El senador del MPP informó en el Senado el proyecto que extiende al Parlamento, las intendencias y los municipios las reglas de viáticos que rigen para el Poder Ejecutivo. También obliga a diputados y senadores a declarar los viajes que pagan terceros.
Senadores, diputados, intendentes, ediles y concejales tendrían que rendir sus viáticos con las mismas reglas que hoy se aplican a funcionarios del Poder Ejecutivo. Deberían declarar los gastos dentro de los diez días hábiles posteriores al regreso y devolver lo que sobre, si no cumplen, se les descontaría del salario. Eso propone el proyecto que la Cámara de Senadores trató este martes y que informó en el pleno el senador del MPP Daniel Caggiani.
La iniciativa fue presentada por la bancada de senadoras y senadores del Frente Amplio, y la Comisión de Hacienda la aprobó el 8 de octubre. Según Caggiani, apunta a «seguir fortaleciendo y transparentando el uso de los dineros públicos», en este caso los que perciben los legisladores nacionales, departamentales y municipales. También busca mejorar la información pública sobre el trabajo de quienes ejercen responsabilidades políticas.
Una regulación construida en etapas
El tema no es nuevo para Caggiani, en 2017, como diputado, impulsó junto a la bancada frenteamplista un proyecto de ocho artículos sobre los viáticos de los funcionarios públicos en misiones oficiales al exterior. El texto definía qué es un viático, cómo se fija y, sobre todo, cómo se rinde. Diputados lo aprobó por unanimidad en 2018. El Senado aprobó después otro texto que amplió la regulación a los viáticos dentro del país. Se convirtió en la Ley 19.771, de julio de 2019, con votos de todos los partidos en ambas cámaras. A esa ley le siguió la Ley 19.860, que prorrogó su aplicación.
En 2020, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el artículo 46 de la Ley de Presupuesto fijó el régimen que está vigente. El proyecto actual sustituye ese artículo y deroga las dos leyes de 2019. Según Caggiani, se trata de «uniformizar o armonizar una normativa nacional que ya existe y que fue aprobada en el período pasado en el gobierno de Lacalle Pou», ampliando la lista de quienes deben cumplirla.
El senador adminitó que el camino fue lento y que muestra cómo a veces cuesta avanzar «cuando tiene que ver con regulaciones que nos comprenden a los legisladores y a quienes votamos las leyes».
Qué reglas se aplican
El artículo 1 incluye en ele régimen al Poder Legislativo y a los cargos políticos y de particular confianza de los gobiernos departamentales y municipales. Las reglas son las siguientes:
El Parlamento y las juntas departamentales deberán adaptar sus reglamentos.
En la comisión se discutió el alcance, el texto original incluída a los ediles, y luego se acodó sumar a los gobiernos departamentales y municipales. A partir del planeo de un legislador, se dejó afuera a los funcionarios departamentales comunes, que ya tienen acuerdos propios con las intendencias. La norma alcanza a intendentes, integrantes de los gabinetes departamentales, ediles y concejales, además de legisladores y funcionarios del Parlamento.
Caggiani estimó el universo en más de 1.500 personas. Incluye 680 concejales en 136 municipios, los ediles de las 19 juntas departamentales, que tienen 31 integrantes cada una, más de 600 cargos políticos en los ejecutivos departamentales y 130 legisladores. La idea, dijo, es que haya un criterio único y obligatorio, que «la ley sea pareja para todos».
Viajes pagos por terceros
El artículo 2 es, según el propio Caggiani, el menos difundido. Los legisladores reciben con frecuencia invitaciones de Estados, instituciones u organismos internacionales para participapr en congresos, seminarios o visitas oficiales. Muchas veces quien invita paga los pasajes y la estadía. Hoy esos viajes los cubren terceros «y no hay ninguna obligación de declararlo públicamente», señaló Caggiani.
El proyecto obliga a diputados y senadores a presentar un informe ante la Presidencia de su cámara dentro de los diez días hábiles posteriores al regreso. El informe debe incluir:
La idea, explicó Caggiani, es que la ciudadanía sepa con quién se relacionan sus representantes y quién financia esos viajes, «para los que hoy estamos y los que mañana vengan».
Las misiones oficiales del Parlamento uruguayo al exterior se concentran en la Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento del Mercosur. En esos casos, el legislador cobra un viático, rinde cuentas al volver y devuelve lo que no gastó. Según Caggiani, la gran mayoría de los legisladores ya actúa así y su conducta fue mejorando, «la norma viene detrás».
El senador no le atribuyó al proyecto más alcance del que tiene. Lo definió como «un avance, no digo sustancial, pero es un avance en materia de transparencia». Lo unicó junto a otras iniciativas de legisladores del Frente Amplio y de otros partidos, también desde la presidencia de las cámaras.
Lo que hoy es una obligación «de carácter ético moral», dijo, será legal cuando el proyecto se apruebe.
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