El gobierno definió un 3,1% de aumento en la tarifa de energía eléctrica. La directora por el Frente Amplio, Fernanda Cardona, rechazó la suba y subrayó que «estamos viendo realmente los resultados del cambio de la matriz, hay que tomar las decisiones para socializar las ganancias y no solo las pérdidas».
Para la compañera Fernanda, como expresó este lunes 30 en Desayunos Informales de Teledoce, el record de exportaciones y el superávit de 2021 en UTE no son una sorpresa porque los datos indican que de 2015 a hoy se vendió energía eléctrica por 60 millones de dólares, medidos de forma anual. Esto se debe al cambio de matriz energética y no es un dato desconocido para la empresa porque lo incorpora a sus números cada vez que presupuesta sus doce meses.
Por esto, Cardona considera que este es el momento para socializar las ganancias de UTE, para que los beneficios alcancen a la población. Sin embargo, el gobierno actual defiende el aumento actual con una comparación entre subas de los gobiernos frenteamplistas olvidando que, mientras hoy cae el poder de compra de los bolsillos, en las administraciones del Frente Amplio aumentó. Por tanto, el efecto de un incremento de tarifas es distinto. Sin embargo los actuales gobernantes, cuando estaban en la oposición, reclamaba por estos aumentos y los consideraban un “tarifazo”.
Por otro lado, criticó la pérdida de nuevos usuarios de la tarifa de consumo básico para comenzar a cobrar la tarifa residencial, de costo muy superior. Los informes técnicos aseguran, recordó la compañera Fernanda en la entrevista, que el 70% de los hogares que usan la tarifa básica son del interior del país. Del 30% restante, solo el 2% se ubica en barrios montevideanos que podrían pagar más. Además, es muy utilizada por los más jóvenes.
“Los quintiles de la gente que hacía uso de esta tarifa es clase media y trabajadora; entonces, ¿por qué quitarle un beneficio?”, se preguntó Cardona. “UTE no tiene por qué sacar tarifas buenas para un conjunto de clientes porque no necesita subsidiar cruzado entre la clase media y la baja”, aseguró Cardona.
El “bono social” es un cambio de nombre de tarifas ya existentes, como las que se cobraban a los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social, las Asignaciones Familiares por la nueva ley y la Asistencia a la Vejez. Simplemente se las agrupó y aumentó el porcentaje de beneficios; esto es una decisión correcta, pero no está bien “canjear” un conjunto de clientes por otros porque no son los mismos y, además, es poner a la gente “en contra de la gente”. Se pierde mucho más con los beneficios a los “grandes clientes”, aseguró Cardona en la entrevista.
Después de depositar en rentas generales 200 millones de dólares de los 270 millones correspondientes al superávit de UTE, esos 70 millones restantes deberían distribuirse en los hogares. El trato y los tiempos son desiguales entre las decisiones tomadas para hogares o empresas grandes. Lo que no quiere decir que beneficiar a las empresas sea malo: durante los gobiernos del Frente Amplio existieron incentivos, pero tenían contrapartidas como mantener niveles de exportaciones o empleos nuevos.
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