Libschitz presentó un proyecto para endurecer el control sobre deudores alimentarios: «El incumplimiento es una forma de violencia económica»

La diputada Margarita Libschitz presentó un proyecto de ley que busca fortalecer los mecanismos de cumplimiento de la obligación alimentaria, con el objetivo de asegurar que niñas, niños, adolescentes y personas mayores con discapacidad accedan efectivamente a la pensión que les corresponde.

La iniciativa parte de un diagnóstico contundente: las herramientas actuales no alcanzan. Pese a los avances introducidos en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en las leyes 17.957 y 18.244, el incumplimiento de las pensiones alimenticias sigue siendo elevado, lo que genera situaciones de vulnerabilidad económica en los hogares a cargo del cuidado diario.

«El incumplimiento no es solo un incumplimiento legal, es una forma de violencia económica que impacta directamente en el bienestar y el desarrollo de niñas, niños, adolescentes y personas mayores con discapacidad», expresa la exposición de motivos, que enmarca la propuesta como un asunto de justicia social y de garantía de derechos fundamentales.

Más herramientas y más coordinación

El proyecto se apoya en los principios de la Convención de los Derechos del Niño, que obliga a los Estados a asegurar el pago de la pensión alimenticia independientemente del lugar de residencia del responsable. También se apoya en el interés superior del niño y en el deber estatar de asegurar prestaciones efectivas.

Con ese marco, la iniciativa propone pasar «de un sistema meramente declarativo a uno más efectivo», que permita al Estado actuar con herramientas [agiles y coordinadas para garantizar el cumplimiento de las sentencias y convenios alimentarios.

Los ejes principales del proyecto son cuatro>

1. Base de datos pública y gratuita con la nómina de deudores alimentarios morosos, administrada por la Dirección General de Registros.
2. Inhabilitación para ingresar a espectáculos públicos pagos para quienes figuren en el registro de morosos.
3. Exigencia de estar al día para solicitar certificados del BPS y la DGI, reforzando la coherencia del sistema estatal.
4. Mayor coordinación interinstitucional, integrando registros público, organismos de control y el sistema financiero para evitar que las deudas alimentarias queden invisibles.

Según la exposición de motivos, estos instrumentos buscan consolidar «una red de control social, judicial y administrativo» que funcione como incentivo efectivo para el cumplimiento.

Cambios legales propuestos

El proyecto incorpora y modifica diversas disposiciones:

• Agrega tres nuevos artículos (8, 9 y 10) a la Ley 17.957, donde se crean la base de datos pública, la inhabilitación para espectáculos y la obligación de demostrar que no se es deudor alimentario moroso para obtener certificados de BPS y DGI.
• Sustituye el artículo 1 de la Ley 18.244, reforzando la comunicación obligatoria del registro de morosos hacia bases de datos crediticias, el Banco Central y la Auditoría Interna de la Nación.
• Establece que dicha comunicación deberá realizarse en un plazo menor a 30 días desde la inscripción judicial.

Un nuevo estándar para cumplir con los derechos de infancia

La propuesta subraya que la falta de pago de la pensión alimenticia, y especialmente su persistencia, vulnera directamente el derecho a un nivel de vida adecuado, reconocido por la Convención de los Derechos del Niño. Por eso busca que el Estado y las instituciones del sistema financiero y administrativo actúen como garantes de ese derecho.

De aprobarse, el proyecto significaría un cambio estructural en la forma en que Uruguay controla y sanciona el incumplimiento alimentario, avanzando hacia «un sistema más justo, eficaz y solidario».