La senadora Bettiana Díaz sostuvo que las derivaciones políticas del caso Pablo Leiva deben ser abordadas con «cautela», pero advirtió que los posibles vínculos entre dinero proveniente del narcotráfico y estructuras partidarias obligan a fortalecer los controles sobre el financiamiento de la política y el lavado de activos.
Leiva, quien se desempeñaba como asesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez, fue condenado a dos años y seis meses de penitenciaría por lavado de activos y tráfico interno de municiones en el marco de la Operación Trazador. El procedimiento permitió incautar más de 260 kilos de droga, dinero, armas y vehículos.
Consultada sobre el caso, Díaz rechazó trasladar automáticamente las responsabilidades individuales hacia todo un partido político.
«Yo podría hacer la fácil», señaló, y puso como ejemplo las acusaciones generalizadas que se han utilizado en el debate político: «me parece que poco favor se le hace a la gravedad que tiene el asunto este».
Para la senadora, cuando aparece la posibilidad de vínculos entre narcotráfico y partidos políticos, lo que está en juego es un problema institucional de mayor profundidad.
«Cuando estamos hablando de vínculo entre narcotráfico y partidos, estamos hablando de degradación democrática. Esto lo hemos visto en la región, en el mundo», afirmó.
«Hay más preguntas que certezas»
Díaz explicó que dentro del Frente Amplio hubo intercambios sobre cómo posicionarse ante el caso y que la decisión fue no realizar acusaciones sin contar con información suficiente.
«Tenemos la responsabilidad de tener una actitud de cuidar las instituciones», afirmó, incluyendo dentro de ellas tanto a los organismos públicos como a los propios partidos políticos.
La senadora señaló que todavía quedan interrogantes sobre la investigación y sobre el recorrido del dinero.
«Yo tengo más preguntas que certezas», resumió.
Entre otras cosas, mencionó sus dudas sobre la rapidez con la que se resolvió la situación judicial de Leiva y planteó la necesidad de que continúe investigándose la ruta del dinero y el funcionamiento de lavado.
La investigación policial identificó movimientos de dinero de Leiva en un local de una red de cobranzas adquirido por la esposa del exsenador nacionalista Jorge Gandini. Gandini sostuvo públicamente que no tiene vinculación con las actividades ilícitas y se puso a disposición de Fiscalía y de la Jutep.
«Es muy difícil salir de la coincidencia»
Consultada específicamente sobre Gandini, Díaz insistió en que debe prevalecer la presunción de inocencia.
«Yo creo siempre en la inocencia de las personas hasta que se demuestre lo contrario», afirmó.
Sin embargo, señaló que existen una serie de vínculos políticos y personales que, a su juicio, justifican que la investigación continúe.
«Es muy difícil salir de la coincidencia. ¿Cómo explicas toda la coincidencia?», preguntó.
Díaz aclaró que la determinación de eventuales responsabilidades deberá surgir de la investigación y de la reconstrucción de la ruta del dinero.
«Están todos estos indicios donde hay una trama sectorial adentro del Partido Nacional», afirmó, presentándolo como una apreciación propia a partir de los vínculos conocidos hasta ahora y no como una responsabilidad penal probada.
Una discusión sobre los controls antilavado
La senadora planteó que el caso también obliga a revisar las herramientas con las que cuenta Uruguay para detectar movimientos sospechosos de dinero.
Díaz cuestionó particularmente los cambios realizados durante el período pasado en los límites permitidos para operaciones en efectivo.
Según sostuvo, elevar los montos que pueden manejarse sin mayores controles modifica la percepción de riesgo y reduce la cantidad de operaciones que terminan siendo reportadas.
«No es solo el riesgo de que efectivamente entre plata de actividades que no son lícites, sino que además la necesidad de reportar que hay algo que me llama la atención también se corre», explicó.
Para Díaz, el debate no debería quedar limitado a quién aparece involucrado coyunturalmente en una investigación, sino incluir una revisión de las capacidades del sistema para detectar el lavado de activos antes de que esos recursos ingresen a actividades económicas o políticas.
Financiamiento de los partidos políticos bajo la lupa
La senadora vinculó esta discusión con las dificultades existentes para conocer con precisión el origen de todos los recursos utilizados por los partidos políticos.
«Creo que nos obliga a rediscutir los alcances y también a robustecer el control sobre los partidos», sostuvo.
Díaz señaló que el problema trasciende el episodio concreto de Leiva y advirtió sobre los antecedentes regionales de penetración de dinero proveniente del crimen organizado en estructuras políticas.
«Los riesgos de penetración de dinero del narco en el financiamiento y las estructuras partidarias han traído sólo cosas malas en las democracias de nuestra región», afirmó.
El Frente Amplio también había manifestado públicamente su preocupación por el caso y anunció pasos para conocer con mayor profundidad las derivaciones de la Operación Trazador.
«No podemos salir a acusar sin tener elementos»
Díaz sostuvo que, pese a la gravedad del asunto, la respuesta no debería utilizar el episodio como una nueva herramienta de confrontación entre partidos.
Según explicó, el Frente Amplio pretende esperar el avance de las investigaciones y evitar afirmaciones que no puedan ser respaldadas.
«No podemos salir a esto al golpe del balde», afirmó.
Y planteó dos razones: «Primero, acusar sin tener elementos. Y segundo, porque yo no quiero un sistema de partidos que siga funcionando como está funcionando en este nivel de crispación».
Para Díaz, el episodio debería servir para discutir cómo proteger a todo el sistema político frente al poder económico del crimen organizado, mejorar la trazabilidad del dinero y reforzar los controles sobre los recursos que ingresan a los partidos.
«Creo que el Frente Amplio tiene la responsabilidad de hacer exactamente lo contrario» a la acusación inmediata, sostuvo: esperar las actuaciones de la Justicia y, al mismo tiempo, poner sobre la mesa los cambios institucionales necesarios para fortalecer los controles.
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