
La desclasificación de los archivos de la dictadura requiere contemplar a las organizaciones sociales y los derechos básicos a la privacidad, criticó Agustín Mazzini.
Mientras la ley alemana sobre acceso a los archivos desclasificados de su Estado cuenta con 46 artículos, nuestro Poder Ejecutivo remite a los trancos un proyecto de cuatro artículos.
Además, el oficialismo se negó en el Senado a escuchar a las organizaciones sociales, a los académicos y especialistas en el asunto, que tienen cosas para aportar. ¿Se repetirá esto en Diputados?
El compañero Agustín Mazzini definió al proyecto del Gobierno para abrir al acceso universal a los archivos de la dictadura como vago, basado en las posibilidades de divulgar una información capturada de forma apócrifa, bajo tortura, en el marco de una dictadura, época de importantes restricciones a las libertades individuales.
Faltan mayores y mejores definiciones. ¿Quién pone el límite para presentar un material? ¿Un funcionario, un ministro, un historiador? No queda claro en el texto del Ejecutivo y el Parlamento tiene la responsabilidad de dejarlo claro en la ley.
Hay que cuidar la privacidad de las víctimas del espionaje, para no exponerlas, otra vez, a la exposición pública, con cuidado de las personas y sus vidas privadas. Y este proyecto no protege a las víctimas. Es fundamental que todos los uruguayos conozcan cómo hizo la dictadura para espiar. Pero también hay que tomar en cuenta que el derecho a la privacidad existe, que se necesitan garantías. Nada más y nada menos que las garantías que adoptaron otros países que atravesaron por crueles etapas en la historia de sus naciones.
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