporar herramientas de inteligencia artificial a los dispositivos utilizados para su protección.

El objetivo es fortalecer la gestión de alertas, el monitoreo y la trazabilidad de los casos, junto con los protocolos y mecanismos de ciberseguridad correspondientes.

Para el diputado, estas medidas forman parte de una concepción más amplia: utilizar las nuevas capacidades tecnológicas del Estado no solamente para reaccionar ante un delito consumado, sino también para mejorar la prevención y anticipar situaciones de riesgo.

Una respuesta especializada al crimen organizado

Otro de los puntos centrales del inciso es la creación por ley de la Dirección General de Operaciones Especiales.

Mesa sostuvo que el crecimiento de organizaciones criminales y de modalidades delictivas de alta peligrosidad exige capacidades policiales específicas.

La nueva dirección apunta a fortalecer la preparación profesional y táctica para responder a hechos de violencia letal asociados a organizaciones criminales.

Para el diputado, esta transformación está directamente relacionada con la orientación del Plan Nacional de Seguridad Pública.

“Las formas de criminalidad cambian y, por tanto, las capacidades del Estado tienen que evolucionar”, afirmó.

La respuesta al crimen organizado, en esa perspectiva, requiere estructuras especializadas, tecnología e investigación y no solamente una mayor presencia de efectivos en las calles.

La seguridad no empieza ni termina en la Policía

Mesa rechazó al mismo tiempo una concepción exclusivamente policial de la seguridad.

El diputado puso como ejemplo el programa Más Barrio, que interviene en territorios atravesados por dificultades sociales, urbanas y de convivencia mediante la articulación de políticas de vivienda, infraestructura, seguridad, participación y desarrollo comunitario.

Allí también participa la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, incorporando herramientas de prevención situacional.

Para Mesa, existen situaciones que requieren capacidad policial, investigación y respuestas operativas, pero también otras en las que es necesario modificar las condiciones sociales y urbanas que deterioran la convivencia.

“Una política de seguridad tiene que ser capaz de ambas cosas”, sostuvo.

De esta forma, la presencia territorial del Estado aparece como parte de una estrategia que combina prevención, intervención social y respuesta policial.

El sistema penitenciario como parte del problema de seguridad

Mesa señaló además que el inciso comienza a abordar una transformación largamente postergada: la del sistema penitenciario.

Aunque dejó el desarrollo específico del tema a otros legisladores, incluyó esa reforma dentro de la misma construcción de capacidades estatales.

Para el diputado, una política de seguridad no puede limitarse a prevenir, investigar y detener. También debe preguntarse qué sucede una vez que una persona ingresa al sistema penitenciario y qué herramientas se construyen para evitar la reincidencia.

Por eso ubicó la nueva institucionalidad penitenciaria como otra pieza de una estrategia que busca fortalecer de manera permanente las capacidades del Estado.

«No existe una única medida capaz de resolver la seguridad»

Mesa advirtió que sería irresponsable presentar cualquiera de las medidas incluidas en la Rendición como una solución definitiva al problema.

La seguridad pública, sostuvo, no tiene una respuesta única.

Lo que puede hacer el Estado es profesionalizar a la Policía, aumentar su capacidad operativa, mejorar la investigación, incorporar tecnología, desarrollar unidades especializadas y fortalecer su presencia en el territorio.

“No existe una única medida capaz de resolver el problema de la seguridad pública. Y sería irresponsable prometerlo”, afirmó.

Para el diputado, esa construcción resulta todavía más necesaria porque el delito tampoco permanece estático.

Frente a organizaciones que cambian sus formas de actuar y aprovechan nuevas tecnologías, el Estado debe tener capacidad de adaptación y herramientas que no dependan únicamente de respuestas coyunturales.

“No estamos votando solamente 300 cargos, patrulleros, cámaras, tecnologías o nuevas unidades. Estamos fortaleciendo la capacidad del Estado uruguayo para proteger a su gente”, sostuvo.

Mesa cerró su intervención señalando que, si la seguridad constituye una de las principales preocupaciones de la sociedad, debe ser también una de las principales responsabilidades estatales.

“Frente a una criminalidad que cambia, el Estado no puede quedarse quieto”, concluyó.

Compartir:

Otros artículos

Ver todos

Newsletter

Suscribíte y recibí todas las novedades del MPP. Mantenéte informado de todos los eventos y noticias del Movimiento de Participación Popular.