
En el marco del Año Internacional de la Agricultora 2026, el diputado del MPP destacó la contribución de las mujeres rurales a la producción, los cuidados y la organización comunitaria. Además, planteó la necesidad de avanzar en políticas que garanticen el acceso a la tierra, la autonomía económica y la igualdad de oportunidades.
El diputado del Movimiento de Participación Popular (MPP), William Martínez, realizó una intervención en la Cámara de Representantes para reconocer el papel histórico y actual de las mujeres rurales en Uruguay y América Latina. En su exposición, destacó su aporte a la producción agropecuaria, la conservación de los conocimientos tradicionales y el sostenimiento de las comunidades, al tiempo que advirtió sobre las desigualdades que todavía enfrentan.
La intervención se enmarcó en la declaración de 2026 como Año Internacional de la Agricultora por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de las mujeres en los sistemas agroalimentarios y promover medidas para superar las barreras estructurales que limitan sus derechos.
Martínez recordó que, en América Latina y el Caribe, las mujeres representan el 36% de la fuerza laboral de los sistemas agroalimentarios. En Uruguay, unas 38.000 mujeres residen en explotaciones agropecuarias, cifra que asciende a aproximadamente 76.000 cuando se consideran también las localidades rurales y la población dispersa.
El legislador destacó la trayectoria de las organizaciones de mujeres rurales y su capacidad de incidencia en la construcción de políticas públicas, señalando que Uruguay cuenta con una importante experiencia de organización gremial y territorial que ha contribuido a posicionar al país como referente regional en esta materia.
El aporte de las mujeres a la producción y la vida comunitaria
Martínez subrayó que el trabajo de las mujeres rurales comprende mucho más que la producción agropecuaria. Su participación resulta fundamental en la transformación y comercialización de alimentos, la conservación de semillas nativas y criollas, la protección de la biodiversidad y la transmisión de conocimientos entre generaciones.
A estas responsabilidades se suma una parte sustancial del trabajo doméstico y de cuidados, indispensable para el funcionamiento de las familias, las comunidades y los propios establecimientos productivos.
Sin embargo, pese a esta contribución, persisten desigualdades en el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, el financiamiento, la asistencia técnica, la capacitación, las tecnologías y los espacios de decisión.
El diputado también señaló que las mujeres rurales enfrentan con mayor frecuencia condiciones laborales precarias, menores remuneraciones y una carga desproporcionada de cuidados no remunerados, factores que restringen su autonomía económica y sus posibilidades de participación pública.
Estas dificultades se profundizan ante los efectos del cambio climático, la degradación ambiental y las distintas formas de discriminación que afectan especialmente a mujeres jóvenes y a quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad.
Una agenda legislativa para avanzar en igualdad
Como integrante del Parlamento Latinoamericano y de su Comisión de Ganadería, Martínez trasladó al Parlamento uruguayo una serie de propuestas destinadas a fortalecer los derechos de las agricultoras.
Entre las principales prioridades mencionó garantizar la igualdad en el acceso a la tierra y otros recursos productivos, ampliar las posibilidades de financiamiento y asistencia técnica, promover condiciones de trabajo dignas y fortalecer los sistemas de protección social.
También planteó la importancia de reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, así como asegurar la participación efectiva de las mujeres rurales y sus organizaciones en el diseño y evaluación de las políticas públicas.
En ese sentido, destacó la responsabilidad de los parlamentos en la construcción de marcos jurídicos con perspectiva de género, la fiscalización de presupuestos y la promoción de inversiones que fortalezcan los emprendimientos, cooperativas y organizaciones lideradas por mujeres rurales.
Para Martínez, el Año Internacional de la Agricultora representa una oportunidad para consolidar los avances alcanzados y profundizar la cooperación entre instituciones nacionales, organismos internacionales y organizaciones del sector agropecuario.
La igualdad de oportunidades también debe llegar al campo
En el cierre de su intervención, el diputado realizó una reflexión sobre las condiciones de vida de las mujeres rurales uruguayas y el esfuerzo de generaciones que, en contextos muchas veces adversos, sostuvieron la producción, las familias y las comunidades.
Reconoció que la ruralidad uruguaya ha experimentado mejoras en comunicación, educación, transporte y presencia de los servicios del Estado, pero advirtió que todavía persisten importantes injusticias vinculadas a la igualdad de género.
Desde su experiencia como habitante de Canelones, evocó a las mujeres mayores que continúan viviendo en las zonas rurales y que representan una historia de trabajo, sacrificio y transmisión de valores.
Para Martínez, ese reconocimiento debe traducirse en decisiones concretas que garanticen mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para las nuevas generaciones.
El legislador concluyó reivindicando la necesidad de construir una ruralidad donde mujeres y niñas puedan desarrollarse sin pobreza ni violencia, con derechos garantizados, oportunidades reales y un Estado presente y activo que contribuya a que nadie quede atrás.
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