Durante la discusión de los artículos vinculados al Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación, Joaquín Garlo destacó una serie de cambios orientados a facilitar el acceso a la justicia, simplificar trámites y fortalecer el trabajo de fiscales y equipos de atención a víctimas. “Este proyecto introduce una gran cantidad de artículos que buscan facilitarle la vida a la gente”, afirmó.
Acercar la justicia a las personas y reducir trabas que muchas veces terminan dificultando el ejercicio de derechos. Ese fue el eje planteado por Joaquín Garlo durante la discusión en la Cámara de Diputados de los artículos vinculados al Poder Judicial y la Fiscalía General de la Nación en la Rendición de Cuentas.
El diputado sostuvo que varias de las modificaciones incluidas en el proyecto tienen efectos concretos sobre la vida cotidiana: desde la posibilidad de realizar audiencias por videoconferencia hasta la simplificación de trámites para familias de personas declaradas judicialmente incapaces.
“Este proyecto de Rendición de Cuentas introduce una gran cantidad de artículos que lo que buscan es facilitarle la vida a la gente”, afirmó.
Videoconferencias para eliminar barreras de acceso
Garlo destacó las modificaciones al Código General del Proceso que amplían el uso de tecnologías de la información en la actividad judicial.
Los cambios permiten celebrar audiencias mediante videoconferencia cuando sea necesario remover obstáculos que dificulten el acceso a la justicia.
El diputado puso especialmente el foco en las personas que viven en el interior y que, por razones económicas, de distancia o de movilidad, pueden enfrentar dificultades para trasladarse hasta un juzgado a prestar declaración.
Para Garlo, utilizar herramientas tecnológicas en esas situaciones no es solamente una cuestión de modernización administrativa.
“Eso es facilitarle la vida a la gente, eso es garantizar también el derecho de acceso a la justicia de los uruguayos”, sostuvo.
Más garantías en casos de violencia basada en género
El legislador también defendió las modificaciones previstas para la actuación de los juzgados de paz del interior en casos urgentes de violencia basada en género.
La Rendición establece que, además de adoptar las medidas de protección correspondientes, el juez deberá convocar a una audiencia dentro de las 24 horas posteriores a tomar conocimiento de la denuncia.
Garlo remarcó que el cambio brinda mayores garantías tanto a las víctimas como a las personas denunciadas, al permitir que ambas partes puedan ser escuchadas directamente.
La modificación, sostuvo, adquiere especial importancia en el interior, donde los juzgados de paz tienen un papel central para responder de forma inmediata ante este tipo de situaciones.
Menos burocracia para curadores y familias
Uno de los cambios en los que Garlo se detuvo especialmente fue la simplificación de la rendición de cuentas que deben realizar los tutores y curadores.
Actualmente, cada tres años deben conservar y presentar ante el juzgado todos los comprobantes correspondientes a los gastos realizados con los ingresos de la persona bajo tutela o curatela.
Garlo describió ese sistema como “sumamente engorroso”, especialmente para familias que deben guardar durante años boletas y tickets que incluso pueden deteriorarse o borrarse.
La Rendición establece que, cuando la persona declarada judicialmente incapaz perciba ingresos mensuales inferiores a seis Bases de Prestaciones y Contribuciones (unos 41.000 pesos, según señaló el diputado), la documentación podrá sustituirse por una declaración jurada o un informe social.
“Sólo los que hemos vivido de cerca este tipo de situaciones sabemos lo que significa para los curadores y tutores”, afirmó.
En el interior, además, la documentación podrá presentarse ante el juzgado de paz correspondiente al domicilio de la persona, evitando nuevos traslados y facilitando el trámite.
Para Garlo, se trata de un avance que combina simplificación administrativa con garantía de derechos.
Más respaldo para víctimas y testigos
En relación con la Fiscalía General de la Nación, Garlo recordó que su tarea no se limita a investigar delitos y ejercer la acusación penal.
La institución también desempeña un papel central en la asistencia y acompañamiento a quienes sufrieron un delito.
En esa línea, la Rendición crea un nuevo cargo técnico para la Unidad de Víctimas y Testigos, que podrá ser ocupado por un profesional de trabajo social o psicología.
El diputado destacó también la creación de cargos correspondientes a la nueva Fiscalía de Toledo, cuya instalación había sido definida previamente.
Más protección para fiscales frente al crimen organizado
Garlo adelantó además una serie de aditivos impulsados por el Frente Amplio vinculados al funcionamiento de Fiscalía.
Uno de ellos propone extender a todos los fiscales los beneficios de protección previstos para quienes desarrollan tareas de investigación y persecución de delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.
Esos mecanismos habían sido ampliados previamente a la Fiscal General y a fiscales especializados en estupefacientes.
La nueva propuesta busca extenderlos al conjunto de quienes ejercen funciones fiscales.
Para Garlo, la modificación constituye “un reconocimiento a su labor” y recoge además un planteo realizado por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay.
Fiscales formando policías y nuevos fiscales
Garlo defendió además que los fiscales puedan desarrollar actividad docente tanto en la Escuela Nacional de Policía como en la nueva Escuela de Fiscales.
La propuesta incluye la posibilidad de que Fiscalía remunere las horas docentes de quienes participen de esos cursos.
“¿Quién mejor que los fiscales para formar a nuestro personal policial?”, preguntó el diputado.
Para Garlo, incorporar la experiencia cotidiana de quienes investigan y litigan casos penales puede fortalecer tanto la formación policial como la preparación de los nuevos integrantes de Fiscalía.
Una justicia más sencilla y cercana
Garlo cerró su intervención señalando que buena parte de los cambios incluidos en estos artículos surgieron de iniciativas planteadas desde el propio sistema judicial.
Destacó en ese sentido el papel constitucional de la Suprema Corte de Justicia para presentar propuestas legislativas basadas en su experiencia directa en la función jurisdiccional.
Para el diputado, detrás de modificaciones que pueden parecer técnicas existe una orientación política concreta: remover obstáculos innecesarios, descentralizar trámites y hacer que el vínculo entre la ciudadanía y el sistema de justicia sea menos burocrático.
Desde las audiencias virtuales hasta la simplificación de las rendiciones de cuentas de tutores y curadores, Garlo sostuvo que el objetivo es el mismo: que acceder a un derecho no se transforme en una dificultad adicional para las personas.
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