Aún en el marco de un crecimiento insoslayable de los homicidios en 2021 y sumándolos a los fallecidos por siniestros de tránsito, la cantidad de personas que se quitaron la vida arroja una cifra superior. En efecto, mientras los indicadores muestran que hay 300 víctimas de homicidios y 434 por accidentes, se registraron 765 suicidios. Hay que hacer algo.
Es que la tasa de suicidios en Uruguay es de 21,4 cada cien mil habitantes, un dato que se ubica entre los peores guarismos del mundo. En hombres, el total es cuatro veces superior que en mujeres. Por edad, el índice en mayores de 85 años es de 49,7 suicidios por cien mil habitantes. Y es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 25 a 29 años.
No es un tema partidario, es un tema país. Las políticas públicas no han sido suficientes, a pesar de los destacados especialistas y organizaciones sociales que se dedican a este tema. Es una problemática que nos obliga a comprenderla, prevenirla, intervenir y sistematizar la información. Hacen falta políticas públicas.
Por todo esto, el senador Pacha Sánchez presentará un aditivo en esta Rendición de Cuentas para declarar de interés nacional a la política pública de prevención del suicidio y la conducta suicida, que será orientada a través de una junta nacional que dependa de la Presidencia de la República. Y, por otra parte, una nueva estructura que cuente con una partida anual para atender su funcionamiento.
Organizaciones sociales, empresariales, sindicales, académicos, medios de comunicación, y sociedad civil en general, están convocados a asumir esta realidad y a pensar juntos en soluciones para detener estas muertes evitables.
“Hay que tener un poco más de criterio, tranquilidad y precisión en estos temas porque puede resentir el comercio regional”, pidió el compañero Daniel Caggiani en rueda de prensa.
“¿Cómo garantizar la integridad física de niños y adolescentes? Vamos a terminar el año con 8 niños asesinados en situación de violencia doméstica”, dijo el compañero Mariano Tucci.
El Parlamento asiste a un nuevo incumplimiento de una promesa electoral. Con la reforma de las jubilaciones y pensiones se modifican las reglas de juego, tal como prometió en campaña el actual presidente Luis Lacalle Pou.
Los casos de Marset y Astesiano son dos escándalos de la administración multicolor del presidente Lacalle Pou, los cuales, de no ser por el trabajo profesional y de investigación periodística, los uruguayos nunca habríamos conocido.
Si hacemos un repaso por algunas de las políticas implementadas por esta administración y analizamos su impacto en la población no es posible afirmar que este año haya sido positivo para la enorme mayoría de la ciudadanía. Lo que queda muy claro es: que un buen año para este gobierno no es lo mismo que un buen año para el país.
La renuncia de la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, termina por confirmar parte de las afirmaciones que la izquierda sostuvo en las últimas semanas.