Durante la discusión de la Rendición de Cuentas, la diputada Margarita Libschitz defendió las cuatro prioridades del proyecto: infancia y adolescencia, seguridad, educación y personas en situación de calle y, sostuvo que, si existe acuerdo sobre esas urgencias, la discusión política debe centrarse en cómo hacer avanzar las respuestas. También reivindicó la reasignación de recursos y defendió el nuevo sistema de transferencias para la infancia.
Esas cuatro áreas, sostuvo, constituyen las principales prioridades de la Rendición y expresan hacia dónde el gobierno decidió concentrar los recursos disponibles sin apartarse de sus objetivos fiscales.
“Si estamos de acuerdo con estas prioridades, la discusión debería centrarse en cómo hacer que estas políticas avancen y lleguen a quienes lo necesitan”, afirmó.
Desde ese punto de partida, Libschitz cuestionó que buena parte de la oposición anunciara inicialmente su voto negativo en general a partir de una evaluación política del primer año de gobierno.
Para la diputada, las diferencias sobre la gestión son legítimas, pero no deberían impedir la construcción de respuestas sobre problemas cuya gravedad es reconocida por todo el sistema político.
Un primer año con resultados y dificultades
Libschitz recordó que el gobierno asumió en marzo de 2025 y debió transitar buena parte de su primer año con la estructura presupuestal heredada.
La economía creció 1,8%, menos de lo proyectado pero por encima del promedio de la última década, señaló. Durante el mismo período se generaron 26.000 puestos de trabajo, de los cuales cerca de 20.000 correspondieron a mujeres, aumentaron el salario real y los ingresos de los hogares, la inflación permaneció dentro del rango previsto y se cumplió la meta fiscal.
La diputada mencionó además las dificultades que atravesaron el período, entre ellas la sequía, interrupciones de la actividad industrial y un contexto internacional cada vez más complejo.
“Podemos discutir todo lo que falta por hacer, pero decir que fue un año de inacción o de falta de rumbo no se corresponde”, sostuvo.
Para Libschitz, la respuesta ante un escenario de recursos limitados fue mantener la responsabilidad fiscal y utilizar una combinación de nuevos ingresos, reasignaciones, ahorros y mejoras en la eficiencia tributaria para fortalecer las áreas prioritarias.
La infancia en el centro
La diputada ubicó el principal esfuerzo adicional de la Rendición en las políticas destinadas a niños, niñas y adolescentes.
Con aproximadamente tres de cada diez niños bajo la línea de pobreza, sostuvo que Uruguay enfrenta una situación que exige una respuesta más fuerte del Estado.
En ese marco defendió la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia, que reorganiza un sistema actualmente fragmentado, integra prestaciones con reglas diferentes, simplifica el acceso y concentra mayores recursos en los primeros años de vida.
Libschitz sostuvo que la propuesta no parte de cero y destacó que incorpora herramientas desarrolladas por distintas administraciones, entre ellas el Bono Crianza y Bienvenido Bebé.
“No estamos empezando de cero, estamos recogiendo herramientas que ya existían”, afirmó.
El objetivo, señaló, es ordenar esas políticas dentro de un sistema más integrado y capaz de llegar efectivamente a quienes tienen derecho a recibirlas.
Acompañar antes que cortar
Una de las principales discusiones alrededor de la nueva asignación estuvo vinculada a las condicionalidades.
Libschitz aclaró que la corresponsabilidad de las familias se mantiene, pero que cambia la forma en que interviene el Estado cuando no se cumplen determinadas condiciones.
La diputada sostuvo que retirar una transferencia tiene escasos resultados para lograr que un niño vuelva a estudiar o concurra a sus controles de salud. Frente a eso, defendió la búsqueda activa, el acompañamiento y el trabajo territorial.
“El objetivo principal es que los niños y niñas estén en la escuela, que tengan sus controles de salud y principalmente que ninguna familia quede por fuera de la protección del Estado”, afirmó.
Como respaldo a esa orientación, destacó que durante el último año más de 40% de los niños y adolescentes que estaban desvinculados del sistema educativo lograron regresar a clase.
Libschitz también cuestionó una mirada de las políticas sociales centrada exclusivamente en controlar las obligaciones de las familias más vulnerables.
Recordó que el último censo dejó fuera de los registros a unas 35.000 personas, muchas de ellas residentes en los barrios con mayores vulnerabilidades.
“Es fácil controlar en qué gastan los pobres. Es un poco más difícil saber dónde están esos pobres para poder ayudarlos”, cuestionó.
Más herramientas para la seguridad
Libschitz planteó que la misma lógica de fortalecimiento atraviesa las políticas de seguridad incluidas en la Rendición.
El proyecto prevé incorporar nuevos efectivos, mejorar el equipamiento policial, sumar tecnología para prevención e investigación y reforzar las acciones territoriales del Plan Nacional de Seguridad.
La diputada rechazó además que no se estén cubriendo cargos policiales y sostuvo que durante 2025 se incorporaron 1.111 efectivos.
Frente a las críticas de que las respuestas llegaron tarde, replicó que la actual administración asumió después de un período en el que la inseguridad ya venía creciendo.
Para Libschitz, los nuevos recursos forman parte de una estrategia orientada a darle mejores herramientas a la Policía y fortalecer la presencia estatal allí donde más se necesita.
Educación y situación de calle
La educación constituye otra de las prioridades de la Rendición.
Libschitz señaló que los nuevos recursos se agregan a los ya establecidos en el Presupuesto Nacional y permiten fortalecer las políticas de ANEP, la Universidad de la República y la UTEC.
En el caso de las personas en situación de calle, destacó que durante 2025 fueron atendidas unas 13.000 personas que hasta entonces no estaban obteniendo una respuesta suficiente del sistema.
La Rendición, sostuvo, permite avanzar hacia una política que no se limite a la atención inmediata, sino que incorpore acompañamiento y herramientas de inclusión social y laboral.
Para la diputada, esos datos muestran precisamente por qué la discusión general del proyecto no debería bloquear el tratamiento de sus contenidos.
Discutir las diferencias sin frenar las políticas
Libschitz cerró su intervención volviendo a las preguntas con las que había comenzado.
Si existe acuerdo en que la pobreza infantil, la seguridad, la educación y la situación de calle requieren mayores respuestas, sostuvo, la responsabilidad del Parlamento consiste en habilitar la discusión y buscar acuerdos sobre cómo instrumentarlas.
“El camino es acompañar el proyecto en general y dar la discusión en particular, artículo por artículo”, afirmó.
Las reasignaciones pueden discutirse, los artículos pueden modificarse y las diferencias pueden procesarse durante el tratamiento parlamentario. Lo que no debería ocurrir, señaló, es que esas diferencias terminen impidiendo que las políticas lleguen a quienes las necesitan.
Para Libschitz, esa es la discusión política de fondo de la Rendición: no eliminar las diferencias entre partidos, sino construir los puentes necesarios para que las prioridades reconocidas por todos puedan transformarse en decisiones concretas.
“Si la respuesta es sí, tenemos la responsabilidad de encontrar la forma de avanzar aprobando esta Rendición de Cuentas”, concluyó.
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