Uruguay ganó en el caso Aratirí: cayó el mayor reclamo económico contra el país

29 de octubre de 2026

La Justicia francesa rechazó el intento de los actores vinculados a Aratirí de anular el laudo que había desestimado una demanda por US$ 3.536 millones contra el Estado uruguayo, el mayor reclamo monetario presentado contra el país. La resolución mantiene firme aquella victoria, habilita a Uruguay a avanzar en el cobro de más de US$ 4 millones y vuelve a poner sobre la mesa una idea que el país ha defendido durante años: seguridad jurídica también es contar con un Estado capaz de sostener sus decisiones y defender los recursos públicos cuando son cuestionados.

Uruguay volvió a ganar en el caso Aratirí. El Tribunal de Apelación de París rechazó el intento de los actores vinculados al frustrado proyecto minero de anular el laudo arbitral que en 2020 había desestimado una demanda por US$ 3.536 millones, el mayor reclamo monetario presentado contra el Estado uruguayo.

La Justicia francesa no volvió a resolver ahora si Uruguay debía pagar esa cifra: esa pretensión había sido rechazada seis años atrás. Lo que estaba en juego era la supervivencia de aquel laudo después de una larga batalla judicial promovida por los demandantes para dejarlo sin efecto. El Tribunal de Apelación rechazó la solicitud de anulación y mantuvo vigente la resolución de 2020, incluido su carácter de cosa juzgada.

El fallo tiene además consecuencias económicas concretas. Uruguay puede avanzar en Francia para cobrar US$ 4.097.149 que los demandantes adeudan en virtud del arbitraje de 2020. A ese monto se suman 300.000 euros por las costas judiciales del proceso de anulación resuelto ahora. Son obligaciones originadas en instancias diferentes y no deben confundirse, pero ambas tienen al Estado uruguayo como acreedor después de haber enfrentado una demanda multimillonaria.

Uruguay construyó buena parte de su reputación internacional ofreciendo reglas claras, contratos que se respetan e instituciones confiables. Esa seguridad también exige que el Estado pueda defenderse cuando una empresa entiende que fue perjudicada y presenta un reclamo. Tener seguridad jurídica no supone aceptar cualquier pretensión contra el país, supone contar con reglas para resolver esos conflictos y con capacidad técnica para sostener la posición uruguaya cuando corresponde.

El mayor reclamo monetario contra Uruguay

La controversia comenzó en 2017, después del fracaso del proyecto para explotar mineral de hierro en Valentines. Integrantes de la familia Agarwal, vinculados a Aratirí y a Zamin Ferrous, recurrieron al arbitraje internacional argumentando que distintas decisiones adoptadas por el Estado entre 2012 y 2017 habían configurado una “expropiación ilícita” y violado obligaciones establecidas en el tratado de protección de inversiones con Reino Unido.

El reclamo ascendía a US$ 3.536 millones. La magnitud de esa cifra explica por qué la defensa del país no podía ser tratada como un expediente más. Una condena de ese tamaño habría comprometido recursos públicos de una escala extraordinaria para Uruguay.

En agosto de 2020, el tribunal arbitral hizo lugar a los argumentos presentados por el Estado y desestimó la demanda. También condenó a los demandantes a afrontar los costos del procedimiento. Allí cayó por primera vez la pretensión de cobrarle a Uruguay más de US$ 3.500 millones.

Pero el conflicto siguió, los actores recurrieron ante la Justicia francesa y en 2023 consiguieron que el Tribunal de Apelación de París anulara aquel laudo. Uruguay llevó entonces el caso hasta la Corte de Casación, que en abril de 2025 volvió a darle la razón al país al concluir que el tribunal parisino había excedido sus facultades de revisión. El expediente regresó al Tribunal de Apelación y fue esa nueva instancia la que terminó con el fallo conocido ahora.

La secuencia es importante porque muestra el alcance real de esta victoria. Uruguay ganó el arbitraje original, vio esa resolución anulada tres años después, recurrió ante la máxima instancia judicial francesa, consiguió revertir esa decisión y volvió a defender el laudo cuando el expediente regresó a París.

El gobierno de Orsi reforzó la estrategia para esta etapa

Cuando Yamandú Orsi asumió la Presidencia, buena parte de esa historia ya había transcurrido. El Estado tenía un laudo favorable desde 2020 y la Corte de Casación había corregido la sentencia que lo había anulado. Pero todavía quedaba una instancia abierta ante el Tribunal de Apelación de París.

La actual administración decidió reforzar la defensa y bajo coordinación de Presidencia se reformuló la estrategia jurídica y se incorporaron los estudios internacionales Asafo & Co. y Gaillard Banifatemi Shelbaya, especializados en este tipo de litigios. En junio se realizaron los alegatos finales, con participación también el director general de Presidencia y el embajador uruguayo en Francia.

Una trayectoria que viene de los gobiernos del Frente Amplio

Aratirí tampoco es un episodio aislado dentro de la experiencia uruguaya en arbitrajes internacionales.

Uno de los antecedentes más conocidos es el conflicto con Philip Morris, que cuestionó ante el CIADI medidas adoptadas por Uruguay en el marco de su política antitabaco. En 2016, el tribunal rechazó las pretensiones de la multinacional y respaldó la posición uruguaya. El caso tuvo una dimensión particular porque estaba en discusión la capacidad de un Estado de regular en defensa de la salud pública frente a una de las principales compañías tabacaleras del mundo.

En 2019 llegaron además los fallos favorables en los arbitrajes promovidos por Italba Corporation, que reclamaba US$ 100 millones, y Conecta, perteneciente a Petrobras, por aproximadamente US$ 80 millones. En el primero de esos casos, la empresa también fue condenada a reintegrar al país casi US$ 5,9 millones correspondientes a los costos del proceso.

Al final del último gobierno del Frente Amplio, Presidencia hizo un balance de esa trayectoria y destacó que durante los quince años anteriores el Estado había obtenido resultados favorables en los procesos internacionales que había enfrentado. El dato adquiere nuevamente valor con el resultado de Aratirí.

Eso permite señalar una continuidad política concreta: los gobiernos del Frente Amplio no registran hasta ahora un laudo arbitral internacional adverso contra Uruguay. No alcanza por sí solo para explicar cada resultado (los casos tienen materias, tribunales y antecedentes diferentes), pero sí habla de una forma de abordar litigios capaces de comprometer cientos o miles de millones de dólares.

Philip Morris y una reforma de entender la soberanía

El caso Philip Morris sigue siendo probablemente el ejemplo más claro de esa concepción. Uruguay había adoptado medidas para limitar el consumo de tabaco y la multinacional entendió que algunas de ellas lesionaban sus derechos como «inversor». El país podía retroceder para evitar el litigio o defender la política pública que había decidido aplicar, y eligió lo segundo.

Aratirí es jurídicamente distinto y sería forzado presentar ambos casos como equivalentes. Pero existe una línea política que los une: la seguridad jurídica funciona en dos direcciones. Protege a quienes invierten, pero también establece los procedimientos dentro de los cuales el Estado puede defender decisiones que considera legítimas.

La soberanía, vista así, consiste en poder ejercer las competencias del Estado dentro de esas reglas y contar con los recursos profesionales necesarios para sostenerlas cuando son cuestionadas.

Montecon: defender al país también es negociar

La empresa había iniciado un arbitraje ante el CIADI en el que reclamaba alrededor de US$ 600 millones por las consecuencias del acuerdo que el gobierno anterior firmó con Katoen Natie en el Puerto de Montevideo. La administración Orsi abrió una negociación para terminar el litigio, pero fijó condiciones: Uruguay no reconocería responsabilidad, no pagaría una indemnización y no asumiría obligaciones como contrapartida por el retiro de la demanda.

En septiembre, Neltume retiró de forma irrevocable todas sus pretensiones. El acuerdo impide además que Neltume, Montecon y sus empresas vinculadas vuelvan a reclamar contra Uruguay por los mismos hechos. El país no pagó compensación ni admitió responsabilidad, Jorge Díaz definió el resultado como “un triunfo de Uruguay a nivel internacional”.

Hay una diferencia importante con Aratirí, en un caso, Uruguay sostuvo su defensa durante años hasta obtener un pronunciamiento favorable, en el otro, utilizó la negociación para sacar de encima del Estado una demanda por cientos de millones de dólares sin pagar una indemnización. Las dos estrategias responden al mismo objetivo: proteger el patrimonio público.

Seguridad jurídica con un Estado que se haga respetar

El país necesita inversión y para conseguirla necesita reglas previsibles, eso implica contratos serios, normas claras, tribunales independientes y mecanismos que permitan reclamar cuando una empresa entiende que sus derechos fueron vulnerados. Pero nada de eso obliga al Estado a asumir una posición pasiva.

Una empresa puede recurrir a un tribunal internacional, el Estado puede presentar sus argumentos, contratar los equipos jurídicos que considere necesarios y llegar hasta la última instancia cuando entiende que están en juego recursos públicos o decisiones legítimas.

Porque la seguridad jurídica y soberanía no son conceptos enfrentados, la primera fija las reglas y la segunda exige que Uruguay tenga capacidad real para moverse dentro de ellas sin renunciar de antemano a sus intereses.

La experiencia acumulada en Philip Morris, Italba, Conecta y ahora Aratirí muestra una conducta sostenida. El Estado no dejó de cumplir sus compromisos internacionales para defenderse, utilizó esos mismos instrumentos jurídicos y obtuvo resultados favorables.

Cardama: otro conflicto, la misma obligación de cuidar los recursos públicos

Ese criterio también permite entender por qué el gobierno decidió actuar frente al caso Cardama. Si el Poder Ejecutivo entiende que los intereses del Estado fueron comprometidos, tiene que utilizar las herramientas legales disponibles para protegerlos.

En febrero de 2026, el Consejo de Ministros rescindió el contrato con Francisco Cardama S.A. y encomendó al Ministerio de Defensa iniciar las acciones civiles, penales, administrativas y arbitrales que correspondieran. El gobierno fundamentó esa decisión en incumplimientos contractuales y en irregularidades detectadas en las garantías presentadas por la empresa.

Las responsabilidades deberán determinarse en las instancias correspondientes, pero la tarea del gobierno es defender al Estado y evitar que un problema contractual termine siendo absorbido como una pérdida que pagan todos.

Aratirí muestra lo que significa sostener ese criterio durante años.