Este miércoles 6 la Asamblea General se reunirá para intentar levantar el veto a la ley de la ex Casa de Galicia, recordó Lucía Etcheverry.
Este proyecto reconoce el derecho de los trabajadores a cobrar lo que son sus haberes por desempeñarse durante años en Casa de Galicia hasta el cierre judicial del 23 de diciembre de 2021. Decisión que también implicó una definición de no actuar por parte de las autoridades de Salud Pública.
La compañera Lucía Etcheverry recordó que los funcionarios siguieron trabajando hasta junio del año siguiente para mantener la asistencia sanitaria. Además, el Gobierno comprometió la indemnización correspondiente por desempeñarse durante esos meses de 2022.
Se trata de la indemnización por despido, salarios vacacionales no gozados y aguinaldos. Nada más ni menos que sus derechos laborales.
Con 485 trabajadores que no se reinsertaron en el mercado laboral; de ellos, más de la mitad superan los 50 años. Necesitan esos ingresos, los que les pertenecen. “No se puede seguir especulando caprichosamente con un derecho de los trabajadores, con situaciones de depresión y más”, dijo la compañera Lucía Etcheverry.
Por otro lado, Etcheverry subrayó que la labor de este conjunto de trabajadores se desarrolló en el ámbito de la salud. Son vidas, es un sanatorio, los usuarios ponen su vida en manos de funcionarios y médicos. Personas que tenían cirugías coordinadas y que requerían garantías en su asistencia a la salud.
«Además, tenían el compromiso del Gobierno en la mesa del Ministerio de Trabajo que iban a cobrar las indemnizaciones correspondientes que establece una ley de 2018», subrayó la legisladora.
Esta situación le añade más sombras a un proceso de liquidación que tuvo «luces y sombras, con sombras que se agigantan cada vez más», estableció la diputada. Recordó la interpelación de la compañera Cecilia Cairo, con un remate que tenía al Estado como principal acreedor pero que no defiende sus recursos ni puja por la mutualista.
Se remata una mutualista por 15 millones de dólares cuando su tasación era por 40 millones, y la mutualista adjudicataria puede pagar el 85% del precio final a 14 años. Mes a mes esa misma mutualista adjudicataria recibe millones de pesos por contratos de ASSE en el sanatorio de Casa de Galicia.
«Acá no estamos diciendo que la sociedad uruguaya se hace cargo de la suerte de una empresa privada, estamos diciendo que este era un prestador de salud integral bajo la rectoría del MSP, control que no cumplió con la debida diligencia y por esto se termina generando esta situación; los problemas de Casa de Galicia ni estaban ocultos ni eran extraños, el ministerio debía monitorearlos a través de una Comisión de Seguimiento que durante casi dos años ni citó ni convocó.
Se sostiene con aportes de los trabajadores y del Estado, y todo ese proceso en el que hubo omisión por parte del gobierno es lo que hoy determina que, justamente, tiene que honrar con más exigencia que en otras situaciones el derecho que tienen los trabajadores».
Lucía Etcheverry
Un poco de justicia para los trabajadores de Casa de Galicia
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