
El secretario de Presidencia defendió las prioridades marcadas por Yamandú Orsi: infancia, seguridad, empleo, vivienda, agua e inversión. También respaldó al ministro Carlos Negro, cuestionó el “palo en la rueda” de la oposición y sostuvo que la Rendición de Cuentas es clave para financiar políticas sociales y de seguridad.
En entrevista con Todo un tema, Sánchez reconoció que el gobierno enfrenta dificultades, algunas vinculadas a errores propios, otras al contexto internacional, a la falta de mayorías parlamentarias y a problemas heredados de la administración anterior. Sin embargo, rechazó la idea de un gobierno paralizado y repasó una serie de medidas ya desplegadas en infancia, educación, empleo, seguridad, vivienda, agua e inversión.
Para el secretario de Presidencia, el mensaje de la sociedad no debe responderse con enojo ni con excusas, sino con más gestión. “La sociedad nos está reclamando que seamos mejores”, afirmó.
Infancia y pobreza: el centro del gobierno
Sánchez ubicó la reducción de la pobreza infantil como una de las principales razones de ser del gobierno frenteamplista. En ese marco defendió la reforma de transferencias incluida en la Rendición de Cuentas, a la que definió como una de las transformaciones más importantes de las últimas dos décadas en materia de apoyo a la primera infancia.
El gobierno, explicó, no mira la pobreza únicamente desde el ingreso. Las transferencias son parte de la respuesta, pero no alcanzan por sí solas. Por eso las vinculó con políticas educativas, alimentación, revinculación de estudiantes, urbanización de barrios y presencia estatal en territorios donde las desigualdades se acumulan desde hace años.
Sánchez destacó el bono escolar que llegó este año a 170.000 niños y niñas, con el objetivo de que el comienzo de clases no dependa solamente de las posibilidades de cada hogar. También recordó que el gobierno se propuso duplicar la alimentación en educación secundaria y que este año se sirvieron millones de platos de comida para estudiantes.
La idea, planteó, es que nacer en un asentamiento no marque de antemano el destino de una persona. Ese es, según Sánchez, el sentido de políticas como Más Barrio, las becas educativas, los comedores y los programas de revinculación.
Seguridad: fortalecer a la Policía y evitar atajos
La seguridad ocupó un tramo central de la entrevista. Sánchez reconoció que los datos de homicidios preocupan y que el gobierno no está conforme con la situación actual. Pero rechazó que el debate vuelva a quedar atrapado entre dos respuestas incompletas: la promesa de resolver todo aumentando penas o la idea de que alcanza con atacar las causas sociales.
Para el secretario de Presidencia, Uruguay necesita una “mano justa”: fortalecer el trabajo policial, incorporar tecnología, mejorar el patrullaje, sumar inteligencia, atender el sistema carcelario y actuar sobre las condiciones sociales que alimentan la violencia.
La Rendición de Cuentas, sostuvo, incluye recursos concretos para esa estrategia: 300 policías más, 1.200 millones de pesos para equipamiento, infraestructura y tecnología, además de la creación de un instituto descentralizado para el sistema carcelario.
Sánchez respaldó al ministro del Interior, Carlos Negro, y cuestionó los pedidos de renuncia impulsados por la oposición. A su juicio, erosionar al ministro en medio de una crisis de seguridad no ayuda a construir una política de Estado.
También lamentó que algunos partidos no hayan sostenido su participación en el diálogo convocado para discutir el plan de seguridad. “Si los políticos se dedican a tirarse piedras con esto y no encaran la seguridad con seriedad, difícilmente lo vamos a resolver”, señaló.
Más Barrio y presencia del Estado
Sánchez defendió Más Barrio como una de las políticas territoriales centrales del gobierno. Explicó que el programa ya comenzó a desplegarse en Cerro Norte, Corfrisa, Rivera y próximamente Maldonado, con intervenciones que combinan seguridad, obras, iluminación, limpieza, presencia social y articulación con organizaciones barriales.
El secretario de Presidencia evitó presentar resultados inmediatos como si el programa ya hubiera resuelto problemas estructurales. Pero sostuvo que el despliegue avanza y que ya se tomaron decisiones concretas, como retirar autos que funcionaban como barricadas, cambiar luminarias y preparar licitaciones para obras públicas.
El objetivo, dijo, no es hacer anuncios sino modificar realidades. Más Barrio llegará a 21 zonas durante el período y forma parte de una estrategia que busca recuperar territorios donde el Estado había llegado tarde, poco o de forma fragmentada.
Rendición y negociación parlamentaria
La entrevista también abordó la Rendición de Cuentas y la dificultad del Frente Amplio para aprobarla sin mayoría propia en Diputados. Sánchez cuestionó la decisión de la coalición republicana de anunciar rápidamente que no votaría el proyecto en general.
Para el secretario de Presidencia, esa postura desconoce el funcionamiento parlamentario: si no se vota en general, no se habilita la discusión en particular. Por eso sostuvo que el rechazo inicial de la oposición bloquea la posibilidad de discutir artículos que incluso algunos partidos dicen compartir.
Sánchez dijo que la señal fue mala y que refleja una actitud de “palo en la rueda permanente”. Aun así, afirmó que hay una negociación en marcha, especialmente con Cabildo Abierto, aunque todavía no existe una plataforma formal cerrada.
El gobierno, señaló, está dispuesto a discutir eficiencia del gasto, reasignaciones y mejoras al proyecto. Pero también marcó que la Rendición ya incorpora medidas de austeridad interna, como la supresión de 65% de las vacantes de ingreso en la Administración Central que llevaban años sin llenarse, la reducción de partidas de funcionamiento y el recorte a la mitad de los recursos destinados a misiones oficiales al exterior.
Transferencias, Cabildo y recursos
Consultado sobre los planteos de Cabildo Abierto para aumentar recursos destinados a pobreza, Sánchez dijo que el gobierno está dispuesto a discutir formas de acelerar la llegada de la nueva transferencia a más niños y niñas.
La propuesta incluida en la Rendición prevé comenzar con unos 50.000 niños y avanzar luego hacia 70.000, 90.000 y finalmente la totalidad de la población objetivo. Para Sánchez, una posibilidad a conversar es acelerar esa cadencia de ingreso.
El secretario de Presidencia también contrastó esa discusión con el financiamiento de cajas deficitarias, como la Caja Militar y la Caja de Profesionales. Sostuvo que el país debe debatir seriamente de dónde salen los recursos y qué sectores terminan siendo subsidiados por el conjunto de la sociedad.
Casupá, Neptuno y el agua potable
Sánchez fue especialmente duro con la acción judicial impulsada por el Partido Independiente contra el proyecto de Casupá. Afirmó que lo que se busca es frenar toda acción administrativa de OSE orientada a concretar la represa, una obra que el gobierno considera central para garantizar el abastecimiento de agua potable del área metropolitana.
El secretario de Presidencia recordó que, durante la transición, Orsi le pidió a Lacalle Pou que no firmara el contrato de Neptuno, porque el Frente Amplio tenía reparos sobre su viabilidad, su costo y sus consecuencias ambientales. Según Sánchez, el gobierno anterior firmó de todos modos.
Para el actual gobierno, Casupá es la obra más importante y más eficiente en términos de costo-beneficio para asegurar el agua potable. Eso no significa, aclaró, negar que en el futuro pueda considerarse una segunda fuente en el Río de la Plata, pero sí ordenar prioridades.
El punto central, explicó, no es únicamente dónde hay agua dulce, sino cuánto cuesta traerla, bombearla, transportarla y garantizar su calidad.
Inversiones y anuncios responsables
Sánchez también se refirió a proyectos de inversión como HIF y a la planta fotovoltaica asociada a UTE. Sobre HIF, recordó que fue anunciado durante el gobierno anterior como una inversión histórica de miles de millones de dólares, aunque en aquel momento todavía no existían condiciones concretas para su ejecución.
El actual gobierno, explicó, trabaja sobre un memorándum de entendimiento para avanzar hacia un contrato de inversión. Allí quedan puntos centrales por cerrar: localización, precio de la energía, líneas de transmisión y responsabilidades de inversión.
Sánchez usó ese ejemplo para marcar una diferencia de estilo. Según dijo, el gobierno anterior hizo muchos anuncios que luego no se materializaron, mientras que el actual gobierno intenta anunciar cuando las condiciones están más maduras. Reconoció, de todos modos, que esa prudencia también puede hacer que el gobierno comunique menos de lo que efectivamente está haciendo.
AFAP, impuestos y diálogo social
En materia tributaria, Sánchez defendió la decisión del gobierno de gravar a las empresas transnacionales mediante el impuesto mínimo global, en lugar de abrir durante todo el período una discusión sobre nuevos impuestos al patrimonio.
Afirmó que el trabajo es la principal política social y que para generar empleo se necesita inversión. Por eso sostuvo que un gobierno debe definir su programa económico y avanzar con reglas claras.
El secretario de Presidencia dijo que el debate sobre gravar la riqueza es legítimo, pero defendió la opción adoptada: que las transnacionales paguen en Uruguay impuestos por lo que producen en el país. Según explicó, esa medida permite recaudar alrededor de 600 millones de dólares.
Sobre el diálogo social y las AFAP, Sánchez reconoció que existe una diferencia con el movimiento sindical. El PIT-CNT defendía una transformación más profunda del pilar de ahorro individual, mientras que el Ministerio de Economía y la OPP entendieron que hoy no están dadas las condiciones para crear un organismo público que concentre la relación con los trabajadores.
El gobierno, dijo, sí avanzará en reducir comisiones y vincularlas a la rentabilidad, para evitar que las administradoras cobren independientemente del resultado de las inversiones.
Una etapa de exigencia
La entrevista dejó planteada una idea de fondo: el gobierno sabe que está bajo presión y que la sociedad le reclama resultados. Sánchez no esquivó esa exigencia, pero insistió en que la respuesta debe ser más trabajo, más gestión y más claridad política.
Para el secretario de Presidencia, la orientación está definida: infancia, empleo, seguridad, agua, inversión, vivienda, educación y presencia del Estado en los barrios. El desafío ahora es acelerar la ejecución y lograr que esas políticas se traduzcan en cambios visibles.
El gobierno, sostuvo, no puede refugiarse en explicaciones ni quedarse en promesas. Tiene que demostrar que sus prioridades son capaces de ordenar los recursos, enfrentar las urgencias y abrir oportunidades reales para quienes más lo necesitan.
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