Blanca Rodríguez presentó en el Senado el proyecto de Lenguaje Claro

La senadora del Frente Amplio presentó en el pleno el proyecto de Lenguaje Claro, que obliga a todos los organismos públicos a reescribir trámites, formularios y resoluciones para que cualquier persona pueda entenderlos sin intermediarios ni costos extra.

Las comunicaciones del Estado deberán redactarse para que quien las recibe entienda qué se le pide y qué consecuencias tienen para su vida. Eso vale desde un formulario del Banco de Previsión Social (BPS) hasta la sentencia del juez. La consagración del derecho a entender es el principal objetivo que la senadora del Frente Amplio Blanca Rodríguez defendió en el pleno de la Cámara de Senadores.

Para Rodríguez, el derecho que está en juego es el de «circular con fluidez por el Estado sin mediaciones, sin tener que estar contratando gente para que uno le explique, sin costos adicionales». Ese derecho debe estar garantizado para todos, pero sobre todo para quienes tienen menos herramientas: por su nivel educativo, por limitaciones físicas, por su edad, por la distancia geográfica o por su situación socioeconómica.

La gestoría de los lunes

La senadora contó en sala cómo llegó al tema, en 2024, recorriendo el país, conversó en Minas con Fernando Pereira, párroco de una parroquia pobre de un barrio alejado del centro. Pereira le contó que los sábados organizaba un comedor, otro día de la semana una ropería para el invierno y que los lunes tiene una «gestoría». Según el relato de Rodríguez, el cura le explicó en qué consiste: «me siento en el escritorio y le lleno los formularios del Mides y del BPS a las personas porque no saben hacerlo ni por computadora ni por texto a mano alzada».

Quienes más dependen de una pensión o de la Tarjeta Uruguay Social son quienes menos herramientas tienen para entender lo que el Estado les pide. «La gente se acerca al Estado en general, no porque quiera, no porque le guste, se acerca para resolver situaciones», dijo. Rodríguez. Advirtió que los trámites, formularios y comunicaciones no pueden convertirse en un obstáculo más ni en una «brecha insalvable para las personas». Que los trámites se puedan hacer por la web, por teléfono o en forma presencial no alcanza si no se entienden. A eso se suma que la atención presencial es cada vez menos y cuesta encontrar a alguien que explique qué hay que hacer.

La exposición de motivos del proyecto trae ejemplos reales de organismos públicos, sin nombrarlos.

• Un ciudadano preguntó si los planos de su obra debían estar firmados por un arquitecto. Recibió una respuesta que le daba cinco días hábiles para levantar «observaciones documentales» «bajo apercibimineto de inactividad de la obra en cuestión».
• Una resolución que deniega una pensión por invalidez le explica a la solicitante que «surge con meridiana claridad que las propias actuaciones que preceden al dictado del acto, del que se agravia la interesada, constituyen la motivación de la Resolución que se ataca».
• Una instrucción habitual dice: «Los ciudadanos deberán proceder a la presentación de la documentación requerida a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente para la obtención del beneficio correspondiente». En lenguaje claro sería: «Para obtener este beneficio hay que presentar la documentación que se pide».

Rodríguez enumeró qué implica el cambio en la práctica: pensar la comunicación desde quien la lee; evitar los giros grandilocuentes, las siglas sin explicar y las repeticiones; usar frases más cortas; traducir los tecnicismos innecesarios y hablarle a la persona directamente.

En los trámites del Estado todavía abundan latinismos y galicismos de otra época, señaló.

Qué obliga la ley

El proyecto define el lenguaje claro como «el estilo de escritura orientado a la transmisión de la información en forma clara, sencilla, efectiva y sin opacidad». Esto incluye un diseño y un formato amigables, en cualquier soporte. Permite usar términos técnicos cuando sea necesario. Su artículo 2 establece que el objeto de la ley es «promover y garantizar el derecho que tienen todas las personas a comprender la información pública y todos los actos y comunicaciones que emanan del Estado y de las personas públicas no estatales».

Entre sus objetivos, la ley enumera:

• reducir errores, ambigüedades y pedidos de aclaración
• bajar costos y cargas para las personas y costos administrativos para el Estado
• aumentar la eficiencia en la gestión de trámites
• reducir la necesidad de intermediarios
• promover la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano
• generar confianza en las instituciones

Todos los organismos públicos, estatales y no estatales, deberán:

• expresar en lenguaje claro todos sus trámites, servicios y comunicaciones, por cualquier canal
• en un plazo de 180 días desde la reglamentación, poner en lenguaje claro los trámites y servicios de mayor valor para las personas, en especial los dirigidos a poblaciones vulnerables
• mantener mecanismos de acción directa
• capacitar a sus funcionarios, incluídos los de comunicación institucional, en lenguaje claro y corrección de estilo
• publicar cada año en su web un informe sobre lo que hicieron para cumplir la ley.

Para las personas con discapacidad, en situación de vulnerabilidad o con dificultades de comprensión, se usarán los medios que mejor se adapten a sus necesidades. El lenguaje también se adaptará cuando los destinatarios de una comunicación, una resolución o una sentencia sean niñas, niños o adolescentes, aunque tengan un abogado o representante. Rodríguez recordó casos de jueves que, más allá del fallo, le escriben una carta al niño para explicarle qué significa para su vida.

La Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) tendrá estos cometidos:

• promover la aplicación del lenguaje claro en todos los organismos públicos
• capacitar a los referentes de cada organismo en un plazo de 180 días desde la reglamentación
• elaborar guías y protocolos y realizar estudios y encuestas
• coordinar mecanismos para que todos los trámites tengan, en última instancia, una persona capacitada que los explique, en especial en el interior
• dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de la ley.

La agencia publicó hace unos diez días una guía de lenguaje claro, después de comparecer en la comisión.

La ley crea además un Consejo Asesor sobre Lenguaje Claro, coordinado por Agesic, que se reunirá al menos dos veces al año. Lo integran representantes de la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico, las facultades de Humanidades y de Comunicación e información, las demás universidades vinculadas al tema, el Ministerio de Educación y Cultura, la Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales, la Oficina Nacional del Servicio Civil y las organizaciones de la Lengua de Señas Uruguaya.

El Consejo podrá invitar a la academia, al sector privado y a la sociedad civil. El Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentar la ley.

Un primer paso

La senadora citó La ciudad letrada de Ángel Rama, para quien el poder en América Latina se sostuvo también en el control de la palabra escrita y del saber jurídico. El movimiento del lenguaje claro, dijo, propone pasar «del monopolio de la palabra a la democratización del lenguaje y el conocimiento». Aclaró que la claridad no elimina la precisión técnica ni simplifica indebidamente el contenido jurídico. Lo que exige es expresar conceptos complejos sin alterar su significado.

Rodríguez presentó la ley como un punto de partida. Es un texto corto, dijo, «sin más pretensiones que tomar el tema, dar un primer paso legislativo y definir accones». Reconoció dos desafíos abiertos. El primero es lograr que la inteligencia artificial sea una aliada de la accesibilidad y no una nueva barrera. El segundo es seguir garatnizando respuestas a las personas mientras la digitalización reemplaza la atención humana. «Comprender es un derecho fundamental, hablar claro es nuestra obligación para garantizar ese derecho», sostuvo.