Joaquín Garlo: «No aprobar la Rendición era castigar a la ciudadanía»

18 de agosto de 2026

Durante la discusión de la Rendición de Cuentas, Joaquín Garlo defendió las reasignaciones destinadas a infancia, seguridad y personas en situación de calle, y sostuvo que impedir la votación en general hubiera significado bloquear respuestas concretas para la población. También destacó la creación del Instituto Nacional de Reinserción y defendió una política tributaria orientada a redistribuir recursos.

Para Joaquín Garlo, la Rendición de Cuentas no puede reducirse a una revisión de los números del ejercicio anterior. También permite evaluar qué hizo el gobierno y, fundamentalmente, decidir hacia dónde se orientan los recursos públicos para atender los principales problemas del país.

Durante su intervención en la Cámara de Diputados, Garlo repasó algunos resultados del primer año de gestión y puso el foco en las nuevas prioridades incorporadas al proyecto: pobreza infantil, seguridad pública, educación y atención a las personas en situación de calle.

“Las prioridades definidas por el gobierno del Frente Amplio no son las prioridades del gobierno y nada más, son las prioridades de la ciudadanía uruguaya”, sostuvo.

El diputado cuestionó por eso la decisión inicial de los partidos de la coalición de anunciar, apenas comenzado el tratamiento parlamentario, que no acompañarían la Rendición en general.

“No se va a castigar al gobierno, se va a castigar a la ciudadanía”, afirmó.

Votar en general para poder discutir

Garlo dedicó parte de su intervención a explicar qué implicaba políticamente la votación general del proyecto.

Según señaló, acompañar esa instancia no supone aprobar automáticamente el contenido de todos los artículos, sino habilitar su tratamiento particular.

“La votación en general es habilitar la discusión en particular”, explicó.

Por eso consideró contradictoria la posición de quienes anunciaban que estaban dispuestos a apoyar determinados artículos, pero al mismo tiempo rechazaban dar los votos necesarios para que el proyecto pudiera avanzar hacia esa etapa.

Garlo valoró que finalmente algunos integrantes de la oposición estuvieran dispuestos a negociar y permitir el tratamiento de la Rendición.

Para el legislador, esa posibilidad refleja la fortaleza del sistema político uruguayo: partidos con diferencias importantes pueden construir acuerdos cuando existen coincidencias sobre problemas concretos.

Más recursos para seguridad

Uno de los temas en los que Garlo se detuvo especialmente fue la seguridad pública.

El diputado rechazó las afirmaciones de que la Rendición no destinara nuevos recursos al área y señaló que el proyecto reasigna 1.180 millones de pesos con ese objetivo.

Según detalló, los recursos permitirán incorporar más de 300 efectivos policiales, más de 300 vehículos para la Policía y nuevas herramientas tecnológicas para combatir el delito, además de comisarías móviles destinadas a fortalecer la presencia territorial.

Alrededor del 60% de los recursos reasignados en la Rendición, sostuvo, estarán destinados a seguridad.

“Es mentira que la Rendición de Cuentas no prevé recursos para la seguridad pública”, afirmó.

Una nueva institucionalidad para la reinserción

Garlo destacó además la creación del Instituto Nacional de Reinserción como servicio descentralizado, una transformación que consideró central y que, según recordó, estaba contemplada no solamente en el programa del Frente Amplio, sino también en propuestas de otros partidos.

El nuevo organismo permitirá separar la política de reinserción de la lógica específicamente vinculada al mantenimiento del orden interno y la seguridad que corresponde al Ministerio del Interior.

Para Garlo, esto supone jerarquizar la política penitenciaria y fortalecer el mandato constitucional de que las cárceles procuren la reeducación, la preparación para el trabajo y la reinserción de las personas privadas de libertad.

Además, afirmó que el nuevo diseño dará mayor autonomía técnica a esta política y permitirá un control parlamentario más fuerte.

Atender la calle pensando también en la salida

Otro de los destinos de las reasignaciones será la atención de las personas en situación de calle.

Garlo señaló una partida de 194 millones de pesos y remarcó que el objetivo no debe limitarse a proporcionar un techo durante las noches.

La política, sostuvo, debe procurar también que las personas puedan reconstruir una trayectoria fuera de la calle y avanzar hacia su reinserción social.

La misma lógica de intervención aparece, para el diputado, en las políticas destinadas a la infancia: atender la urgencia, pero al mismo tiempo generar herramientas capaces de modificar situaciones estructurales.

Qué dice realmente la nueva asignación

Garlo respondió también a las críticas sobre las condicionalidades previstas en la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia.

El diputado negó que el proyecto elimine la obligación de los niños y adolescentes de asistir a los centros educativos o realizar los controles médicos correspondientes.

Para respaldarlo, leyó el artículo del proyecto que establece que deberá acreditarse ante el BPS la inscripción y concurrencia asidua a instituciones educativas y la realización de los controles de salud para percibir la prestación de forma íntegra.

“No es verdad que el gobierno elimine la obligación de que los niños, niñas y adolescentes concurran a la educación pública o privada o tengan sus controles médicos al día”, sostuvo.

Redistribuir para financiar las prioridades

Para Garlo, tan importante como establecer prioridades es definir de dónde provienen los recursos para financiarlas.

En el caso de la nueva política destinada a la infancia, destacó los ingresos provenientes del Impuesto Mínimo Global y de modificaciones al gasto tributario.

El diputado presentó esas decisiones como parte de una orientación redistributiva.

“Esa es una definición de política tributaria muy clara y con una visión de izquierda: la redistribución de los recursos”, afirmó.

A esos ingresos se suman las reasignaciones dentro del propio Estado.

Garlo mencionó una reducción de gastos de funcionamiento que permitirá disponer de unos 430 millones de pesos, la supresión de determinadas vacantes (sin afectar cargos militares, policiales ni educativos) por más de 890 millones, y una reducción de la asignación prevista para Colonización en 2027 por unos 434 millones.

También destacó la decisión de recortar 50% de los gastos destinados a viajes al exterior, protocolo y catering, con un ahorro anual superior a 80 millones de pesos.

Para el diputado, estas medidas no implican una retracción general del Estado.

“No es un recorte del gasto público, es el objetivo de optimizar los recursos del Estado para dirigirlos a los lugares que importan”, sostuvo.

Hacer funcionar la política para que las cosas sucedan

Garlo cerró su intervención defendiendo la negociación que permitió que la Rendición pudiera avanzar.

Para el diputado, las diferencias entre partidos forman parte de la democracia, pero el sistema político debe ser capaz de identificar coincidencias y convertirlas en decisiones concretas.

La discusión parlamentaria, sostuvo, no debería convertirse en un instrumento para enviar señales contra un gobierno cuando están en juego recursos destinados a problemas que atraviesan a toda la sociedad.

“No tener Rendición de Cuentas no significa castigar al gobierno”, reiteró. “El castigo iba a ser a la ciudadanía”.

Garlo contrapuso esa concepción con una política centrada en el “espectáculo”, el “show mediático” o la confrontación desde la tribuna.

“La razón de ser de la política”, concluyó, es poner las diferencias sobre la mesa, construir los acuerdos necesarios y conseguir que “cosas buenas para la gente sucedan”.