Foto: Presidencia
El Ejecutivo conformó una comisión para avanzar en el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Uruguay mantiene pendientes. Con ese objetivo quedó conformada una comisión de trabajo integrada por el Ministerio de Defensa Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, familiares de víctimas de la dictadura civil-militar y representantes legales y universitarios.El grupo tendrá 180 días para elaborar recomendaciones que serán incorporadas a la formación de las Fuerzas Armadas, con énfasis en derechos humanos y las graves violaciones cometidas durante la dictadura.
Una obligación pendiente desde la sentencia del caso Maidanik
La iniciativa responde, entre otras obligaciones, a la sentencia de la Corte IDH en el caso Maidanik y otros vs. Uruguay, dictada en noviembre de 2021.
En ese fallo, el tribunal internacional ordenó al Estado uruguayo adoptar programas permanentes de formación, capacitación y sensibilización en derechos humanos para integrantes de las Fuerzas Armadas. La disposición establece específicamente que la formación debe incluir contenidos sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
«Un paso más en la construcción del nunca más»
Da Silva definió la creación de la comisión como «un paso más hacia el nunca más» y sostuvo que existe una decisión del actual gobierno de avanzar en las obligaciones internacionales todavía pendientes.
«Hay una voluntad de este Gobeirno de cumplir, porque estpa comprometido con la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia», afirmó.
El objetivo, explicó, es que quienes ingresen a las Fuerzas Armadas conozcan qué ocurrió durante el terrorismo de Estado, sus consecuencias y las responsabilidades que corresponden a las instituciones democráticas para evitar su repetición.
La comisión será coordinada por Mariana Risso, responsable del área de Pasado Reciente de la Secretaría de Derechos Humanos.
Derechos humanos como parte de la formación militar
La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, señaló que el trabajo no estará limitado al cumplimiento formal de una sentencia.
La comisión deberá elaborar recomendaciones sobre derechos humanos que posteriormente serán incorporadas a los programas de enseñanza de las Fuerzas Armadas.
Lazo sostuvo que el proceso debe servir como una instancia de reflexión sobre el papel de las instituciones dentro de una sociedad democrática.
«Queremos que esto nos ayude a recomponer y a pensar como sociedad en qué mundo y en qué país democrático queremos vivir», afirmó, y agregó que la educación es una herramienta central para superar los problemas que todavía persisten.
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