
La diputada del MPP sostuvo que el conflicto portuario que motivó el llamado a sala ya se resolvió con un acuerdo a cinco años. Según ella, el debate que falta es del empleo, que creció en casi 40.000 puestos en el último año.
La interpelación al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, se hará este miércoles sobre un conflicto que ya no existe, ese fue el planteo de la diputada Julieta Sierra. La convocatoria «sorprendió porque se va a hacer sobre un conflicto ya resuelto, básicamente», dijo. Los temas que se agregaron después al llamado, según la legisladora, se sumaron «medio a las apuradas» para justificarlo. Mientras tanto, la discusión que considera central, la del empleo, quedó fuera del foco que eligió el diputado colotado Adrián Juri, miembro interpelante.
Sierra reconoció el derecho de la oposición a interpelar, que «lo mandata la Constitución de la República». También aceptó que el conflicto en el puerto de Montevideo fue largo y tuvo efectos sobre la economía, como señalaron los operadores, su objeción es el instrumento. Juri argumentó que pidió informes a Presidencia que demoraron en ser respondidos, para Sierra, eso justificaba otra vía: «era un llamado a comisión», en las que pueden participar «los 99 diputados que quieran ir», aunque no las integren, y todos los ministros han pasado por ellas a responder preguntas.
Un conflicto largo con un acuerdo estable
Consultada sobre la demora en resolver el conflicto, Sierra dio su opinión personal: «yo creo que fue, sí, más largo de lo que me hubiera gustado». Admitió que un conflicto así siempre tiene alguna afectación para el país, pero destacó el trabajo de la empresa, los trabajadores y el Poder Ejecutivo, tanto del Ministerio de Trabajo como de Presidencia. El resultado fue un acuerdo firmado por cinco años, que según la diputada «permite cierta tranquilidad y cierta estabilidad» y evita que el conflicto se reabra en el corto plazo.
Sierra también quiere reconocer los costos que tuvo el conflicto para el país, pero sostuvo que esa información podía obtenerse sin una sesión de 12 o 13 horas. Advirtió que usar así la interpelación le quita jerarquía a una herramienta que debería tener prestigio, en un momento en que la política está desprestigiada. Discutir tantas horas sobre un hecho resuelto, dijo, «no ayuda al sistema político en general». El miércoles, además, la Comisión de Hacienda tendrá que suspender el tratamiento del proyecto de ley de competitividad.
Ideología y visibilidad
Sierra cuestionó el trasfondo de la convocatoria, según la diputada, en una entrevista del día anterior Juri hizo referencia cuatro o cinco veces a la ideología de Castillo. Interpelar a alguien por su ideología es, en sus palabras, «una tomada de pelo».
La legisladora se preguntó si el interpelante tenía «mucho tiempo libre» o necesitaba «un poco de visibilidad». Como ejemplo citó la sesión conmemorativa por los tres años del atentado del 7 de octubre de 2023 en Israel, Juri dedicó gran parte de su intervención a preguntar dónde estaban las feministas que no se habían pronunciado. Sierra admitió que el llamado a sala puede responder a una búsqueda de perfil propio dentro de la Coalición Republicana, porque «si no, no se entiende mucho».
También rechazó que el oficialismo no dialogue con la oposición, como planteó el interpelante, «tenemos un excelente diálogo con los legisladores de la oposición», afirmó, y dijo que podría nombrar negociadores de cada partido opositor a quienes considera excelentes legisladores. Las principales leyes del gobierno salieron con acuerdos, recordó, «es una Cámara sin mayoría»-
El empleo, el debate pendiente
Ese diálogo se refleja en la Ley de Competitividad, que ya tiene media sanción del Senado. La Comisión de Hacienda terminad e recibir entre 40 y 50 delegaciones de empresas, organizaciones y la academia. Después irán el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y, a fines de noviembre, el Ministerio de Economía y Finanzas. Los artículos centrales, en su mayoría, se aprobaron por unanimiadad en el Senado. El oficialismo prevé votarla la primera semana de diciembre, antes del receso, y reglamentarla en 2027.
El empleo es el tema que Sierra hubiera querido discutir. En este período de gobierno se crearon casi 40.000 puestos de trabajo, «estamos en un pico máximo», dijo. La mayoría de esos empleos fueron para mujeres. Juri sostiene que el gobierno no tiene políticas de empleo y que la Ley de Empleo Integral solo reformula la norma de 2021, Sierra lo calificó de «absurdo».
La nueva ley, que se aprobó hace unos meses y está a días de reglamentarse, pone el foco en los jóvenes de 17 a 29 años, cuyo desempleo triplica la tasa general. El cambio central es dar benfeficios a las empresas que los contraten. La ley también amplía los beneficios para la contratación de madres jefas de hogares monoparentales y de personas con discapacidad. El desempleo juvenil, dijo Sierra, es una preocupación «que no es monopolioo de ningún partido político».
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