El proyecto presentado por la bancada de diputados del Frente Amplio busca ampliar las oportunidades de trabajo y formación de las personas privadas de libertad, con incentivos para que empresas y cooperativas desarrollen actividades productivas en los establecimientos penitenciarios. Pablo Inthamoussu destacó que la inicitativa procura ofrecer garantías para la inversión, favorecer la reinserción social y contribuir a reducir la reincidencia.
La bancada de diputados del Frente Amplio presentó un proyecto de ley para promover el trabajo y la formación profesional dentro del sistema penitenciario, mediante la creación de nuevas oportunidades laborales y la incorporación de empresas, cooperativas y emprendimientos productivos a las unidades carcelarias.
La iniciativa, elaborada por los diputados Pablo Inthamoussu y Graciela Barrera, busca convertir las experiencias de producción y empleo que actualmente funcionan en algunos establecimientos en una política pública sostenida, con reglas claras para los trabajadores, garantías para quienes inviertan y herramientas que faciliten la participación del sector privado.
El proyecto parte de una realidad que evidencia las limitaciones del sistema actual. En marzo de 2026, Uruguay registraba 16.624 personas privadas de libertad, de las cuales algo más de 5.000 participaban en actividades laborales. Sin embargo, solamente existían 850 cupos de trabajo remunerado mediante peculios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Durante 2025, el 86% de las personas privadas de libertad que realizaron tareas laborales no recibió ninguna remuneración, mientras que el 11% accedió a un peculio o medio peculio y apenas 3% percibió un salario.
Estos datos reflejan la distancia entre las oportunidades existentes y una demanda que, según Inthamoussu, aparece reiteradamente en las recorridas por los establecimientos penitenciarios: la voluntad de las personas privadas de libertad de acceder al trabajo y al estudio.
En un sistema que enfrenta graves problemas de hacinameinto, ampliar las actividades productivas también permitiría reducir el tiempo que las personas permanecen encerradas sin desarrollar ninguna tarea y ofrecer herramientas para su vida después de cumplir la condena.
Una convocatoria a las empresas y cooperativas para producir dentro de las cárceles
Uno de los principales objetivos de la iniciativa es generar condiciones para que el sector privado encuentre oportunidades reales de inversión y producción dentro de los establecimientos penitenciarios.
El proyecto no concibe la participación empresarial únicamente como una actividad de responsabilidad social, sino como una posibilidad de desarrollar emprendimientos económicamente viables que, al mimso tiempo, contribuyan a mejorar las condiciones de rehabilitación.
Inthamoussu convocó expresamente a empresas de todos los tamaños, cooperativas y personas interesadas en desarrollar emprendimientos productivos a considerar las posibilidades que ofrece el sistema penitenciario.
«Estamos apelando con mucho entusiasmo y con mucha esperanza al sector privado. Para que el sector privado, las empresas de todo tamaño y las cooperativas, todo aquel emprendimiento productivo que quiera mirar para adentro de las cárceles, para desarrollar justamente producción de lo que sea y por lo tanto generar trabajo», expresó.
Para facilitar esa participación, la propuesta introduce mecanismos que buscan superar algunas de las principales dificultades que han enfrentado las experiencias productivas desarrolladas hasta ahora.
Entre ellas aparece la falta de continuidad institucional, las inversiones que requieren infraestructura, maquinaria, equipamiento o capacitación necesitan condiciones de estabilidad que permitan sostener la actividad más allá de los cambios de autoridades o de gobierno.
El proyecto establece, por eso, garantías para los convenios celebrados con el INR, de modo que sus condiciones no puedan modificarse unilateralmente por cambios de gestión, salvo que existan razones fundadas.
La continuidad también alcanza a los trabajadores, los traslados penitenciarios que impliquen interrumpir una relación laboral deberán responder a motivos justificados, como razones de seguridad, situaciones de fuerza mayor o solicitudes de las propias personas involucradas.
«Para que una empresa o una cooperativa realmente decida intervenir adentro de las cárceles tiene que haber garantías de estabilidad», explicó Inthamoussu.
Incentivos para invertir y menos dificultades adminsitrativas
Además de ofrecer estabilidad a los proyectos productivos, la iniciativa incorpora herramientas para facilitar la instalación y el funcionamiento de las empresas.
Una de ellas es la creación de una ventanilla única en el INR, destinada a centralizar los trámites de quienes estén interesados en desarrollar actividades laborales dentro de las unidades penitenciarias.
El mecanismo permitirá establecer procedimientos más ágiles, plazos de respuesta y criterios de evaluación para los emprendimientos que presenten propuestas.
También se prevé la posibilidad de acceder a incentivos fiscales y a los instrumentos de promoción de inversiones, cuya aplicación deberá ser evaluada por los organismos competentes.
Otra de las innovaciones es la habilitación para que el INR constituya una fundación que facilite la articulación con empresas, instituciones educativas, cooperativas, sindicatos y organizaciones sociales. Esta herramienta permitirá ampliar las posibilidades de contratación, adminsitración y desarrollo de proyectos productivos.
La propuesta contempla, además, que los bienes y servicios elaborados dentro de las cárceles puedan comercializarse a través de mecanismos de contratación pública, habilitando a empresas y emprendimientos penitenciarios a convertirse en proveedores del Estado bajo determinadas condiciones.
El objetivo es que las iniciativas tengan posibilidades concretas de sostenerse económicamente y no dependan exclusivamente de experiencias puntuales o decisiones de una adminsitración.
En ese sentido, Inthamoussu subrayó la importancia de elaborar una normativa capaz de producir resultados efectivos.
«Podemos hacer una ley muy linda, muy puntillosa, pero si después no tiene efecto nos quedamos por el camino. Por eso hemos sido bastante pragmáticos en la elaboración de este proyecto», afirmó.
Trabajo remunerado, derechos laborales y formación profesional
El proyecto también establece un marco para ordenar las distintas modalidades de trabajo dentro del sistema penitenciario.
La propuesta distingue entre el régimen de peculios, el trabajo remunerado mediante una relación con un empleador y las pasantías laborales vinculadas con procesos de formación.
En el caso de los empleos generados por empresas, la remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo nacional y deberán realizarse los aportes correspondientes a la seguridad social, conforme a la normativa aplicable.
Las pasantías también deberán desarrollarse bajo condiciones de trabajo y aprendizaje reguladas, con una remuneración acorde a las disposiciones vigentes.
La iniciativa mantiene diferenciadas estas modalidades de las tareas internas de mantenimiento y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios que se realizan mediante el régimen de comisión.
Además, incorpora garantías para que el trabajo sea voluntario y no pueda imponerse mediante amenazas, sanciones o restricciones de beneficios. Tampoco podrá utilizarse como castigo ni convertirse en un mecanismo de lucro para la adminstración penitenciaria.
La formación profesional ocupa un lugar central en la propuesta. Las actividades laborales deberán vincularse con programas de capacitación técnica que permitan acreditar conocimientos y experiencia, de modo que el aprendizaje desarrollado durante el período de privación de libertad pueda utilizarse posteriormente para acceder al mercado laboral.
El proyecto también contempla la creación de emprendimientos individuales y cooperativos integrados por personas privadas de libertad, con posibilidades de asesoramiento por parte del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop).
De esta manera, se busca que el acceso al trabajo no quede limitado a la participación en empresas ya constituidas, sino que también puedan generarse proyectos propios con continuidad fuera del establecimiento penitenciario.
Una herramienta para reducir la reincidencia y mejorar la convivencia
La ampliación del trabajo penitenciario también responde a una preocupación vinculada con la seguridad pública y las posibilidades reales de reinserción social.
El acceso a una actividad productiva permite adquirir conocimientos, desarrollar hábitos laborales, generar ingresos y fortalecer las condiciones para que las personas que recuperan la libertad puedan construir un proyecto de vida fuera del delito.
Para Inthamoussu, el beneficio trasciente a quienes participan directamente de las actividades laborales, una política penitenciaria que mejora las oportunidades de reinserción también contribuye a la seguridad del conjunto de la sociedad.
El diputado desacó experiencias internacionales, particularmente en Buenos Aires, que considera antecedentes para avanzar hacia un modelo con mayor presencia del trabajo y la formación dentro de las cárceles.
La iniciativa también procura dar respuesta a las condiciones de hacinamiento que afectan a distintos establecimientos del país. La falta de actividades educativas, laborales y recreativas agrava las consecuencias del encierro y reduce las oportunidades de rehabilitación.
«Lo peor que nos puede pasar en un sistema como tenemos hoy, en donde el hacinamiento llega a niveles críticos, es que además del hacinamiento no haya actividad», sostuvo Inthamoussu.
En ese contexto, promover unidades productivas permitiría que una mayor cantidad de personas ocupe parte de su jornada en tareas fuera de los espacios de reclusión, al mismo tiempo que accede a herramientas útiles para su futuro.
El legislador remarcó que la expectativa es ampliar al máximo las oportunidades disponibles, sin restringirlas de antemano a un grupo reducido de personas.
Una política de Estado con perspectiva de largo plazo
Para evitar que el desarrollo del trabajo penitenciario depende de iniciativas aisladas, el proyecto propone crear una Junta Interinstitucional de Trabajo Penitenciario.
Este organismo reunirá a instituciones vinculadas con el sistema penitenciario, el empleo, la educación y la producción, junto con representantes del movimiento sindical y las cámaras empresariales.
Entre sus cometidos estará la elaboración de un Plan Estratégico Nacional de Trabajo Penitenciario con un horizonte mínimo de diez años, que permita establecer objetivos, indicadores y compromisos para ampliar las oportunidades laborales en los establecimientos.
La coordinación institucional busca aprovechar las capacidades de organismos como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la UTU, la Universidad de la República y el Inacoop, entre otros.
En paralelo, la iniciativa procura fortalecer las herramientas de gestión del INR para que pueda promover nuevos proyectos, establecer convenios y acompañar su funcionamiento.
El trabajo de elaboración incluyó intercambios con autoridades penitenciarias y representantes del sector empresarial. Inthamoussu también adelantó que está previsto mantener reuniones con el comisionado parlamentario, Daniel Radío.
Según explicó, la propuesta ha tenido una recepción favorable y existen expectativas de avanzar en su tratamiento legislativo. La intención es que pueda ser considerada en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes y que el intercambio con los demás partidos permita alcanzar los acuerdos necesarios para su aprobación.
Producir, aprender y construir oportundiades para después de la cárcel
La iniciativa presentada por el Frente Amplio busca modificar una de las principales limitaciones del sistema penitenciario uruguayo, que es la escasez de oportunidades laborales y formativas para quienes cumplen penas privativas de libertad.
El proyecto combina garantías laborales, inventivos a la inversión, herramientas de gestión y coordinación institucional para desarrollar una política productiva que pueda sostenerse en el tiempo.
Su planteo central es que el trabajo penitenciario puede generar beneficios simultáneos: oportunidades de producción para las empresas, ingresos y formación para las personas privadas de libertad, mejores condiciones de convivencia dentro de las cárceles y mayores posibilidades de reinserción al recuperar la libertad.
La apuesta también supone ampliar la particiación de distintos actores sociales en la construcción de respuestas para el sistema penitenciario, incorporando al sector privado como parte de una política que debe contar con orientación, regulación y seguimiento del Estado.
En definitiva, el proyecto busca que las cárceles dejen de ser espacios donde miles de personas pasan sus días sin posibilidades de estudiar o trabajar y puedan ofrecer herramientas concretas para reconstruir sus trayectorias.
Una transformación que, además de mejorar las condiciones de reclusión, apunta a uno de los desafíos centrales de la política penitenciaria, que es que quienes egresen del sistema tengan mayores oportunidades de insertarse en la sociedad y no volver a delinquir.
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