Daniel Caggiani: más controles y menos privilegios para la política

9 de noviembre de 2026

El senador del MPP destacó la aprobación de un proyecto que obliga a rendir cuentas y devolver los viáticos no utilizados, y planteó una agenda más amplia para fortalecer la transparencia, revisar los beneficios de los cargos políticos y prevenir los conflictos de interés. También defendió la necesidad de alcanzar acuerdos para renovar las autoridades de los organismos de contralor.

Daniel Caggiani fue entrevistado por En Perspectiva y Desayunos Informales, donde abordó una serie de iniciativas orientadas a mejorar los mecanismos de control sobre la actividad política y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

El punto de partida fue la aprobación por unanimidad en la Cámara de Senadores de un proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio que establece nuevas obligaciones para la rendición de viáticos utilizados en misiones oficiales al exterior. Sin embargo, el legislador situó la iniciativa dentro de una discusión más amplia sobre los privilegios de los cargos políticos, la utilización de recursos públicos y la necesidad de establecer reglas que permitan prevenir conflictos de interés.

La propuesta, que ahora deberá ser considerada por la Cámara de Representantes, forma parte de una agenda legislativa que también comprende la revisión de los subsidios que reciben las autoridades al finalizar sus mandatos, la dedicación exclusica de los legisladores, la publicidad de las declaraciones patrimoniales y el fortalecimiento de los controles sobre las instituciones que administran fondos públicos.

Para Caggiani, la discusión tiene como principio central, y es que quienes ejercen responsabilidades públicas deben estar sujetos a mecanismos de transparencia y rendición de cuentas acordes con las exigencias que se establecen para el conjunto de la ciudadanía.

Una ley para devolver lo que no se gastó

El proyecto aprobado por el Senado, con 29 votos en 29, extiende al Poder Legislativo y a los gobiernos departamentales y municipales las obligaciones de rendición de viáticos que ya rigen para la Administración Central. Su alcance comprende a senadores, diputados, funcionarios legislativos, ediles y cargos políticos y de particular confianza de los distintos niveles de gobierno.

Según explicó Caggiani, la nueva regulación incorporará a más de 1.500 personas que hasta ahora no estaban alcanzadas por un régimen uniforme de rendición de cuentas sobre los recursos recibidos para viajes oficiales al exterior.

La iniciativa establece que los viátivos deberán justificarse y que los montos no utilizados tendrán que ser devueltos. Quienes incumplan las obligaciones de rendición estarán sujetos a descuentos y no podrán participar en nuevas misiones oficiales hasta regularizar su situación.

Aunque actualmente muchos legisladores ya devuelven voluntariamente el dinero sobrante, la ausencia de una obligación general permitía que coexistieran criterios diferentes. Incluso, durante años, algunso parlamentarios consideraron que el viático constituía una partida personal que no necesariamente debía reintegrarse.

El senador recordó que esta discusión comenzó hace una década, cuando impulsó una regulación más exigente que llegó a aprobarse, pero que nunca pudo implementarse. Posteriormente, durante el gobierno anterior, se estableció un régimen para Administración Central que dejó fuera a los organismos que ahora busca incorporar el nuevo proyecto.

La discusión pública también produjo cambios en las prácticas parlamentarias. Como ejemplo, Caggiani señaló que durante el período anterior se asignaron aproximadamente 350.000 dólares en viáticos en el Senado, de los cuales se devolvieron 50.000. En lo que va del actual período, las partidas alcanzan unos 140.000 dólares y las devoluciones ya suman alrededor de 40.000.

Para el legislador, la evolución demuestra que la discusión sobre el uso de los recursos públicos ha contribuido a modificar conductas, pero también confirma la necesidad de que la rendición de cuentas deje de depender exclusivamente de decisiones individuales.

«Devolvamos lo que no es nuestro», sintetizó durante su entrevista en Desayunos Informales.

Transparencia también sobre los vínculos internacionales

Uno de los aspectos que Caggiani destacó especialmente es la obligación de informar los viajes y las actividades internacionales que los representantes políticos realizan en función de sus cargos, incluso cuando no son financiados por el organismo público al que pertenecen.

El segundo artículos del proyecto apunta a transparentar la participación en foros, encuentros y actividades organizadas por gobierno, instituciones u organizaciones internacionales, así como los vínculos que se establecen en esos espacios.

Se trata de actividades que pueden contribuir al ejercicio de las responsabilidades públicas, pero cuya existencia y financiamiento no siempre resultan fácilmente accesibles para la ciudadanía.

El objetivo es que esos vínculos sean conocidos, especialmente cuando quienes participan posteriormente intervienen en debates legislativos o decisiones de gobierno relacionadas con los asuntos abordados en esas instancias.

En ese sentido, Caggiani defendió que la transparencia no debe limitarse a cuánto dinero gasta un representante político, sino que también debe permitir conocer con quiénes se relaciona y en qué ámbitos desarrolla su actividad institucional.

La representación internacional debe servir al país

Durante ambas entrevistas, el senador también respondió a los cuestionamientos sobre los viajes parlamentarios y a la propuesta del senador colorado Pedro Bordaberry de prohibir que los legisladores viajen al exterior con recursos públicos.

Caggiani consideró que esa posición simplifica una discusión que debería concentrarse en mejorar los controles, evaluar la pertinencia de las delegaciones y asegurar que la particiáción internacional produzca resultados concretos para Uruguay.

El Parlamento uruguayo participa históricamente en ámbitos como la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento del Mercosur. Estos espacios permiten establecer relaciones institucionales con representantes de otros países, intercambiar experiencias legislativas e intervenir en discusiones internacionales relevantes para los intereses nacionales.

Como ejemplo, mencionó su participación como copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), desde donde mantiene vínculos con representantes del Parlamento Europeo que participan en el tratamiento del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

La construcción de esos vínculos, señaló, constituye una herramienta de trabajo para Uruguay, especialmente cuando el oficialismo y la oposición actúan conjuntamente en representación del país.

Esto no implica desconocer que existen aspectos que deban mejorarse, Caggiani se mostró dispuesto a revisar la cantidad de integrantes de las delegaciones, los mecanismos de autorización y los resultados de las misiones oficiales, pero sostuvo que esas modificaciones pueden instrumentarse mediante decisiones y reglamentos parlamentarios.

Frente a las propuestas de prohibición, defendió una posición orientada a mejorar la calidad del trabajo institucional y garantizar que los recursos públicos se utilicen correctamente.

Revisar los privilegios y acercar la política a la realidad de los y las trabajadoras

La regulación de los viáticos es apenas una de las iniciativas que la bancada del Frente Amplio busca impulsar para modificar beneficios asociados al ejercicio de cargos políticos.

Entre ellas se encuentra un proyecto para revisar los subsidios que reciben legisladores y otras autoridades cuando finalizan sus mandatos.

Actualmente, estos cargos pueden acceder a un subsidio de hasta un año, equivalente al 85% de su remuneración. La propuesta busca aproximar esas condiciones a las que rigen para los trabajadores de la actividad privada, particularmente en la duración máxima del beneficio, que se plantea reducir a seis meses.

El senador sostuvo que algunas disposiciones que pudieron resultar razonables en otros momentos históricos deben ser revisadas a la luz de la realidad actual.

La iniciativa responde, además, a una concepción de la actividad política que exige coherencia entre las decisiones que se toman para el conjunto de la sociedad y las condiciones que mantienen quienes ocupan responsabilidades de gobierno.

«Si nosotros le exigimos o le pedimos a los ciudadanos que hagan esfuerzos y no hacemos el esfuerzo nosotros, también es un poco hipócrita», señaló en Desayunos Informales.

En la misma línea, planteó la posibilidad de revisar las devoluciones del Fonasa que perciben los cargos políticos con determinadas remuneraciones. Si bien aclaró que esta propuesta todavía no fue presentada formalmente, consideró que esos recursos podrían destinarse al Fondo Nacional de Recursos.

También recordó que los integrantes de la lista 609 aplican topes salariales y destinan parte de sus ingresos a la organización política, como resultado de decisiones colectivas vinculadas a una concepción austera del ejercicio de las responsabilidades públicas.

Dedicación exclusiva y prevención de conflictos de interés

Otro de los asuntos abordados fue la propuesta de establecer un régimen de dedicación exclusiva para la actividad legislativa.

Caggiani defendió que quienes tienen la responsabilidad de elaborar leyes, controlar al gobierno y representar a la ciudadanía deben ejercer esas funciones sin mantener actividades privadas que peudan entrar en conflicto con sus obligaciones públicas.

La discusión cobra particular importancia cuando los representantes políticos participan en decisiones relacionadas con sectores económicos o instituciones con las que mantienen vícnulos profesionales o comerciales.

El legislador señaló que actualmente existen situaciones permitidas por la normativa que, sin construir irregularidades legales, justifican una revisión de los criterios de incompatibilidad y los mecanismos para prevenir conflictos de interés.

A partir de esa preocupación, palnteó la necesidad de avanzar en regulaciones sobre las denominadas puertas giratorias: el tránsito de personas entre cargos públicos y actividades privadas vinculadas con organismos o sectores sobre los que deben tomar decisiones.

Entre las posibilidades mencionadas se encuentran períodos de incompatibilidad o enfriamiento, controles patrimoniales y mecanismos objetivos que permitan evaluar posibles conflictos antes del ingreso a determinadas funciones públicas.

Caggiani insistió en que la discusión no debería resolverse exclusivamente a partir de casos particulares, por el contratrio, sostuvo que el sistema político debe establecer criterios generales que permitan preservar la independencia de las instituciones sin desconocer los derechos vinculados al ejercicio profesional.

La preocupación central es prevenir situaciones que puedan comprometer la actuación de organismos con responsabilidades especialmente sensibles, como la persecusión del narcotráfico y el crimen organizado.

Para el senador, la prevención exige reglas claras que no dependan de quién sea la persona involuctada ni de su pertenencia política.

Más controles sobre quienes administran fondos públicos

La agenda de transparencia planteada por Caggiani también comprende a instituciones privadas que reciben y administran recursos estatales.

El senador recordó que, durante el período anterior, impulsó la ampliación de las declaraciones juradas patrimoniales públicas para permitir que la ciudadanía accediera a mayor información sobre los ingresos y bienes de quienes ejercen las principales responsabilidades políticas.

A su entender, ese avance debería complementarse con mecanismos que alcancen a determinadas organizaciones privadas financiadas con fondos públicos, como las instituciones de asistencia médica colectivaq que reciben recursos del Fonasa.

La discusión no apunta a equiparar automáticamente el funcionamiento de todas las instituciones, sino a establecer obligaciones de información y control acordes con el origen público de los recursos que administran.

En ese proceso, Caggiani también consideró necesario fortalecer a la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) y mejorar las herramientas institucionales destinadas a prevenir el aprovechamiento particular de los cargos y las decisiones públicas.

«Los que quieran hacer plata, bienvenido sea, vayan a la actividad privada», expresó, al defender que las responsabilidades públicas deben ejercerse en función del interés general.

Renovar los organismos de contralor y fortalecer la institucionalidad

En el tramo final de su entrevista en Desayunos Informales, Caggiani abordó las negociaciones parlamentarias para renovar autoridades de distintos organismos del Estado, entre ellos la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Fiscalía de Corte.

El senador expresó su preocupación por las dificultades para alcanzar acuerdos políticos que permitan completar designaciones pendientes y renovar autoridades de organismos fundamentales para el funcionamiento democrático.

En particular, recordó que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas cumplen funciones esenciales de contralor sobre los procesos electorales, el financiamiento de los partidos políticos y la legalidad del gasto público.

La renovación de sus autoridades constituye, por tanto, una responsabilidad institucional que no debería quedar indefinidamente postergada por diferencias entre los partidos.

Caggiani explicó que las conversaciones mantenidas con la oposición sufrieron un retroceso luego de que se hicieran públicos aspectos de una negociación vinculada con la designación de un integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, reafirmó la disposición del Frente Amplio a continuar buscando acuerdos.

También sostuvo que la designación de un fiscal de Corte debe formar parte de esa agenda, aunque rechazó que el oficialismo esté condicionando todas las demás designaciones a un acuerdo simultáneo sobre ese cargo.

Como antecedentes de cooperación parlamentaria, mencionó acuerdos alcanzados para integrar la Institución Nacional de Derechos Humanos, designar al comisionado parlamentario para el sistema penitenciario e incorporar representantes de la oposición a organismos públicos.

Para Caggiani, fortalecer las instituciones implica tanto renovar sus autoridades conforme a los procedimientos legales como garantizar los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.

Una agenda para mejorar la calidad de la democracia

Las distintas iniciativas expuestas por Caggiani responden a una misma orientación, y es establecer mayores responsabilidades para quienes ejercen cargos públicos, reducir beneficios que no se corresponden con las condiciones del conjunto de los trabajadores y fortalecer los mecanismos institucionales de prevención y control.

La aprobación unánime del proyecto sobre viáticcos representa un avance concreto en esa dirección, aunque su tratamiento también dejó en evidencia las dificultades que enfrenta el sistema político cuando debe establecer reglas que afectan directamente a sus propios integrantes.

La agenda defendida por el senador busca superar esa resistencia mediante cambios normativos que no dependan exclusivamente de la buena voluntad individual y que permitan a la ciudadanía conocer, controlar y evaluar mejor la actuación de sus representantes.

En un contexto de creciente exifente hacia las instituciones democráticas, el planteo coloca la transparencia, la austeridad y la responsabilidad pública como condiciones necesarias para fortalecer la actividad política.

El objetivo, según expresó el legislador, es mejorar el funcionamiento de las instituciones y evitar que las responsabilidades públicas sean utilizadas para obtener beneficios particulares.

Una tarea que no se agota en la devolución de viáticos, sino que comprende una revisión más profunda de las reglas con las que funciona el sistema político uruguayo.