
Durante el debate de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Diputados, Joaquín Sequeira defendió la reasignación de recursos hacia seguridad, educación y atención a personas en situación de calle, cuestionó que se dramatice el desvío de las proyecciones económicas y puso el foco en la nueva política de protección a la infancia. “Hace más de diez años que la pobreza está estancada”, advirtió.
En el inicio de su intervención durante la discusión de la Rendición de Cuentas, Joaquín Sequeira planteó que esta instancia parlamentaria no puede entenderse únicamente como un balance de lo realizado durante el año anterior. También es, sostuvo, el momento en que el Estado revisa sus previsiones y vuelve a definir cuáles son sus prioridades.
Para el diputado, esa discusión resulta especialmente importante en un escenario de recursos limitados, donde cada partida que aumenta supone una decisión política sobre dónde colocar los esfuerzos del Estado.
“La Rendición de Cuentas no es únicamente una instancia para rendir cuentas de lo realizado en el año anterior. Es una instancia también para revisar las proyecciones de ingresos, de egresos del sector público, y para definir o redefinir prioridades”, señaló.
Desde esa perspectiva, Sequeira cuestionó que durante la discusión parlamentaria se haya planteado que algunas políticas permanentes podrían financiarse mediante herramientas discrecionales del Poder Ejecutivo en lugar de incorporarse a la Rendición.
El Ejecutivo, explicó, dispone de mecanismos como los refuerzos de rubro para atender situaciones extraordinarias o contingentes. Pero utilizar esos instrumentos para sostener políticas permanentes reduciría el papel del Parlamento en la definición y el control del presupuesto.
“¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es una buena práctica? No es una buena práctica”, afirmó.
Revisar el gasto también es decidir prioridades
Sequeira ubicó buena parte de la discusión en torno a la eficiencia del gasto público.
Según planteó, existe un punto en el que, al menos en el discurso, las distintas posiciones políticas parecen coincidir: la necesidad de que el Estado utilice mejor sus recursos. Sin embargo, sostuvo que esa coincidencia comienza a desarmarse cuando llega el momento de revisar partidas concretas.
La Rendición propone reducir gastos de funcionamiento, eliminar determinadas vacantes y reasignar recursos para reforzar áreas como seguridad, educación y políticas dirigidas a personas en situación de calle.
Para Sequeira, ese ejercicio debería ser valorado incluso por quienes reclaman habitualmente una reducción o una mayor eficiencia del gasto público.
“Yo pensé que estas reasignaciones iban a ser bienvenidas, que iban a ser mejor recibidas por parte de la oposición”, señaló.
El diputado recordó que existe una parte del presupuesto que es rígida por su propia naturaleza, como los salarios, las jubilaciones o los compromisos vinculados a la deuda pública. Pero advirtió que también existen gastos que se vuelven prácticamente intocables porque, cada vez que se intenta revisarlos, aparecen resistencias políticas.
“Todos predicamos la eficiencia, algunos predican el recorte del sector público, pero cada vez que ponemos la lupa en alguna partida, en una duplicación, en una ineficiencia, siempre hay algún actor que salta a defenderla”, afirmó.
Por eso definió a esta Rendición como “relativamente innovadora” y “atrevida”: no porque resuelva toda la discusión sobre la eficiencia estatal, sino porque comienza a revisar la propia estructura del gasto y a trasladar recursos hacia las prioridades definidas por el gobierno.
Las proyecciones económicas no son una adivinanza
Otro de los ejes de Sequeira fue el debate sobre las previsiones de crecimiento y la diferencia entre lo proyectado inicialmente y lo ocurrido finalmente en la economía.
El diputado sostuvo que los desvíos entre proyecciones y resultados no son una particularidad de este gobierno y recordó ejemplos tanto de administraciones del Frente Amplio como del gobierno de la coalición.
Durante el tercer gobierno frenteamplista, señaló, se proyectó un crecimiento acumulado para el quinquenio muy superior al que finalmente ocurrió. En el período siguiente también se estimó un crecimiento mayor al registrado.
En ambos casos, sostuvo, intervinieron acontecimientos difíciles o directamente imposibles de anticipar: cambios en el ciclo internacional de los commodities, recesiones regionales, la pandemia, la guerra en Ucrania o la sequía.
El actual gobierno enfrenta el mismo problema, agregó, en un escenario atravesado por conflictos internacionales, alteraciones en el comercio y posibles fenómenos climáticos que todavía no permiten saber con certeza cuál será su impacto.
Por eso Sequeira cuestionó que la discusión económica se transforme año tras año en una evaluación sobre quién “acertó” o “erró” una cifra.
“El objetivo de las proyecciones económicas no es adivinar el futuro”, sostuvo.
Su función, explicó, es construir escenarios a partir de determinados supuestos para permitir la planificación y la toma de decisiones. Si las condiciones cambian, también pueden cambiar los resultados.
Una deuda que atraviesa a todo el sistema político
En el tramo final de su intervención, Sequeira llevó la discusión hacia la pobreza y, particularmente, hacia la desigualdad generacional que existe en Uruguay.
El diputado señaló que el país lleva más de una década sin conseguir reducciones sostenidas de la pobreza, tanto cuando se la mide por ingresos como cuando se analizan sus dimensiones múltiples.
Y evitó convertir ese resultado en una acusación exclusiva contra un partido.
“Gobernamos todos en los últimos diez años, izquierda y derecha. Es un debe gigante que tenemos como sistema político”, afirmó.
Para Sequeira, esa deuda se vuelve todavía más evidente cuando se compara la incidencia de la pobreza entre diferentes generaciones.
Mientras la pobreza entre las personas mayores de 65 años se encuentra en torno al 6%, entre los niños alcanza niveles cercanos al 30%.
Esa enorme brecha, sostuvo, no apareció en los últimos años, sino que es el resultado de décadas de construcción de un sistema de protección social que logró proteger con mayor fuerza a algunos grupos de la población que a otros.
“Al sistema político le cuesta horrible poner en el eje de atención a las infancias. Y por eso tenemos los niveles de pobreza infantil que tenemos en este país”, advirtió.
Una política para empezar a romper el estancamiento
Desde ese diagnóstico, Sequeira defendió la nueva política de transferencias incluida en la Rendición de Cuentas.
El diputado la calificó como “la política de protección social más transformadora de los últimos 20 años en materia de protección a las infancias” y sostuvo que representa una oportunidad para comenzar a revertir un problema que lleva demasiado tiempo sin encontrar respuestas suficientes.
La medida, señaló, no alcanza por sí sola.
La pobreza infantil no se explica únicamente por los ingresos y requiere también políticas capaces de actuar sobre sus múltiples dimensiones. Pero para Sequeira, la nueva herramienta puede ser un primer movimiento para retomar una trayectoria descendente después de más de una década de estancamiento.
“No es suficiente, hay que hacer más”, afirmó.
En ese marco, cuestionó la conferencia en la que buena parte de la oposición había anunciado inicialmente que no acompañaría la Rendición en general.
Sequeira reconoció que el Frente Amplio no cuenta con mayoría propia y que las diferencias políticas forman parte natural de la vida parlamentaria. Pero sostuvo que existen determinados asuntos frente a los cuales el sistema político debería ser capaz de construir acuerdos por encima de esas diferencias.
La pobreza infantil, señaló, debería ser uno de ellos.
“Creo que hay momentos en los que el sistema político se tiene que abroquelar y levantar la mano. Hasta por una cuestión de vergüenza y de debe para con la ciudadanía”, expresó.
Para Sequeira, el debate de la Rendición termina colocando sobre la mesa una discusión más profunda que la suma de partidas presupuestales: qué gastos está dispuesto a revisar el Estado, hacia dónde decide trasladar esos recursos y cuáles son los problemas que el sistema político entiende que ya no pueden seguir esperando.
En ese sentido, sostuvo que la nueva política para la infancia constituye una oportunidad concreta para comenzar a saldar una deuda que no pertenece a un solo gobierno ni a un solo partido, sino que Uruguay arrastra desde hace décadas.
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