
El diputado destacó que el convenio entre Defensa e Interior permitirá utilizar vehículos protegidos en operativos policiales, pero aclaró que no habrá efectivos militares directamente involucrados en el combate al delito. Señaló que la medida forma parte de un plan más amplio de seguridad y no puede ser presentada como una solución aislada.
El diputado Carlos Rodríguez valoró la comparecencia de la ministra de Defensa ante la Comisión de Defensa Nacional y sostuvo que quedó aclarado el alcance del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior para el uso de vehículos protegidos en operativos de seguridad.
Para Rodríguez, el punto central fue despejar dudas sobre la eventual participación de militares en tareas de combate al delito.
“Quedó meridianamente claro por parte del Ministerio de que no va a haber efectivos militares directamente implicados en el combate al delito”, afirmó.
El legislador explicó que el convenio habilita al Ministerio del Interior a utilizar vehículos que hoy pertenecen al Ministerio de Defensa, con el objetivo de brindar mayor protección al personal policial en determinados operativos.
“Lo que hay es un convenio que permite al Ministerio del Interior hacer uso de vehículos que hoy tiene el Ministerio de Defensa”, señaló.
«No hay militarización»
Rodríguez sostuvo que la medida no implica militarizar la política de seguridad, sino complementar recursos disponibles del Estado para proteger a la Policía en operativos específicos.
“No hay una militarización de la política de seguridad”, afirmó.
Según explicó, se trata de vehículos que en otros países cumplen funciones policiales y que en Uruguay serán conducidos por efectivos policiales entrenados para ese fin.
“Estos vehículos que hoy forman parte del Ministerio de Defensa en otros países tienen tareas policiales”, sostuvo.
El diputado informó que los primeros 18 efectivos policiales están siendo entrenados en Florida para manejar vehículos alemanes que forman parte del convenio.
También remarcó que estos vehículos no actuarán solos, sino dentro de un esquema operativo más amplio.
“Allí no son sólo vehículos blindados, sino otro tipo de vehículos, motos, patrulleros que van a estar participando de estos operativos”, explicó.
Cuatro vehículos en una primera etapa
Rodríguez señaló que en una primera etapa se utilizarán cuatro vehículos, aunque el convenio habilita hasta 12.
“En una primera instancia están estos cuatro vehículos, el convenio marca hasta 12”, explicó.
El legislador indicó que el Ministerio de Defensa cuenta con distintos modelos que podrían cumplir las características requeridas por Interior, pero que la incorporación de más unidades dependerá de la evaluación de esta primera etapa.
“No hay por ahora, en una primera etapa de estos cuatro, se va a valorar si es necesario aportar más”, sostuvo.
También explicó que el convenio surge mientras el Ministerio del Interior espera la llegada de cinco vehículos ya comprados, que estarían disponibles antes de fin de año.
“El origen del convenio tiene que ver con la espera que está llevando adelante el Ministerio del Interior de cinco vehículos que ya compró y que estarían prontos a llegar”, afirmó.
Responsabilidad del Ministerio del Interior
Rodríguez aclaró que, durante los seis meses de vigencia del convenio, los vehículos quedarán bajo responsabilidad del Ministerio del Interior.
“Por estos seis meses que dura el convenio, los vehículos que se han utilizado quedan bajo estricta responsabilidad del Ministerio del Interior”, señaló.
Eso incluye mantenimiento y eventuales situaciones derivadas del uso, como daños o accidentes.
“La responsabilidad sobre el uso de estos vehículos en el convenio queda clara que es del Ministerio del Interior”, afirmó.
El diputado indicó además que el plazo del convenio es de seis meses, aunque puede ser prorrogado si las circunstancias lo requieren.
El caso de los Mamba
Consultado por los vehículos Mamba donados por Estados Unidos, Rodríguez explicó que la ministra dejó claro que se encuentran dentro de los modelos que podrían ser utilizados.
“La ministra también dejó claro que los vehículos Mamba están dentro de los cinco modelos que pueden ser utilizados”, afirmó.
De todos modos, señaló que esos vehículos tienen una particularidad: por las condiciones de la donación, solo pueden ser conducidos por personal militar entrenado específicamente.
“Solo pueden ser conducidos por personal militar”, explicó.
Rodríguez sostuvo que, en caso de utilizarse, habría que instrumentar una comisión de servicio para que ese personal pase a depender de Interior, o eventualmente aprobar una norma específica que brinde mayor seguridad jurídica.
“La ministra fue muy clara en eso, su opinión es que sería mucho más seguro para los respectivos militares poder contar con una reglamentación, en este caso una ley específica sobre eso”, señaló.
El diputado informó que se realizó una comunicación a través de la Embajada de Estados Unidos para consultar si la donación permitía ese uso, y que la respuesta fue afirmativa bajo esas condiciones.
“La contestación es que sí, que permite bajo estricta conducción de personal militar que fue entrenado específicamente para este tipo de conducción”, explicó.
Parte de un plan más amplio
Rodríguez rechazó que la política de seguridad pueda reducirse al uso de cuatro vehículos protegidos.
“Pensar la política de seguridad o el combate al narcotráfico y que la solución es el uso de 4 vehículos blindados, me parece disparatado”, afirmó.
El diputado sostuvo que el Ministerio del Interior nunca presentó la medida como una solución aislada.
“No está planteado nunca así, ni por el Ministerio del Interior, ni en la política de seguridad”, señaló.
Según explicó, el uso de estos vehículos se integra a un plan general que incluye más personal, presencia en territorio, motos, patrulleros y otros recursos operativos.
“Lo que puede dar resultados es el plan general”, afirmó.
Rodríguez remarcó que el objetivo es fortalecer el trabajo policial frente al narcotráfico y el crimen organizado, cuidando la integridad de los efectivos.
Seguridad y resultados
El diputado reconoció que la discusión de fondo sobre seguridad excede a la Comisión de Defensa Nacional y debe continuar en los ámbitos parlamentarios correspondientes.
“La Comisión de Defensa excede a la Comisión de Defensa Nacional la discusión sobre la política de seguridad”, señaló.
Rodríguez sostuvo que, pese a distintas políticas implementadas durante años, los resultados en seguridad no han sido los esperados.
“Por más que se han generado durante distintos años políticas vinculadas no ha habido los resultados esperados”, afirmó.
Para el legislador, eso confirma la necesidad de seguir discutiendo una estrategia integral, sin caricaturizar medidas concretas ni presentar el convenio como una militarización.
En ese sentido, insistió en que el acuerdo entre Defensa e Interior debe leerse como una herramienta puntual dentro de un plan más amplio de seguridad pública.
“Me parece que quedó meridianamente claro que no hay una militarización de la política de seguridad”, concluyó.
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