Durante la discusión de los artículos vinculados a la Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial, Margarita Libschitz destacó la creación de una segunda Fiscalía en Toledo y defendió los cambios que fortalecen la actuación de los juzgados de paz frente a la violencia basada en género. Para la diputada, las medidas tienen un mismo sentido: acercar el Estado, proteger mejor a las víctimas y garantizar que el lugar donde una persona vive no determine su acceso a la justicia.
La creación de una segunda Fiscalía en Toledo fue uno de los principales avances destacados por Libschitz durante el tratamiento de la Rendición de Cuentas. La diputada sostuvo que la medida no representa simplemente la apertura de una nueva dependencia pública, sino una respuesta concreta a una demanda sostenida de la comunidad y un paso en la descentralización del acceso a la justicia.
“Estamos hablando de acercar la justicia a la gente, de fortalecer la presencia del Estado y de dar respuestas a una reivindicación que durante mucho tiempo ha planteado la comunidad de Toledo”, señaló.
Una segunda Fiscalía para Toledo
Actualmente, Toledo cuenta con una Fiscalía de turno único, cuyo equipo debe atender los asuntos durante los siete días de la semana y las 24 horas.
La creación de una segunda Fiscalía permitirá, según Libschitz, aumentar la capacidad de respuesta y mejorar las condiciones de acceso de vecinos y vecinas a un servicio público fundamental.
La legisladora destacó especialmente la importancia de la medida para un territorio que enfrenta importantes dificultades sociales y sostuvo que la descentralización debe traducirse en decisiones concretas.
“Vivir fuera de la capital departamental no puede significar tener menos acceso a los servicios del Estado ni tener que recorrer mayores distancias para acceder a derechos fundamentales”, afirmó.
Libschitz reconoció además el trabajo conjunto de la alcaldesa de Toledo, Lady Peña, del Partido Colorado, y del concejal frenteamplista Roberto Latorre, quienes trasladaron una reivindicación que, remarcó, pertenece fundamentalmente a la comunidad.
Para la diputada, la nueva Fiscalía también significa un reconocimiento institucional al crecimiento y las necesidades del municipio.
“Es una buena noticia para las víctimas que necesitan ser escuchadas, para quienes esperan una respuesta frente al delito y para quienes necesitan sentir que el Estado está cerca”, sostuvo.
Justicia más cercana también frente a la violencia de género
Libschitz vinculó la descentralización de la Fiscalía con otra modificación incluida en la Rendición: el fortalecimiento de las potestades de los jueces de paz en situaciones de violencia basada en género.
El artículo 292 establece que, luego de adoptar una medida cautelar, el juez o la jueza de paz deberá convocar a una audiencia en un plazo de 24 horas para conocer directamente la situación denunciada.
Para la diputada, la modificación puede resultar especialmente importante fuera de las capitales departamentales, donde los juzgados de paz cumplen un papel fundamental como primera puerta de acceso al sistema judicial.
La medida busca que tanto las víctimas como las personas denunciadas tengan la posibilidad de ser escuchadas rápidamente por un tribunal.
“El lugar donde una persona vive no puede determinar la calidad ni la rapidez de la justicia a la que puede acceder”, afirmó.
La diputada inscribió estas modificaciones en una preocupación más amplia por la violencia basada en género.
Libschitz recordó que, según los datos oficiales mencionados durante su intervención, se registraron once femicidios en lo que va del año, aunque advirtió que existen otros casos que todavía no han sido esclarecidos.
“Once femicidios son demasiados”, afirmó.
La legisladora sostuvo que se trata de un problema que excede ampliamente al Poder Judicial y que exige una respuesta integral del Estado y de la sociedad.
“Debemos estar discutiendo con más profundidad este tema y no pasarlo tan por alto”, reclamó.
Evitar que las armas vuelvan rápidamente al agresor
Otro de los cambios defendidos por Libschitz fue el previsto en el artículo 293, referido al retiro de armas de fuego a personas denunciadas por violencia basada en género.
La posibilidad de retirar esas armas ya existía, pero durante el tratamiento en comisión el Poder Judicial señaló dificultades en su aplicación.
Entre ellas, Libschitz mencionó la ausencia de un plazo claramente establecido, que podía provocar que un arma retirada preventivamente fuera devuelta al denunciado poco tiempo después.
La modificación busca corregir esa situación y reducir los riesgos para las víctimas.
También establece con mayor claridad qué debe ocurrir con las armas una vez retiradas: deberán ser remitidas a los servicios de Material y Armamento del Ejército, excepto cuando pertenezcan a la Policía Nacional.
Para la diputada, se trata de una modificación concreta que mejora las herramientas de protección frente a situaciones donde la existencia de un arma puede aumentar significativamente el riesgo.
“Estamos diciendo con hechos concretos que los derechos de las personas deben ser los mismos, vivan donde vivan”, concluyó.
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