El Gobierno criminaliza la protesta, señaló Lilian Galán

«Quiero referirme a un hecho a nuestro juicio gravísimo: el intento de criminalizar la protesta social», desarrolla la compañera diputada.

Quiero referirme a un hecho a nuestro juicio gravísimo: el intento de criminalizar la protesta social.

He realizado un pedido de informes al respecto, pero espero que se corrija el rumbo sin demoras. Los plazos que tiene el Poder Ejecutivo para contestar las preguntas de los legisladores, la mayor parte de las veces, no permiten ejercer un control adecuado.

Nos referimos a que se está investigando y denunciando ante fiscalía a personas que, en el ejercicio legítimo de sus derechos, protestan contra lo que es un pésimo proyecto, carísimo, y que deja a nuestra empresa de agua potable desfinanciada por los próximos 20 años.

Estoy aludiendo a la construcción de una potabilizadora tradicional sobre el Rio de la Plata. Un proyecto caro, técnicamente muy cuestionable y que no ha sido aprobado por ningún ámbito de participación social, tal como indica la Constitución.

El sindicato de OSE, junto a otras organizaciones sociales, efectuó una protesta en el edificio central de OSE el 13 de junio, cuando fueron presentadas las propuestas por parte de las empresas.

Ese día me hice presente en la explanada del Edificio Cordón. Fui a expresar mi solidaridad como diputada con una protesta que, creo, tiene sobradas razones para realizarse.

Quiero repasar brevemente las acciones que resolvió el directorio de OSE luego de la movilización del 13 de junio.

En primera instancia resuelve, por RD nº.822/23 con fecha 5 de julio de 2023, una investigación administrativa sobre los sucesos ocurridos en la movilización gremial antes mencionada.

El 9 de julio de 2023, el programa televisivo Santo y Seña trasmite un video registrado por las cámaras de seguridad de OSE en el cual se ven algunas personas que participaban de la movilización gremial, ocurrida en el edificio central de OSE.

El día 10 de julio de 2023, por RD nº.827/23, el directorio decide realizar una denuncia penal a funcionarios que la Resolución no identifica, pero que define como “representante de la Federación de Funcionarios de OSE que realizó declaraciones a la prensa”; lo que se traduce  en los hechos en una primera denuncia penal contra el funcionario Federico Kreimerman, quien ostenta actualmente el cargo de presidente de la Federación de Funcionarios de OSE, y contra el funcionario Marcelo Valverde, secretario general del mismo gremio; en la denuncia penal se cita como fundamento el material de video emitido por Santo y Seña el 9 de julio de 2023, y declaraciones a Subrayado del día 10 de julio de 2023.

El día 16 de julio, el programa Santo y Seña vuelve a trasmitir otro tramo de las grabaciones de video obtenidas por las cámaras que integran el sistema de seguridad, del Edificio Central de OSE, y otros videos de los medios de prensa, en donde se individualiza a otros dirigentes o delegados de FFOSE.

Con posterioridad a esta intervención periodística del 16 de julio, se decide ampliar la denuncia penal sobre otro dirigente del sindicato de trabajadores de OSE, Carlos Larrosa, integrante del Secretariado Ejecutivo de la Federación de Funcionarios de OSE.

A todo esto es importante destacar que el acto de apertura de ofertas se llevó a cabo, los representantes de las empresas, entraron y salieron del edificio, inclusive dieron declaraciones a la prensa. No hubo ningún daño ni material ni personal, ni siquiera simbólico.

Dejamos la crónica del informativo de Canal 10, en el que se ve un importante dispositivo policial tratando de impedir que los manifestantes continuaran su protesta https://www.subrayado.com.uy/tension-ose-movilizacion-del-sindicato-cuando-se-recibian-ofertas-el-proyecto-arazati-n917930

En la nota de la cual dejo el enlace a continuación https://www.ambito.com/uruguay/proyecto-arazati-ose-recibio-dos-propuestas-la-construccion-la-nueva-planta-n5745015 se pueden ver fotografías del acto de apertura dentro de las instalaciones de OSE desarrollándose dentro del edificio, las imágenes no denotan ni siquiera un poco de preocupación de las autoridades, en cambio sí destaca el tweet del exministro de Ambiente, Adrián Peña, luciendo sonrisa de oreja a oreja.

Nadie podría decir que estas mismas personas luego denunciarían penalmente a dirigentes del FFOSE por atentado para impedir que un funcionario público cumpla su labor.

Increíblemente las autoridades de OSE han elegido a tres de los manifestantes, que  además son dirigentes del sindicato, entre las decenas de afiliados a FFOSE que participaron de la movilización, para que cumplan el rol de chivos expiatorios, iniciando investigación administrativa y denuncia penal.

¿Por qué a ellos y no a todos los que se encontraban allí?

¿Por qué se decide iniciar estas acciones tres semanas después de los hechos? Pasaron tres semanas desde el 13 de junio para que el directorio de OSE se percatara finalmente que la movilización había traspasado, presuntamente,  los límites de la molestia.

¿Por qué se toma la información emitida por el programa televisivo Santo y Seña para fundamentar estas acciones? Cabe preguntarse cómo habrá obtenido ese programa las imágenes de las cámaras de seguridad colocadas en el interior del edificio.

¿El directorio de OSE entregó las imágenes de sus cámaras de seguridad al programa Santo y Seña? Nos gustaría recibir explicaciones de cuál fue el beneficio para la administración, si es que las imágenes llegan al programa por decisión de las autoridades de OSE.

¿Las imágenes no fueron entregadas a Santo y Seña? Entonces quisiéramos saber si se inició investigación administrativa para averiguar quién filtró las imágenes

Es increíble, Santo y Seña toma las imágenes de las cámaras de seguridad de OSE, arma un relato, y eso es lo que toma la OSE como prueba para actuar. Y no estamos exagerando: OSE ha iniciado investigación administrativa y denuncia penal a quienes Santo y Seña señaló en sus programas. ¿Quién nos gobierna?

En realidad, tenemos la hipótesis que como este gobierno destaca por su capacidad de manejar la agenda mediática, tapando un problema con otro, esta criminalización de la protesta cumple el doble propósito de atacar a las organizaciones sociales que vienen denunciado al Proyecto Arazatí y distraer la atención hacia otros temas que no perjudiquen al Gobierno.

Sospechamos que la investigación administrativa y la denuncia penal le debe haber llegado al directorio de OSE como una indicación desde niveles más altos de Gobierno.

De este modo se deja de hablar sobre la entrega de 800 millones de dólares a lo largo de 20 años por una potabilizadora sobre un río que tiene largos episodios de salinidad y, más importante aún, se desvía la atención de la mayor crisis de abastecimiento de agua potable que haya sufrido nuestro país, al menos desde 1952, año de creación de OSE.

Entre el 13 de junio, fecha de movilización, y el 5 de julio, fecha de la primera resolución del directorio de OSE indicando el inicio de la investigación administrativa, la noticia de todos los días era cuantos días quedaban para que se agotara las reservas en Paso Severino.

Es una hipótesis, pero nadie puede discutir que al gobierno le resultó conveniente llamar la atención sobre una movilización gremial. Y de ese modo se hablara menos del agua salada en las canillas, o los calefones que dejaban de funcionar.

Sin dudas es el mundo del revés. En la interpelación del 31 de agosto, al Ministerio de Ambiente y las autoridades de OSE por el proyecto Arazatí quedó demostrado que se modificó un decreto que aseguró un margen de ganancia mayor a las empresas que propusieron al Iniciativa, y que finalmente resultaron las adjudicadas para construir el proyecto. También nos enteramos que una empresa española quiso participar y se retiró, dejando por escrito, que no encontró garantías en el procedimiento seguido.

Esperamos que todas estas decisiones sean auditadas e investigadas en un próximo gobierno, son demasiadas las fallas que se vienen acumulando.

Pedido de informes de Lilián Galán