Nicolás Viera: «Los controles no fallaron, fueron esquivados directamente»

15 de octubre de 2026

El senador del MPP Nicolás Viera sostuvo ante la Asamblea General que la investigadora sobre Cardama permitió reconstruir cómo se fueron dejando de lado controles y criterios técnicos hasta llegar a una contratación de más de 82 millones de euros. Apuntó la responsabilidad política de los ministros actuantes y del expresidente Luis Lacalle Pou: «Este tema no se detuvo en el despacho del ministro, subió hasta la cúspide y fue allí firmado».

Viera fue al centro de una de las preguntas que dejó planteadas la investigadora sobre Cardama, no solamente qué hizo la empresa, sino cómo fue posible que el Estado uruguayo llegara a comprometer más de 82 millones de euros en esas condiciones.

Durante la sesión de la Asamblea General en la que se presentaron las conclusiones de la comisión investigadora, Viera sostuvo que después de 17 sesiones, 24 comparecientes y más de mil páginas de trabajo quedó reconstruida una cadena de decisiones que no puede explicarse solamente por la actuación del astillero.

«El fraude, que estamos convencidos de que ocurrió, lo va a tener que investigar Fiscalía, pero a nosotros nos corresponde preguntarnos cómo fue posible llegar acá», afirmó.

Para Viera, la respuesta que surge de las comparecencias es clara, las decisiones importantes fueron subiendo en la estructura del Poder Ejecutivo.

«Cada vez que le preguntábamos a un marino, a un militar de Armada, a un técnico o a un funcionario qué había sucedido y quién había decidido, todos, absolutamente todos, señalaban para arriba», sostuvo.

Había criterios claros y en 2023 se dejaron de lado

Viera recordó que durante años la Armada había trabajado con criterios concretos para una compra de estas características. Según relató ante la Asamblea, uno de los excomandantes de la Armada explicó ante la investigadora que existían dos condiciones consideradas esenciales: que el buque no fuera un prototipo y que ya hubiera sido construido por el astillero que lo ofrecía. A esto se sumaba la utilización de una licitación pública internacional.

«En 2023 se abandonaron las tres cosas», señaló Viera. Y dejó planteada la pregunta que atravesó su intervención: «¿Quién decidió abandonarlas?».

En 2021 se había iniciado un llamado para comprar dos patrulleras. La Armada elaboró un pliego con más de 80 requisitos técnicos, se comunicó con 25 embajadas, recibió ofertas y las evaluó mediante una grilla. Ese procedimiento competitivo fue dejado sin efecto en marzo de 2023.

La decisión de terminar con el llamado también llegó a Presidencia

Viera puso especial atención en quien tomó la decisión de dejar sin efecto aquel procedimiento.

Durante su comparecencia ante la comisión, el eximinsitro Javier García reconoció que propuso la medida y que la resolución final fue firmada junto al encontces presidente Luis Lacalle Pou.

«El acto que destruyó el único procedimiento competitivo de todo este proceso no lo firmó solamente el ministro, lo firmó también el entonces presidente de la República, Luis Lacalle Pou», afirmó Viera.

Un mes después, señaló, apareció la propuesta de Cardama.

Según el testimonio del entonces jefe de Estado Mayor de la Armada Gustavo Musso, la primera propuesta de la empresa llegó a sus manos a través del comandante, quien le indicó que había sido entregada por el ministro.

«Sin llamado, sin pliego y sin procedimiento», resumió Viera.

A partir de esa oferta se invitó a otros astilleros y las exigencias técnicas se redujeron drásticamente.

«La decisión de cuál se compraba es política»

Uno de los testimonios que Viera destacó fue el del entonces comandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, quien explicó ante la comisión que la Armada había elevado una recomendación con tres astilleros. Pero la elección final no correspondía a los técnicos.

«La decisión de cuál se compraba es política», citó Viera. Y repitió la frase para marcar su importancia, «la decisión de cuál se compraba es política. Lo dice el comandante en jefe de la Armada, no lo dice el gobierno actual ni el Frente Amplio».

Ahí, para Viera, está una de las claves de la discusión, y es que los técnicos podían evaluar y recomendar, pero las decisiones que terminaron comprometiendo al Estado fueron tomadas por las autoridades políticas.

Prórrogas, pagos y contratación: decisiones de los ministros

La investigadora también reconstruyó quién tomó decisiones durante las sucesivas prórrogas otorgadas a Cardama. Viera citó al exdirector de la Secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, quien atribuyó esas decisiones al entonces ministro Armando Castaingdebat.

Lo mismo ocurrió, según su testimonio, con uno de los pagos. Mientras que la contratación original correspondió al período de Javier García al frente del Ministerio. «Tres decisiones, dos ministros con nombre y apellido», sintetizó Viera.

El contrato, por 82.270.000 euros, establecía además que las garantías debían constituirse dentro de los 45 días y que sin ellas no entraría en vigor. Sin embargo, Cardama pasó alrededor de once meses intentando presentar distintos instrumentos sin lograr constituir una garantía válida.

Hubo un camino para terminar el contrato y no se tomó

Viera recordó además que el Ministerio había contratado al estudio jurídico Del Piazzo para asesorarse durante el proceso. En determinado momento, el estudio elaboró un borrador de comunicación para dar por terminado el contrato, ese documento fue redactado y entregado, pero nunca se envió.

Según recordó Viera, el propio estudio declaró posteriormente que Defensas actuó pese a su asesoramiento concreto. Cuando Castaingdebat fue consultado en comisión sobre el fundamento de algunas de sus decisiones, respondió que había utilizado «el sentido común».

Para Viera, ese dato importa porque muestra que las herramientas administrativas y jurídicas estaban disponibles, pero hubo decisiones políticas de seguir adelante.

La responsabilidad política no termina en los ministros

Sobre el final de su exposición, Viera fue cuidadoso en distinguir lo que la investigación permite afirmar de aquello que no está probado.

«No vengo a decir que el Presidente eligió el astillero Cardama, ni que conoció la garantía falsa de Eurocommerce, ni que aprobó las prórrogas verbales, ni que supo del acta notarial adulterada», aclaró.

Pero para el senador eso no elimina la responsabilidad política del entonces presidente. Viera señaló que Lacalle Pou firmó la resolución que dejó sin efecto el procedimiento competitivo y recordó que, según declaraciones recogidas por la comisión, estaba informado del desarrollo de la compra.

«El presidente firmó la adjudicación, intervino personalmente en la decisión de avanzar, y estaba informado de todo lo que sucedía en el Ministerio de Defensa Nacional», afirmó. También recordó una definición del propio Javier García durante la investigadora: «Los responsables políticos son el Presidente de la República y los ministros».

«Este tema subió hasta la cúspide»

Para el senador, lo ocurrido no puede explicarse como un simple fallo de los mecanismos de control. «Los controles no fallaron, fueron esquivados directamente», afirmó.

Y agregó que ocurrió «uno por uno, por decisión política, en cada nivel de la pirámide».

La conslusión fue que «este tema no se detuvo en el despacho del ministro, subió hasta la cúspide y fue allí firmado».

Por eso, mientras la Fiscalía deberá determinar si existen responsabilidades penales, Viera sostuvo que la responsabilidad que corresponde discutir a la Asamblea General sí puede establecerse políticamente.

«Los responsables políticos son los ministros actuantes y el expresidente de la República», concluyó.