La diputada del Frente Amplio sostuvo que los problemas del sistema de protección a la infancia son estructurales y no comenzaron con el actual gobierno. Reivindicó avances en la reducción de la institucionalización y llamó al Parlamento a transformar las críticas en propuestas concretas.
La diputada frenteamplista Inés Cortés salió en defensa de la gestión del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) durante la interpelación al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) realizada este martes en la Cámara de Diputados, donde cuestionó el enfoque impulsado por la oposición y reclamó una discusión «más seria» sobre las políticas de infancia y adolescencia.
En una intervención extensa, la legisladora sostuvo que buena parte de los problemas expuestos durante la sesión son de carácter histórico y estructural, y advirtió sobre el riesgo de utilizar situaciones dramáticas vinculadas a niñas, niños y adolescentes con fines de confrontación política.
“Parece que los problemas del INAU arrancaron el primero de marzo del 2025”, expresó Cortés durante su intervención, al tiempo que cuestionó que algunos actores políticos hayan comenzado a mostrar preocupación por estos temas recién tras el cambio de gobierno.
«Una interpelación difícil de comprender»
Desde el comienzo de su exposición, la diputada manifestó sorpresa por el desarrollo de la interpelación y señaló contradicciones entre el miembro interpelante y otros legisladores de la oposición.
Cortés calificó la convocatoria como “rara” y cuestionó que varias de las 120 preguntas presentadas ya habían sido respondidas previamente durante la Comisión Permanente de febrero. También criticó que parte de las intervenciones se apartaran del eje central de la discusión incorporando temas que, según afirmó, no tenían relación directa con el objeto de la interpelación.
“Realmente no comprendo a veces qué es lo que buscamos cuando traemos algunos debates a esta Cámara”, afirmó.
La legisladora también rechazó algunas afirmaciones realizadas por integrantes de la oposición respecto a presuntas responsabilidades “criminales” en determinados casos vinculados a adolescentes bajo protección estatal.
“Si hay pruebas de eso hay que denunciar donde corresponde”, sostuvo, y remarcó que el actual directorio del INAU inició investigaciones administrativas e informaciones de urgencia ante cada situación grave ocurrida durante este período.
«No es solo un problema de INAU»
Uno de los ejes centrales de la intervención de Cortés fue la necesidad de comprender las fallas del sistema de protección a la infancia desde una perspectiva integral y no exclusivamente enfocada en el INAU.
La diputada recordó que los niños y adolescentes que terminan institucionalizados llegan a esa situación luego de haber atravesado contextos de vulneración severa dentro de sus propios entornos familiares, y subrayó que las decisiones de internación no son tomadas por el instituto sino por el Poder Judicial.
En ese marco, hizo referencia al caso de Jonathan Correa y señaló que una de las principales debilidades detectadas estuvo en los mecanismos de articulación entre la Policía y el sistema judicial.
“Todo el ejercicio de la protección y la precaución recae en que un efectivo policial haga bien una llamada y transmita correctamente la denuncia a un juez”, cuestionó, al advertir sobre las fragilidades institucionales existentes en el sistema de protección.
Además, mencionó otras dificultades estructurales vinculadas al sistema judicial, como la sobrecarga de expedientes en los juzgados de familia y la lentitud de los procesos vinculados a adopciones y medidas de protección.
Críticas sin propuestas
Durante su intervención, Cortés también cuestionó que varios legisladores plantearan críticas al sistema de adopciones sin acompañarlas de iniciativas concretas de modificación legislativa.
“Si tenemos una crítica al sistema que tenemos de adopciones, presentemos una modificación, porque somos diputados y diputadas”, expresó.
En la misma línea, defendió la creación de una defensoría especializada para niños, niñas y adolescentes impulsada en el Parlamento por el Frente Amplio y lamentó que la iniciativa no contara con el acompañamiento de todos los partidos políticos.
Para la legisladora, el Parlamento debe asumir un rol más activo en la construcción de herramientas de control, generación de evidencia y seguimiento de las políticas públicas vinculadas a infancia y adolescencia.
La reducción de la institucionalización como «motivo de orgullo»
Cortés dedicó parte importante de su exposición a defender algunos resultados obtenidos por la actual administración del INAU, especialmente en relación a la disminución de niños pequeños institucionalizados.
Según explicó, durante el primer año de gestión se logró reducir en 50 la cantidad de niñas y niños de entre cero y dos años que permanecían en hogares de 24 horas, priorizando su incorporación a sistemas de acogimiento familiar.
“Para mí eso no es nada minimizable, para mí eso es un motivo de orgullo”, afirmó.
La diputada remarcó que el derecho a vivir y crecer en familia está consagrado en el Código de la Niñez y la Adolescencia, y sostuvo que el proceso de desinstitucionalización debe ser uno de los principales objetivos del sistema de protección.
“Si vamos a 50 por año vamos a terminar este período erradicando la institucionalización de cero a tres años”, aseguró.
«Hay una estigmatización de estos niños»
Sobre el cierre de su intervención, Cortés planteó que muchas de las dificultades que atraviesan niñas, niños y adolescentes institucionalizados responden también a prácticas de exclusión y estigmatización presentes en distintos ámbitos de la sociedad.
Mencionó, por ejemplo, problemas para acceder a viviendas destinadas a hogares del INAU, así como situaciones ocurridas dentro del sistema de salud donde, según afirmó, adolescentes vinculados al instituto reciben un trato diferencial.
“Hay un sistema que estigmatiza a esos niños y niñas”, sostuvo.
Finalmente, llamó a construir una mirada colectiva sobre las políticas de protección a la infancia y sostuvo que la discusión no puede reducirse a responsabilidades individuales o partidarias.
“La protección de niños, niñas y adolescentes implica la corresponsabilidad entre la sociedad, el Estado y los distintos actores”, concluyó.
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